Katherine Escalona M.

El haber reiniciado este jueves el proceso de juicio oral de forma presencial en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Viña del Mar es una situación que fue criticada por el presidente nacional de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, quien argumentó que no se deben realizar este tipo de audiencias porque "no estarían dadas las condiciones sanitarias por pandemia", y por eso presentará un recurso a la Corte porteña.

Uribe aseveró que, en la audiencia, no estaban dadas todas las garantías para la protección de la salud de los intervinientes porque "por ejemplo, el Tribunal ordenó al Ministerio Público a comparecer personalmente, no le permitió comparecer por videoconferencia y, además, en algún minuto, con el objeto de realizar la diligencia del reconocimiento, se dispuso que todo el mundo se sacará las mascarillas".

A esto, precisó el persecutor, se suma que "a propósito de la diligencia de declaración detrás de un biombo, se obligó a la Fiscalía y Defensoría a interrogar juntos, a menos de medio metro de distancia, el uno con el otro". Sin embargo, pese a estas acciones, Uribe reconoció que "por regla general, sí estuvieron separados más de dos metros y hubo sanitización, pero hay momento donde se acercan y es inevitable".

Los protocolos de sanitización y precaución para evitar un contagio por coronavirus, argumentó el persecutor, "no están validados por nadie. No hay un estudio técnico por la pandemia porque no están definidos. Por ejemplo, se dice que se usaban guantes, lo que está súper cuestionado".

Uribe argumentó que, tras esto, "la preocupación es por la salud de todos los intervinientes" y, por eso, "creemos en el peor momento de la crisis sanitaria, donde está disparado el nivel de contagios, tratar de tomar una presencialidad con protocolos cuya eficacia técnica no está acreditada y no se respetan, es una pésima idea. Entendemos que han habido juicios orales en otras localidades, especialmente en Valparaíso, pero quien lo adoptó como una política es Viña de Mar".

El persecutor dijo que "como Asociación Nacional de Fiscales estimamos que se trata de una resolución apresurada y absolutamente contraproducente a la realidad sanitaria del país y por eso estamos definiendo una presentación a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, a más tardar el lunes".

Oposición de la defensa

La fiscal regional, Claudia Perivancich, coincide con la preocupación de la Asociación Nacional de Fiscales y explicó que "como Fiscalía quisiéramos instar a que no fuesen presenciales los juicios, sino que cada quien estuviera remotamente compareciendo. Se puedan hacer juicios orales, sobre todo los que sean de más sencilla resolución".

Afirmó la persecutora agregó que, pese a que la Corte Suprema instruyó el jueves a que todos los tribunales sigan en teletrabajo y dispongan planes, "nos encontramos con el problema de que la defensa quiere algo totalmente inverso, que es que todos se encuentren presencialmente en la audiencia".

Perivancich aclaró que "sería lo más seguro que nadie fuese al Tribunal, pero en la medida de que aquello es de difícil materialización producto a que la defensa dice que no puede ser que víctimas, testigos y funcionarios policiales no vayan al tribunal, porque tenemos que acreditar su identidad, etc. En ese caso, y ahí tengo una diferencia quizás con lo que plantea la Asociación de Fiscales, es que si el Ministerio Público va a llevar a una víctima que va a estar obligada a ir al tribunal porque así se resolvió, el fiscal tendrá que estar también en esa audiencia, porque me parece lo más ajustado al apoyo".

Tribunal y defensoría

Sobre la situación, la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, coordinadora de la Reforma Procesal Penal en Valparaíso, aclaró que "se debe tener en cuenta que no se trata de volver a la normalidad".

La magistrada explicó que "hace dos semanas se coordinó entre la Fiscalía Regional y la Defensoría Regional, que tratándose de personas privadas de libertad, adolescentes y delitos de Violencia Intrafamiliar, se procuraría a realizar los juicios; así fue que se adoptaron algunos acuerdos, entre ellos que el Ministerio Público podría estar por vía remota, que era su preferencia, no así los jueces, defensores, testigos y peritos y, en estos casos, se adoptarían todas las medidas sanitarias".

