Katherine Escalona M.

El recordatorio que ayer realizó el intendente, Jorge Martínez, sobre otorgar permisos solidarios a vecinos de las comunas en cuarentena para tener una mayor movilidad en las denominadas "cocinas comunitarias", generó diversas reacciones en Valparaíso.

La Unión Comunal (Unco) criticó la medida del Gobierno por ser limitante, a su parecer, al otorgar sólo autorización para ollas comunes y no para generar una serie de trámites sociales y de salud que, según ellos, obligan a los habitantes a salir de sus casas, lo que habría pedido la organización vecinal hace semanas.

La disposición de movilidad, aclaró el jefe regional, nace porque "no podemos desconocer esta bella realidad, noble, solidaria, de vecinos" y por esto, dijo, "la Subsecretaría de Prevención del Delito ha elaborado una normativa especial".

El llamado salvoconducto solidario, de acuerdo a lo explicado por Martínez, es "para elaborar y suministrar estos alimentos en las llamadas cocinas solidarias" y "evitar que la población salga a comprar alimentos".

Para esto, recalcó que "cada municipio (...) recibirá una planilla que le vamos a enviar, en la cual deben indicar el lugar donde se va a realizar esa cocina solidaria y los datos de los participantes y voluntarios que van a estar en dicha actividad".

Puntualizó que el documento debe ser enviado "al oficial de Carabineros de más alto rango de la comuna, quien lo va a visar y les va a entregar un permiso de circulación válido por 15 días", trámite que debe realizar el municipio y que es sólo para fines de distribución, producción y adquisición de alimentos.

Permiso más amplio

Sin embargo, los residentes de Valparaíso precisaron que esto ya se había pedido al intendente Martínez quien, según ellos, se negó a dar la autorización para el apoyo solidario de forma amplia, más allá de las ollas comunes, para que la gente no salga de sus residencias.

"Nosotros ya teníamos conocimiento de esto y acá el criterio sigue siendo el mismo, es un protocolo sólo para las ollas comunes. La actividad comunitaria que realizan las juntas de vecinos no existe", precisó el presidente de la Unco de Valparaíso, Isaac Alterman.

El dirigente vecinal puntualizó que "el intendente dice reconocer la actividad de las juntas de vecinos y es valorable, pero esto en realidad es un menosprecio a las organizaciones. Esto perfectamente se puede protocolarizar a través de las organizaciones sociales, no a través de la subsecretaría, no estamos cometiendo un delito".

Lo que piden los vecinos, recalcó Alterman, "son permisos para que 87 juntas de vecinos se pudan movilizar dentro de su territorio y realizar ollas comunes, asistir a vecinos en medicamentos, asistencia técnica para modificación del Registro de Hogares y bonos. Se pidió un total de 690 autorizaciones y se negó. El municipio nos ayudó".

La directora de Desarrollo Comunitario (Dideco) de Valparaíso, Carla Meyer, dijo que "nosotros hace más de dos semanas que propusimos un listado de dirigentes y dirigentas sociales cuenten con permisos especiales para poder atender todos los requerimientos que emanan de la comunidad".

Subrayó que con la Unco "construimos un catastro de 600 dirigentes, con los cuales también estamos diseñando unas credenciales que permitan facilitar su identificación en las diversas tareas que desarrollan en terreno. El Gobierno debe entender que para sacar adelante la cuarentena y avanzar en el control de la pandemia se requiere de la comunidad organizada, más en una ciudad como Valparaíso. (...) Llamamos al Gobierno a no perder más tiempo en esto".

"Cada municipio (...) recibirá una planilla que le vamos a enviar, en la cual deben indicar el lugar donde se va a realizar esa cocina solidaria y los datos de los participantes".

Jorge Martínez, Intendente regional

"Es un protocolo sólo para las ollas comunes. La actividad comunitaria que realizan las juntas de vecinos no existe".

Isaac Alterman, Presidente de la Unco

El conductor de un colectivo y una mujer que viajaba oculta en el portamaletas del vehículo fueron detenidos por carabineros de la Cuarta Comisaría de Quillota, tras ser fiscalizados en un control sanitario de dicha comuna.

