Hace poco más de cuatro años, mientras se efectuaba la que sería la última Cuenta Pública un 21 de mayo en el Congreso de Valparaíso, a pocas cuadras de distancia se desarrollaban violentas manifestaciones que terminaron con el incendio de un edificio patrimonial en la Av. Pedro Montt con Las Heras.

En su interior estaba Eduardo Lara, un guardia municipal de 71 años que falleció asfixiado producto del humo que se esparció por todo el edificio a causa del siniestro, provocado por un grupo de encapuchados, quienes al tratar de ingresar y saquear una farmacia ubicada en el primer piso lanzaron una bomba molotov que terminaría siendo fatal.

Se trata de una víctima de la violencia que provocó la condena de todo el mundo político y, de paso, el inicio de una investigación penal que terminó de manera exitosa en diciembre de 2018, cuando la Corte Suprema confirmó la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso, que condenó a seis personas como coautores del delito de incendio con resultado de muerte, con penas de cárcel entre los 10 y 15 años para cada uno de ellos.

Pero a un año y medio del histórico fallo, ninguno de los seis responsables de la muerte del funcionario está cumpliendo su condena. Todos están prófugos de la justicia.

Facultades a fiscales

Como una manera de buscar una solución a un grave problema que aqueja al sistema penal chileno, considerando que a mediados de 2019 existían 84 personas prófugas tras haberse fugado de un recinto penitenciario, mientras que 13.076 permanecían con una orden de detención vigente -de los cuales 1.055 estaban condenados-, un grupo transversal de parlamentarios liderados por la diputada María José Hoffmann (UDI) -quien previamente se había reunido con la familia de Eduardo Lara y su abogado-, decidió presentar un proyecto de ley que busca facultar al Ministerio Público para que se encargue de investigar el paradero de quienes están en el registro nacional de prófugos.

La parlamentaria explicó que, en la actual legislación, son los tribunales de justicia los encargados de velar por que se cumplan las sentencias, y las policías asumen la tarea de ubicar a quienes están prófugos, quedando sin facultades la Fiscalía, pese a ser el órgano técnico a cargo de dirigir las investigaciones penales y que cuenta con todas las herramientas necesarias para aquello.

"Este proyecto de ley, que faculta al Ministerio Público para dirigir la búsqueda de las personas que están prófugas, podría ser una oportunidad para que una familia porteña que lleva cuatro años esperando justicia por fin la encuentre. Necesitamos abrir esa posibilidad y que esta herida que tienen ellos y cientos de familias en el país se comience a cerrar. Es una esperanza no tan sólo para el caso de Eduardo Lara, sino que para toda la justicia chilena", remarcó la diputada Hoffmann, quien tras la presentación del proyecto iniciará las gestiones con el Ejecutivo para contar con su respaldo.

En esa línea, uno de los tres hijos de la víctima, Luis Lara, sostuvo que "es sumamente importante que este proyecto pueda ser aprobado y que se aumenten las herramientas para dar con el paradero de quienes tanto daño han hecho a la sociedad".

"Pese a que fueron condenados, para nosotros como familia el ciclo aún no se ha cerrado. Nuestra madre, de 83 años, todos los días nos pregunta si ha habido novedades con el caso, y lamentablemente le tenemos que decir que no. El ciclo recién se va a cerrar cuando estas personas estén en la cárcel", detalló.

El proyecto contó también con el respaldo de los diputados de la zona Osvaldo Urrutia (UDI), Andrés Celis (RN), Marcelo Díaz (PS) y Víctor Torres (DC), además de los integrantes de la comisión de Constitución de la Cámara, Matías Walker (DC, presidente), Jorge Alessandri (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI) y Marcos Ilabaca (PS).

"(El proyecto) podría ser una oportunidad para que una familia porteña, que lleva cuatro años esperando justicia, por fin la encuentre".

María José Hoffmann, Diputada UDI