La aerolínea Latam presentó una solicitud para reorganizarse bajo la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, que, según el CEO de Latam Airlines, Roberto Alvo, significa acogerse a "un marco legal que está diseñado para permitir a las compañías pausar, reorganizar sus deudas, adaptarse más rápidamente al nuevo entorno, redimensionar más eficientemente al grupo y asegurar nuevas fuentes de financiación".

A través de un hecho esencial comunicado a la Comisión para el Mercado Financiero de Chile (CMF), la empresa detalló también que para este proceso cuentan con el "apoyo de las familias Cueto y Amaro, y Qatar Airways, dos de los mayores accionistas del grupo".

En el documento, la compañía argumenta a que "desde el comienzo de la crisis que afecta a la industria aérea como consecuencia de la pandemia covid 19 (...), para Latam Airlines ha significado la paralización de más del 95% de sus operaciones". También aclara que "el Procedimiento Capítulo 11, que otorga una suspensión automática de ejecución por, a lo menos, 180 días, representa la mejor oportunidad de la Compañía para asegurar su estabilidad y cumplir sus obligaciones con sus contrapartes".

Tras conocer la noticia, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió en entrevista con Radio Cooperativa a la posibilidad de que el Estado pueda ir en ayuda de la empresa: "Hay etapas previas antes de definir el mecanismo (de ayuda), porque creo que acá lo primero es decidir como país y no sólo como Gobierno, si es que vamos a concurrir con algún tipo de apoyo para facilitar este proceso de reestructuración de Latam". Agregó que el Gobierno está tratando de "evaluar la conveniencia y oportunidad para contribuir al éxito del proceso de reorganización".

El titular de Hacienda indicó además que Latam "es una empresa estratégica para nuestro funcionamiento no sólo por su valor a nivel a logístico en términos de los desplazamiento dentro de Chile a lugares donde otros no llegan, sino que también en términos del transporte de productos, la red internacional, transporte de pasajeros, de carga, sector minero, en fin".

También es importante porque "tiene más de 2.000 proveedores y muchos de ellos son pymes".

En relación al impacto a nivel de empleo, Briones recalcó que la compañía genera 10 mil empleos directos y 200 mil indirectos, y que importantes sectores, como el agrícola, industrial, minero y turístico, dependen de los servicios de la aerolínea.

Independiente de si se concreta una eventual ayuda por parte del Gobierno, el ministro Briones remarcó que "es fundamental entender que cualquier apoyo a una compañía no es nunca un apoyo a los dueños, es un apoyo a la empresa, a sus trabajadores, a sus proveedores, a la viabilidad de la empresa".

Otras empresas

Consultado por si existen otras grandes empresas en el país en una situación crítica como la de Latam, Briones respondió que desde Hacienda "hemos hecho un barrido exhaustivo de todas las grandes empresas, porque hemos visto que nadie es inmune al shock que esta crisis ha significado (...) Cuando hablamos del mundo de las megaempresas, la verdad no hemos detectado casos que estén en una situación extrema similar como la de Latam".

El ministro de Economía, Lucas Palacios, sostuvo que "es importante que Latam y todas las empresas, medianas, pequeñas y micro, puedan superar esta crisis. Estamos dispuestos a colaborar en todo lo que esté en nuestras manos para poder ayudar a esta empresa y a cualquiera que esté en situación de problema".

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, entregó ayer un nuevo balance sobre la situación del empleo en el país en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus y detalló que entre el 4 y el 22 de mayo, 98.836 personas han solicitado su seguro de cesantía, totalizando 610 mil en 2020, cifra que es 4,7% mayor al mismo periodo de 2019.

Al mismo tiempo, la cifra de casi 100 mil acogidos en mayo, representa un salto del 37% respecto a la semana anterior, que de acuerdo a la medición entre el 4 y el 15 del mismo mes, registraba 72.024 solicitudes.

De acuerdo a la titular del Trabajo, estas son "personas que han sido desvinculadas, que no se han visto acogidas a la Ley de Protección del Empleo y que estando desvinculadas están solicitando las prestaciones del Seguro de Cesantía".

Las cifras de mayo de 2020 representan un aumento del 11% en comparación a la misma fecha del año anterior, lo que a juicio de Zaldívar "claramente es una señal muy preocupante".

Uso de la normativa

La ministra señaló también que "las personas que están quedando desempleadas no están pudiendo encontrar un nuevo trabajo de manera acotada en el tiempo y esto entonces está llevando a que tengan que solicitar prestaciones del Seguro de Cesantía de manera muchísimo mayor de lo que ocurría en el año anterior".

Por otro lado, Zaldívar dio cuenta de las cifras referentes a la solicitudes de empresas para acogerse a la Ley de Protección del Empleo, detallando que 92.204 empresas han hecho uso de la normativa desde que entró en vigencia hace dos meses, lo que contempla a 569.107 trabajadores. En relación a los sectores más afectados, el comercio al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos automotores y motocicletas, son los con mayor número de trabajadores acogidos a la ley, con un total de 132 mil personas, equivalente al 23,8% de todas las solicitudes.

Le sigue actividad de alojamiento y de servicio de comidas, con 108 mil (20%), y construcción, con 96 mil trabajadores (17,3%). El 92% de las empresas que han hecho uso de la ley siguen siendo pequeñas y micro (entre 1 y 50 trabajadores), un 3,4% empresas medianas (entre 50 y 200 trabajadores), y un 1,3% grandes empresas (con más de 200 trabajadores).

Asimismo, el 67,7% de las solicitudes de suspensión de contrato provienen de la Región Metropolitana, es decir, un total de 375.463.