Paolo Navia S.

Si bien durante el último año la toma ilegal de terrenos fue una constante en la región, a raíz del brote del coronavirus dicho fenómeno ha aumentado de manera exponencial debido a la crisis económica que se ha generado por la pandemia.

Reflejo de aquello son los diversos asentamientos ilegales que durante las últimas semanas se han registrado en Valparaíso, siendo el sector de la Quebrada La Tortuga, en Playa Ancha, el mejor ejemplo de la toma ilegal de un terreno en plena crisis sanitaria, en este caso un área verde de propiedad de la Municipalidad de Valparaíso.

La apropiación ilegítima fue advertida y denunciada por vecinos del sector, ante el temor de un posible brote de covid-19 al no contar con recursos básicos como agua potable o alcantarillado, lo que derivó en que el municipio porteño iniciara un plan de acción que incluye el desalojo de las familias, las cuales ya fueron notificadas, teniendo cinco días para presentar algún tipo de acción para evitar su salida de los terrenos en Playa Ancha.

"Una vez recibida la denuncia por parte de los vecinos, el municipio concurrió al lugar con el objetivo de verificar la situación para poder determinar la propiedad del terreno y definir el trabajo que se iba a realizar con las familias que estaban en el lugar de la toma", precisó Claudio Opazo, administrador del municipio de Valparaíso, quien agregó que, como medida paralela, se "catastró a las familias para ir trabajando en el desalojo y buscando alguna solución para las familias. Respecto a ese proceso, una vez que tuvimos todos los antecedentes se notificó esta situación a la gobernación provincial, con el objetivo de poder solicitar la restitución del bien nacional de uso público, en este caso un área verde bajo la administración municipal".

En este punto, Opazo agregó que "el día lunes, con el texto de la resolución, se acudió al terreno para notificar a las familias como señala la norma. Ahora ellos tienen cinco días para poder realizar alguna acción, y si las personas no han salido de los terrenos, tendremos que efectuar lo que nos ha señalado la gobernación, que es la restitución del bien nacional de uso público".

La problemática toma mayor relevancia durante el periodo de crisis sanitaria. Así lo precisó el concejal Marcelo Barraza (DC), quien comentó que "en estos momentos se debe priorizar la salud de todos los porteños, pero también se deben generar soluciones para las familias afectadas, pues al vivir en terrenos sin servicios básicos están en peligro de contagio del coronavirus".

Aumento de tomas

Por su parte, quien también se refirió al tema fue el director regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), Tomás Ochoa, quien precisó que, desde dicho organismo, se inició un trabajo para recuperar los terrenos tomados de manera ilegal.

"A partir de octubre del año pasado hemos detectado un aumento importante de ocupaciones ilegales de terrenos de Serviu, fiscales y también privados, y por lo tanto, hemos iniciado un proceso para recuperar los terrenos de Serviu, los cuales en muchos casos ya están destinados a comités de viviendas que vienen trabajando hace muchos años", declaró Ochoa, quien puntualizó que la principal cantidad de terrenos tomados se concentran en las comunas de Valparaíso, San Antonio y Quilpué.

A su vez, y en torno a las familias que actualmente habitan terrenos de manera ilegal, Ochoa precisó que "nosotros tenemos una política habitacional que puede dar una solución mucho más digna que tomarse un terreno, particularmente hoy en día en tiempos de pandemia, donde es sumamente necesario contar con agua y alcantarillado, y por tanto, esto se puede transformar en un foco de contagio del virus y queremos evitar eso".

El gobernador de Valparaíso, Gonzalo Le Dantec, explicó que "cuando se trata del uso ilegal de terreno de bienes públicos, la fórmula es agotar la vía administrativa solicitando el desalojo, y en caso de no lograrlo, poder acceder al apoyo del uso de la fuerza pública".

"Se catastró a las familias para ir paralelamente trabajando en el desalojo y buscando alguna solución".

