Una crítica situación están enfrentando las universidades a raíz de la baja en las matrículas, la deserción de alumnos y las inversiones que han debido realizar para implementar las clases a distancia, tema que fue tratado en la reciente reunión del Consejo de Rectores (CRUCh), este jueves, donde se expuso un informe que proyecta un déficit global de más de 160 mil millones de pesos sólo para el primer semestre, por lo que el rector de la U. de Talca, Diego Durán, consultado sobre la posibilidad de que algunos planteles se declaren en quiebra, señaló que es algo que no se puede descartar.

El rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Claudio Elórtegui, explicó que "si uno considera los menores ingresos por aranceles del primer semestre del 2020; los menores ingresos por aranceles del segundo semestre del 2019, que están asociados a la crisis social -porque hubo estudiantes que no pagaron o congelaron los estudios-; los mayores gastos presupuestarios asociados este año a todo el tema de la conectividad y apoyo a estudiantes; y también el tema de que la gratuidad está limitada a la duración de la carrera y los que se exceden pierden la gratuidad, todo eso significa para todas las universidades del Consejo de Rectores un déficit este año de casi 161 mil millones de pesos".

"es muy preocupante"

Dentro de ese cálculo ya están contabilizados los ahorros en gastos debido a que las universidades están cerradas, por lo que la situación "es muy preocupante, porque afecta la situación financiera presupuestaria de las universidades y amenaza su estabilidad institucional. A raíz de esto, las universidades hemos tomado medidas internas que tienen que ver con reasignaciones presupuestarias que consisten, fundamentalmente, en reducir gastos para enfrentar esta situación, pero eso no es suficiente para abordar esta crisis, porque la suma es muy elevada", subrayó Elórtegui.

En lo que respecta al plantel que dirige, Elórtegui detalló que "hemos tomado medidas de ajuste muy severas en términos de reducciones de gastos desde la administración central, llámese rectoría, vicerrectoría; también a nivel de las escuelas e institutos, pero con el criterio de poner como prioridad a las personas, entonces, hasta ahora, no se ha despedido gente y no se han bajado las remuneraciones, ni de académicos ni de funcionarios".

La reducción de gastos, precisó el rector, además implica "postergar proyectos, inversiones, postergar la contratación de académicos, y de esa manera se ha ido afrontando la situación".

La proyección del déficit en la PUCV es de casi 4 mil millones de pesos, indicó.

"importante esfuerzo"

Por su parte, el rector de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM), Darcy Fuenzalida, señaló que dicho plantel "ha debido realizar un importante esfuerzo económico para mantener la educación online durante el estado de emergencia, generándose un gasto adicional de más de 525 millones de pesos, durante el primer semestre de este año".

Fuenzalida expuso que "brindar la educación en modalidad online ha significado para la universidad entregar becas de conectividad móvil para aquellos estudiantes que no contaban con acceso a internet; equipos para facilitar a aquellos estudiantes que no cuenten con computadores; becas solidarias para estudiantes que requieran apoyo socioeconómico; capacitación a profesores, adquisición de programas y equipos", entre otros ítems.

Ante tal escenario, la USM "ha tenido un impacto financiero muy fuerte y nuestros ingresos se han visto afectados por la disminución de estudiantes, las restricciones de recursos del Estado y la extensión de la pandemia, sometiéndonos a una presión muy grande en cuanto al ajuste presupuestario. Los menores ingresos percibidos por arancel y matrícula a la fecha durante el periodo académico 2020, se cifran en 3.600 millones", agregó el rector, precisando que "ya hemos tenido que realizar ajustes presupuestarios como postergar inversiones y detener las contrataciones".

Entrega de equipos

En tanto, el rector de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), Patricio Sanhueza, detalló que la pandemia "implicó la reorientación de las unidades de apoyo a la docencia, cursos de perfeccionamiento, tutoriales y capacitaciones específicas para profesores y estudiantes, con el fin de asumir de mejor manera la transformación desde lo presencial a lo virtual. Por otra parte, ha sido necesario abocarse a determinar los estudiantes que requieren apoyos en conectividad y en equipos computacionales. Para lo anterior se desplegó un conjunto de autoridades, funcionarios y académicos para hacer catastros, adquirir equipos y distribuirlos en las ciudades, en el mundo rural de la región y en otros territorios del país".