Donoso argumentó que "la Defensoría se ha opuesto a la realización de juicios orales no presenciales por estimar que, la vulneración al principio de inmediación, trasunta en una transgresión a las garantías del debido proceso que deben cautelarse, especialmente respecto del imputado" y que tiene que ver en cómo se desarrolla el proceso de pruebas y declaraciones.

Donoso, además, dijo que se tomaron todas las medidas de seguridad en Viña del Mar, donde "la distancia entre todos los presentes excede el mínimo que prevé la autoridad sanitaria; el imputado es ubicado detrás del vidrio de la sala, con escudo facial, mascarilla y capa que lo cubre; se ha dispuesto un escritorio anexo al estrado para que los jueces conserven, entre ellos, la distancia; cada vez que un testigo o perito ha declarado, se sanitiza el podio, todos usan mascarillas y existe alcohol gel para los usuarios y funcionarios".

En tanto, el defensor regional, Claudio Pérez, dijo que "la posición de la Defensoría Penal Pública, no solamente a nivel de Valparaíso sino que también a nacional, es que los juicios orales deben ser de carácter presencial porque sólo de esta forma se logra el debido respeto a los derechos de las personas y las garantías individuales".

En la región, precisó, "y gracias a la gestión de la ministra Silvana Donoso (...), logramos concordar, junto al Ministerio Público, la posibilidad de comenzar a hacer juicios presenciales. En la región se alcanzaron a hacer cinco juicios orales presenciales en los Tribunales Orales, y de muy buena forma".

"Estimamos que se trata de una resolución apresurada y absolutamente contraproducente a la realidad sanitaria del país".

Claudio Uribe

Presidente nacional de fiscales

A casi nueve años de la tragedia del Casa 212 de la Fuerza Aérea (FACh) en el archipiélago Juan Fernández, la Corte Suprema condenó al Estado a pagar $ 1.286 millones a la viuda e hijos de Joaquín Arnolds, quien al momento del accidente se desempeñaba como gerente general de la ONG Desafío Levantemos Chile.

El fatal suceso ocurrió el 2 de septiembre de 2011, cuando la aeronave, al aproximarse a la pista del Aeródromo Robinson Crusoe, perdió sustentación y cayó, muriendo las 21 personas que iban a bordo, entre pasajeros y tripulación.

"Al ingresar a dicho canal a baja altura, la cizalladura del viento disminuyó la capacidad de maniobra, lo cual derivó en una pérdida del control de la nave, a alta velocidad y baja altitud sobre la superficie del mar, con el consecuente siniestro en el cual fallecieron todos los ocupantes del avión", señala la resolución.

Largo proceso

Si bien en julio de 2017 el 30° Juzgado Civil de Santiago ordenó al Fisco a pagar $ 1.000 millones, la causa llegó hasta la Corte de Apelaciones de Santiago, que en marzo de 2019 condenó al Fisco a cancelar una indemnización total de $750 millones.

Sin embargo, las apelaciones elevaron la causa hasta el máximo tribunal del país, que finalmente, a través de la Tercera Sala, conformada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval y Ángela Vivanco, falló ayer a favor de la viuda, Macarena Schuster, y sus hijos.

"Sin duda que es gratificante escuchar esta noticia de la sentencia del máximo tribunal, por cuanto efectivamente ha sido un trabajo de muchos años, de mucho sufrimiento de las familias", dijo a Cooperativa el abogado que representa a otras seis familias afectadas por la tragedia, Maximiliano Delgado.

Agregó que "si bien es cierto que esta es la primera causa, que iba más adelantada y que llegó a la Corte Suprema, sin duda esto es un precedente que se genera para el resto de las causas, que son aproximadamente 18 demandas más, que están en este momento en la Corte de Apelaciones de Valparaíso".