Claudio Opazo, Administrador municipal, de Valparaíso

"A partir de octubre del año pasado hemos detectado un aumento importante de ocupaciones ilegales en la región".

Tomás Ochoa, Director regional del Serviu

El ministro (s) de Obras de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, dio a conocer ayer en San Felipe, junto al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, el plan nacional de ayuda para el sector APR (Sistema de Agua Potable Rural), el cual beneficiará a más 680 mil familias con un aporte total cercano a los $ 4.800 millones durante un periodo de tres meses, esto en el marco de la emergencia sanitaria y económica que vive el país.

"Sabemos que miles de familias de Chile viven en el mundo rural y ellas dependen de un sistema de agua potable rural. Estos sistemas hoy, por la situación que vive nuestro país, requieren apoyo económico en esta pandemia tan dura, junto a una crisis social y económica, por eso hoy estamos lanzando este programa de apoyo financiero para que no tengan más problemas y puedan asegurar el abastecimiento de agua potable, tan importante para la salud y la vida", anunció Leturia.

La autoridad del MOP destacó que "se trata de un apoyo que va directamente a la administración de estos sistemas de agua potable rural y lo que se resguarda es que la capacidad económica de estos vitales sistemas no se vea disminuida por la situación que como país estamos viviendo. Este es un tremendo esfuerzo del Gobierno, en total son casi 4.800 millones en un plazo de tres meses, pero sabemos que la situación que vive el país amerita estos esfuerzos gigantes del Gobierno".

Cubre déficit de pagos

El plan nacional de ayuda a 2.836 comités, cooperativas u otras formas de organización de sistemas de agua potable rural entre las regiones de Arica y Magallanes, contempla la entrega de un bono mensual para cubrir el déficit originado por el no pago de la cuenta de los usuarios de estos sistemas de agua potable rural.

Para acceder al beneficio, cada APR deberá postular completando un formulario de inscripción, con la posibilidad de renovarlo al mes siguiente, presentando los antecedentes del déficit producido por no pago de los usuarios. La postulación será a través de la DOH Regional en forma presencial o vía correo electrónico. Para el caso de los APR que actualmente están registrados en la asesoría permanente de la DOH se realizará una postulación simplificada, mientras que los sistemas no registrados deberán completar los antecedentes que se señalan en el formulario de postulación.

En ambos casos se contempla la posibilidad de enviar el formulario y los antecedentes vía correo electrónico. ­Posteriormente, una vez que las organizaciones beneficiarias hayan recibido su primer pago, deberán concurrir a retirar su segundo pago, presentando los antecedentes requeridos.

Toda la información necesaria, incluyendo el formulario de postulación, se podrá encontrar en sitio web del Ministerio de Obras Públicas, mediante un banner especial para el proceso.

El Laboratorio Clínico del Hospital de Quilpué implementó técnica que procesa el examen PCR para covid-19, y esta semana recibió la certificación por parte del ISP para realizar este proceso. La certificación indica que el laboratorio podrá informar los resultados obtenidos, los cuales deben ser subidos a la plataforma Minsal para realizar la vigilancia epidemiológica. El jefe de laboratorio, Adrián Goecke, dijo que "la estrategia de montar la técnica para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, especialmente a nuestros pacientes, ya que hasta hace poquito estábamos derivando las muestras hacia varios laboratorios".

de mascarillas

al Sename

Para colaborar con la protección y el resguardo de la salud de niños, niñas y jóvenes de Sename, la Fundación Piensa donó 500 mascarillas al Sename regional, que serán distribuidas en diversas residencias provinciales del servicio. Fue recibida por el director regional de Sename, Rachid Alay, de manos del Director Ejecutivo de Fundación Piensa, Juan Pablo Rodríguez, quien manifestó que la idea es ir cubriendo necesidades de implementación de diversas entidades públicas contribuyendo como sociedad civil con el trabajo que realiza el Estado.