El fiscal de turno de la zona interior, Hugo Arismendi, detalló que cerca de las 20 horas del lunes, en el control sanitario de la comuna de Quillota, los detenidos, identificados como Daniel Saavedra Sánchez y Camila González Lillo, quienes circulaban en un vehículo, "al ser fiscalizado el conductor se constató que no portaba salvoconducto y fue detenido por infracción al artículo 318 del Código Penal, es decir, atentado a la salud pública en atención a la cuarentena dispuesta por la autoridad".

En el mismo móvil se encontraba oculta en el maletero la mujer, quien "pretendía de esta manera burlar el control sanitario. A raíz de la gravedad de los hechos, ambos quedaron a disposición del Tribunal de Garantía de Quillota".

Este caso es similar al ocurrido durante el fin de semana largo, cuando se detectó a una persona en el maletero en una fiscalización en la Ruta 68.

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) desmintió el supuesto pago millonario a un staff de abogados que asumió la defensa de ejecutivos de la estatal en la arista penal por los derrames ocurridos en la bahía de Quintero y en la Región del Biobío. Ello, en relación a un reportaje publicado en un medio nacional.

Ante consultas realizadas por este medio, desde la firma aseveraron que "la información publicada respecto a montos que ha pagado la compañía por asesorías legales externas no se ajusta a la realidad, correspondiendo a una cifra significativamente menor, por lo que hemos requerido al medio que la publicó una rectificación".

Explicaron que lo publicado "supone una interpretación equivocada y tendenciosa de los contratos señalados, habiendo sumado honorarios a eventos y resultados que son incompatibles entre sí".Detallaron que "Enap no ha desembolsado los montos que se indican y cuenta con pólizas de seguro que nos permiten reducir significativamente el costo de asesoría legal para la compañía".

Defensa de ejecutivos

Sobre la defensa de los seis funcionarios formalizados en noviembre del año pasado -entre ellos el gerente de la Refinería Aconcagua, Edmundo Piraino-, tras la contaminación generada por la receptación y manejo de crudo iraní, hecho ocurrido en 2018, la empresa informó que "tenemos la convicción de estar cumpliendo con el deber de defender y respaldar completamente a nuestros trabajadores y demostrar su inocencia". Ahondaron que "se trata de un grupo de trabajadores de Enap que ha cumplido sus funciones con total profesionalismo y que, como todos los chilenos, tienen derecho a una legítima defensa".

El caso aún está en investigación, dentro de los 18 meses que decretó el Juzgado de Garantía de Biobío para tal efecto. El abogado querellante, Remberto Valdés, espera que el próximo año se inicie el juicio oral e incluso se realicen nuevas formalizaciones.

Al respecto, precisó que "la investigación propiamente tal ha ido avanzando a pasos relevantes y seguros en torno al encauzamiento de los ejecutivos de Enap. Ya los tenemos formalizados y no tengo ninguna duda de que el próximo año vamos a tener un juicio oral y la sentencia va a ser condenatoria". "Es probable que existan nuevas formalizaciones de personas vinculadas con Enap, por algo el contrato incluía diez defensas y hasta el momento llevan seis. Faltarían cuatro para complementar los servicios", puntualizó.

Pasadas las 22 horas de ayer, serios incidentes comenzaron a registrarse en el sector de Rodelillo, en Valparaíso, los cuales se concentraron sobre todo en el paradero 17, a la altura de la Villa Primavera. Los desórdenes estuvieron marcados por la quema de barricadas en la vía pública e incluso por disparos que realizaron desconocidos, lo cual alertó a vecinos. Ante esta situación, personal de Carabineros y también efectivos militares concurrieron hasta el sector para reponer el orden. Cabe consignar que no es primera vez que se producen hechos de violencia en Rodelillo, donde vecinos han salido a las calles a protestar para pedir mayor asistencia en medio de la pandemia. Los incidentes de anoche también se replicaron en otros cerros de la Ciudad Puerto, como Rocuant, San Roque y Playa Ancha.