Asociación critica a la alcaldía tras poner fin a contrato con jurista
VALPARAÍSO. En paralelo, la municipalidad confirmó el pago de $ 10 millones a Manríquez por las "gestiones realizadas".
Continúa escalando la polémica que envuelve a la alcaldía de Valparaíso, luego que se diera a conocer que contrataron al reconocido abogado porteño, Juan Carlos Manríquez -quien había defendido al exalcalde Jorge Castro (UDI) en su acusación por notable abandono de deberes- para representar al funcionario municipal Felipe Cornejo González, quien en su rol como fiscal de un sumario mantiene una querella en su contra por prevaricación administrativa y falsificación de instrumento público.
La acción judicial fue interpuesta en febrero por la extrabajadora Ingryd Garretón, quien denunció que fue removida injustamente de su cargo tras ser acusada de recibir por años doble remuneración, tanto de parte del municipio como de la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval).
Pero independiente de aquello, la mayor polémica se generó a partir del acuerdo contractual suscrito entre la administración porteña y Manríquez, el que este miércoles fue dejado sin efecto tras los cuestionamientos recibidos.
"Se informa que la municipalidad y el abogado, por mutuo acuerdo, finalizaron su relación contractual", señaló el escueto comunicado enviado por la alcaldía. El problema, sin embargo, fue que el texto no hacía referencia a qué pasaría con los $15,7 millones que se acordó cancelarle al jurista, de los cuales un significativo monto ya habría sido pagado.
Millonario pago
"¿Cuál es la idea? ¿Que un abogado no experto defienda a nuestro socio ya habiendo cancelado el 70% del costo del contrato? Sería totalmente discriminatorio y con la intención de un resultado poco probable a favor del funcionario", fue parte de lo que señaló la Asociación de Directores, Profesionales, Técnicos y Jefes (Adiproteje) de la municipalidad de Valparaíso, la que cuestionó que se dejara sin efecto la contratación de Manríquez al considerar que el jurista "posee una experiencia probada y no existe en este municipio un abogado con dicha experticia".
Según el decreto N° 1.337, de los $15,7 millones que costaba la asesoría, $9,4 iban a ser cancelados al comienzo de la investigación penal y $6,3 en caso de ganar la demanda.
Al respecto, durante la tarde de ayer el municipio confirmó a este Diario el pago de $10 millones "correspondientes a las gestiones realizadas".
Piden mantener acuerdo
Junto con criticar el término del contrato, en el mismo comunicado la asociación acusó que el funcionario querellado se encontraba en una total "desprotección" judicial al quedar sin efecto el acuerdo, recordando incluso que fue el propio alcalde Jorge Sharp quien determinó que el funcionario asumiera como fiscal administrativo del sumario.
"Felipe Cornejo no ha recibido permanentemente el respaldo de la autoridad municipal como se hubiera deseado, y es así que en la actualidad se le quiere exponer a la posibilidad de costear de su patrimonio un abogado que lo defienda de la querella interpuesta por una destituida ex funcionaria", cuestionaron desde la Adiproteje, pese a que el propio Manríquez aseguró que seguiría defendiendo al trabajador de forma privada, lo que fue ratificado por la alcaldía.
"El escenario en el que se ve expuesto siembra un precedente a futuro, en el sentido que cualquier colega se sentirá en una posición desmejorada cuando el alcalde lo designe fiscal. Por eso esperamos que reconsideren su postura y mantengan el contrato, que ya está casi pagado en su totalidad", agregaron desde la asociación.
En cuanto al avance de la investigación, el Juzgado de Garantía de Valparaíso fijó para el próximo 7 de julio una audiencia donde se discutirá el sobreseimiento definitivo del director jurídico del municipio, Nicolás Guzmán, quien también fue incluido en la querella de la exfuncionaria, tras ratificar la medida de destitución que arrojó el sumario interno.
"Felipe Cornejo no ha recibido permanentemente el respaldo de la autoridad municipal como se hubiera deseado".
Asociación de Directores, Profesionales, Técnicos y Jefes
$ 15,7 millones es el monto que el municipio acordó pagarle al abogado Manríquez por la defensa del funcionario.