La negativa del Presidente Sebastián Piñera a vetar la ley de reelección electoral puso en un duro aprieto a varios partidos, principalmente a la UDI, que deberá sacrificar numerosas alcaldías en todo Chile, siendo la más relevante y especialmente dolorosa la de Viña del Mar, ciudad donde Virginia Reginato se verá impedida de postular a un quinto período.

Acaso por ello, en un escenario político inéditamente revuelto, todas las miradas se han dirigido hacia los municipios, bastiones en los cuales -según la interpretación que se le da hoy a la ley- podría hallarse una salida para nuevas candidaturas en las cuales confluir la enorme popularidad y caudal de votos de varios alcaldes que, necesariamente, deberán dejar sus sillones, entre ellos la incombustible alcaldesa viñamarina.

Si esta semana fue el actual jefe comunal de La Florida, Rodolfo Carter, quien sin necesidad alguna de dejar su cargo, se permitió deslizar que había sido sondeado para convertirse en un rival de peso para aspirar a la alcaldía de Valparaíso en competencia con Jorge Sharp, esta vez toma fuerza en el gremialismo la inesperada idea de que Reginato no se reduzca a un simple cupo en el Concejo Municipal de la Ciudad Jardín, a un trasnochado escaño parlamentario, o a esa entelequia que aún sigue siendo la gobernación regional, sino que apueste por la madre de todas las batallas: desafiar a Sharp, el niño bonito del Frente Amplio, e intentar reconquistar para la derecha una de las comunas más emblemáticas del país y desde la cual se ha conseguido torpedear consistentemente la segunda administración del Presidente Piñera.

De más está advertir que el joven abogado ha perdido buena parte de su apoyo territorial y nacional desde el 18 de octubre a la fecha (de hecho, salió de las preguntas sobre el próximo presidente de Chile y preferencia de candidatos a la presidencia de la última encuesta Pulso Ciudadano, desplazado por Daniel Jadue e Izkia Siches), básicamente por un sinfín de errores no forzados y una administración que, pese a las buenas intenciones iniciales, su grandilocuencia y feble preparación y pulcritud de sus colaboradores terminaron por hacer caer en vicios y actitudes que enlodan todo el "proyecto" en el cual los porteños confiaron hace cuatro años, desde aquel lluvioso día de las inéditas primarias ciudadanas, misma fecha que hoy todos quieren olvidar para no aceptar que fueron "estafados" en sus propias narices. Valparaíso, ya no es ningún misterio ni opinión antojadiza, está hecho pedazos desde que se espantó la inversión privada, se combatió cualquier atisbo de idea que no naciera desde las bases del frenteamplismo, y se entregó la ciudad a los saltimbanquis, operadores políticos y desalmados que desolaron cada esquina de su bello patrimonio, mientras la autoridad municipal hizo vista gorda e incluso protegió tales conductas.

Que Reginato quiera o sea o no una mejor opción ya es otro tema. Pero en el momento de polarización que viven el Puerto y el país, su nombre en una papeleta es una alternativa que haría temblar a cualquiera. ¿Alguien tiene alguna duda?

A partir del estallido de octubre, varios tomadores de decisión han alzado la voz en contra del marcado presidencialismo que caracteriza a nuestro país. La crisis sanitaria ha profundizado dicha tendencia a tal punto que hoy existe una intuición compartida de que gran parte del debate constitucional se destinará a morigerar ese aspecto a través de la implementación de un sistema semipresidencial.

Es curioso que la discusión sobre la división del poder político se analice desde un plano meramente horizontal, como un problema de asignación de competencias entre los distintos poderes del Estado. Esta aproximación del fenómeno olvida completamente la dimensión vertical-territorial, donde el meollo del asunto está en la distribución de competencias entre el centro y la periferia. Atendiendo a esta segunda mirada, el problema de Chile no se llamaría presidencialismo, sino centralismo. La diferencia de perspectiva no se reduce simplemente a una elección semántica, sino que tiene incidencia directa en el antídoto institucional. Si el mal que nos aqueja es el centralismo, lo que requeriría nuestra institucionalidad, más que un contrapeso horizontal, sería un contrapeso político a nivel territorial dentro del mismo Poder Ejecutivo.

Creo que hay razones de peso para cambiar el diagnóstico. La pugna al inicio de la crisis sanitaria entre los alcaldes y el Gobierno dejaron al descubierto la enorme brecha institucional que existe entre ambos niveles. Este vacío se tradujo en una patética -pero hasta necesaria- puesta en escena, donde los alcaldes acudieron en masa a los matinales a implorar al Gobierno que considerara sus particularidades territoriales, como el porcentaje de comercio informal o el grado de hacinamiento de sus habitantes, antes de adoptar una medida que tuviese aplicación en sus comunas.

