Un millón 100 mil familias chilenas se abastecen mediante el sistema de Agua Potable Rural (APR), personas cuyas necesidades hídricas básicas son cubiertas con una modalidad que acusa muchas fallas.

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, en declaraciones a este Diario, reconoce que en ese sistema, el único en Chile en que el sector agua es cubierto por el Estado, "hemos fallado y estamos al debe".

Las fallas reconocidas por Walker afectan la vida de miles de personas que residen en sectores rurales. Reciben para sus necesidades 50 litros diarios de agua, cantidad insuficiente en estos tiempos en que se insiste en el aseo, en particular en el lavado de manos, para la prevención del covid-19.

El agua, en muchos casos, llega hasta viviendas distantes de localidades pobladas mediante camiones aljibe. Ese reparto no da seguridad por fallas de los vehículos, por las condiciones sanitarias del líquido entregado y el por alto costo de los fletes. En otras ocasiones los APR se abastecen con agua de pozo que se eleva y se distribuye por redes hasta puntos cercanos. Pero los pozos se secan, las bombas fallan y la demanda aumenta.

Anuncia el ministro un programa de inversión de $360 mil millones a cinco años para reparar y ampliar el sistema. Afirma que "no es un problema de la cantidad de agua, es un problema de distribución".

Y así llegamos al polémico tema del balance hídrico de las cuencas, en que la producción agrícola -paltos concretamente en la Provincia de Petorca- dejaría sin agua a los sistemas para el consumo humano y para la pequeña agricultura y ganadería.

La promesa del ministro es "construir ese balance hídrico por cuencas… nos hemos propuesto tener 10 balances por año".

Se deben considerar en esas avaluaciones, que deberían ser resolutivas, cuestiones técnicas y jurídicas. En lo técnico, con recursos, se puede avanzar rápido.

El problema está en lo jurídico, en una legislación con raíces en 1855 y en 1981 en que entró en vigencia el Código de Aguas, que las define como bienes nacionales de uso público. Sin embargo, de acuerdo a la Constitución de 1980, se reconoce el derecho a la propiedad de las aguas y la posibilidad solicitar esos derechos y venderlos. Desde 1981 se han hecho varias reformas a la normativa sobre estos "bienes nacionales de uso público", pero no se ha logrado un balance que realmente equilibre los usos agrícola, industrial, minero y humano que se da a las aguas.

Llegamos así a la situación actual, donde esos recursos escasos debido a la sequía, falta embalses y canalización, no logran cubrir las necesidades del consumo humano rural y, quizás en el futuro, el abastecimiento urbano. Como bien dice Walker, estamos al debe en recursos, pero también en una legislación que ponga claramente a las personas en la primera línea.

El año 2019, la Universidad Johns Hopkins publicó un Índice Sanitario en el que se clasificaba a los países según su capacidad de respuesta a una pandemia. Las posiciones 1 y 2 las ocuparon los Estados Unidos y Gran Bretaña, mientras que Alemania sólo ocupaba la regular posición 14. Los hechos, sin embargo, han mostrado otra realidad.

Comparada con Europa y EEUU. -y también con Chile- se puede decir que Alemania enfrentó exitosamente la pandemia. La pregunta es ¿cómo lo logró? El punto es relevante toda vez que Alemania y Chile implementaron de manera paralela las medidas de confinamiento. Chile incluso cerró antes sus escuelas. Al cabo de dos meses los resultados no pueden ser más dispares. Alemania (con 82 millones de habitantes) exhibe cifras que ya se querría Chile (460 contagios y 27 muertes el 22 de mayo según la OMS, versus 4.276 nuevos infectados y 41 muertes en Chile). Esto ha permitido la apertura gradual del comercio y la economía, el reinicio de la Bundesliga y, en general, la reactivación de la vida social.

En Alemania se han respetado -parece obvio- las opiniones de los expertos y epidemiólogos y primó un criterio político de unidad. Tanto la coalición de gobierno (socialdemócratas y democratacristianos) como los partidos de oposición cerraron filas en torno al desafío común y renunciaron a la pequeñez política.

Con todo, y pese a las estrictas medidas sanitarias generales, se implementó un ataque específico de la pandemia de acuerdo a criterios locales (algo que también se ha hecho en Chile). Así en Bavaria -donde el virus se propagaba exponencialmente- se implementó la cuarentena total, mientras que en el resto de los estados federales no. Lo anterior fue acompañado por el estilo de gobierno pragmático y basado en consensos de Angela Merkel, que además permitió sortear las tensiones habituales entre los distintos estados federales.

Otro elemento es el muy alto estándar de Alemania en el frente epidemiológico y de infraestructura hospitalaria. Por último, y si bien es prematuro afirmarlo de modo concluyente, parece que la tecnología también ayudó a la contención de la propagación. La Covid-app, desarrollada con el apoyo del Estado, alerta de modo anónimo respecto del contacto con personas contagiadas. Con todo, y si bien es difícil probarlo, queda la sensación de que el aplanamiento y caída de la curva de contagios que sí logró Alemania y no logró Chile, se explican -culturalmente- porque en Alemania los ciudadanos siguieron meticulosamente las normas de confinamiento.

En Chile, en cambio, la cantidad de detenidos por no respetar el toque de queda, etc., es abrumadora. Así y todo, la pandemia actual nos confronta con un enigma independiente de la latitud: y es que no tenemos el control de todo tal como presumíamos tener. Ese también es un desafío cognitivo.

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