Pero no sólo las universidades del CRUCh han sufrido los embates de la crisis económica asociada a la pandemia. El rector de la Universidad Andrés Bello (UNAB), Julio Castro, detalló que "a pesar de todas las ayudas que ha entregado la universidad, hemos visto un aumento significativo en los retiros respecto a esta época del año pasado, también un retraso en el pago de las mensualidades y un aumento en el nivel de morosidad, en línea con lo que está pasando en el país. Lo anterior nos tiene muy preocupados y es por eso que hemos profundizado y extendido una serie de medidas de apoyo para aquellos estudiantes que están en riesgo y que más lo necesitan. Estamos prontos a anunciar un nuevo paquete de ayuda que nos permita entregar mayor tranquilidad a nuestros estudiantes y sus familias de cara al segundo semestre académico".

Becas de conectividad

En ese sentido, precisó que "la universidad ha focalizado y seguirá focalizando la ayuda en aquellos alumnos que se han visto directamente impactados por la crisis y, en esa línea, hemos entregado becas de conectividad, chips de internet, equipos, flexibilidades de pago, reprogramaciones, incrementos en el fondo de becas, entre otros

Castro destacó que "claramente la situación actual es muy complicada, pero la UNAB ha sido tremendamente responsable con su manejo financiero todos estos años y ello nos ha permitido, hasta ahora, hacernos cargo de esta contingencia sin necesidad de tomar medidas más drásticas. Pero esto no durará mucho tiempo más".

"Hemos tomado medidas de ajuste muy severas en términos de reducciones de gastos desde la administración".

Claudio Elórtegui, Rector de la PUCV

"Los menores ingresos percibidos por arancel y matrícula durante el periodo académico 2020 se cifran en $ 3.600 millones".

Darcy Fuenzalida, Rector de la U. Santa María

Un nuevo punto de discordia surgió entre la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) y su concesionario ZEAL (Zona de Extensión de Apoyo Logístico) a raíz del denominado canon de concesión, un pago anual que debe hacer esta última entidad -que se eleva a cerca de $ 860 millones- y que se divide en cuatro cuotas en el plazo de doce meses.

La cuestión es que, según trascendió, la ZEAL solicitó a la estatal postergar el pago de la segunda de ellas, atendiendo a que el movimiento de carga bajó sustancialmente los últimos meses, particularmente de marzo a mayo, por los efectos de la pandemia en el comercio exterior, que bajó sus cifras en razón a la disminución del consumo y, por lo mismo, de la demanda de productos.

Una contingencia que, además, a juicio de la privada, está contemplada en el contrato de concesión con el rótulo de "evento de fuerza mayor" que, según trascendió, incluye la epidemia como causal. Sin embargo, al no pagar en el plazo establecido por el contrato, la estatal habría cobrado la boleta de garantía, haciendo caso omiso de la argumentación presentada por su contraparte.

En opinión del privado, se trata de una decisión que impacta al modelo logístico y afecta a un concesionario que, dada las condiciones de pandemia y de baja en el flujo de carga reconocidas por la propia estatal a la opinión pública, solicitó la postergación del pago de cuotas.

Además, argumentó que la propia empresa portuaria ha señalado en varias ocasiones que la zona central ha comenzado a registrar los efectos que han generado en la economía nacional e internacional la crisis debido a varios factores. Entre ellos la tensión entre Estados Unidos y China, los efectos del estallido social en Chile de fines del año pasado y, por último, las complicaciones en el comercio exterior emanados por la pandemia covid-19.

Arbitraje

Debido a este hecho, ZEAL decidió ampliar la solicitud de arbitraje (ver recuadro), que en primera instancia abordaba conocer y resolver las diferencias y discrepancias que mantiene con la EPV por permitir la realización de aforos en los terminales 1 y 2, agregando ahora -a la tramitación de la demanda arbitral- este nuevo punto de conflicto que la concesionaria califica como una medida contradictoria con la conducta que ha tenido la empresa estatal con otros actores del sistema portuario que están en una posición similar, como los terminales de carga y el de pasajeros (VTP).

Desde ese punto de vista, el concesionario estima que la Empresa Portuaria de Valparaíso ha tomado decisiones que han afectado el modelo de negocios de ZEAL, tanto en el ámbito financiero, logístico, operacional y como fuente de empleos para la ciudad.