La ausencia de un robusto y legítimo poder regional complejiza el encauzamiento de los conflictos, pues crea tantos frentes de discusión como número de municipalidades (345). El salto de lo comunal a lo nacional es muy brusco; si a lo nacional se le acusa de egoísta por no considerar la realidad local, a lo comunal se le puede acusar del mismo defecto por no considerar la situación de su vecino.

La existencia de una autoridad intermedia revestida de legitimidad popular permitiría descomprimir el potencial número de disputas, aportando, además, una mirada panorámica de la situación regional. El actual intendente no es un contrapeso a las decisiones del centro por la sencilla razón de que es un funcionario de exclusiva confianza del Presidente. Dicho de otro modo, el intendente es un representante del Presidente en la región y no un representante de la región ante el Presidente. Esta anomalía institucional es tan peculiar que nuestro país es el único integrante de la OCDE que no escoge mediante votación directa a sus máximas autoridades regionales.

Dicho lo anterior, la discusión política y constitucional debiera hacerse cargo de esta dimensión y considerar fórmulas para robustecer el poder político y económico de los niveles subnacionales y, por qué no, proponer una nueva división territorial con regiones imponentes que realmente puedan hacer una diferencia en la gestión de sus asuntos. Lo otro no es más que acentuar el raquitismo regional. Porque de nada servirán los esfuerzos descentralizadores que se han manifestado durante los últimos años si continuamos fragmentando el país mientras el centro se mantiene intacto. Eso no fortalece la regionalización -como erradamente creen algunos políticos-, sino que produce mayores desigualdades territoriales, exacerbando el mal que debemos comenzar a combatir.

No conozco al candidato escogido por la Corte Suprema y el Ejecutivo para asumir en el máximo tribunal del país. Tampoco litigo en tribunales. Pero como ciudadano observo que algo no está funcionando como debería en el mecanismo de designación de los altos magistrados.

Sin haber comparecido aún a audiencia pública y haber expuesto ante el Senado, desde el PPD ya anunciaron su rechazo por "no compartir algunos de sus fallos", mientras otros parlamentarios, que inicialmente no formularon objeciones, se muestran inquietos ante el panorama actual. Casi en simultáneo, un reportaje de un medio nacional dio cuenta de las comunicaciones internas del comité de senadores del PPD que, sin razón conocida, fueron a parar a manos de un operador político vinculado a un senador, que funge de intermediario para favorecer nombramientos judiciales.

De los jueces esperamos que sean funcionarios que ejerzan jurisdicción y resuelvan conflictos aplicando la ley, sin perder jamás la independencia e imparcialidad que les es exigible. Un juez que sacrifica otros valores para decidir conforme a cuán bien caigan sus decisiones a unos u otros está renunciando a su deber esencial. Toda esta comedia previa de búsqueda de "yayas" y defectos personales es una bofetada a los jueces y debe ponérsele fin.

En una democracia la labor de los jueces resulta esencial para proteger a las personas, hacer efectivos sus derechos y hacer frente a los excesos de poder. Su rol es hacer que las leyes se hagan realidad y zanjar las diferencias aplicando siempre el derecho y no sus percepciones, ideas o preferencias personales.

El escrutinio de la trayectoria y sentencias de un candidato a incorporarse a la Corte Suprema es saludable y necesario, pero reconoce dos límites que nadie puede franquear. El primero, que ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, "revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones". Y el segundo, que se rompe la buena fe y el debido proceso de designación, al ser prejuzgado el candidato sin haber tenido previamente la oportunidad de exponer ante las instancias correspondientes. Se trata de hacer un escrutinio del candidato y no de un escarnio.

Consciente de que los sistemas perfectos no existen, lo que importa es que un sistema de nombramientos judiciales como éste, exige altos grados de consenso en el seno del Senado, pues el quórum de dos tercios es sumamente elevado. Cuando las objeciones no son racionales, sino que se orientan sólo a dar alegrías a la jauría de redes sociales, la política ensucia una decisión que debiera tener un elemento común: la búsqueda de los mejores jueces. No es casualidad, entonces, que el candidato haya sido propuesto por sus futuros pares con la más alta votación.

Específicamente, el candidato en esta ocasión es un ministro de la Corte de esta ciudad. Pocas son las oportunidades en las que un funcionario judicial que no ha hecho su carrera en Santiago se incorpore al máximo tribunal. Por el bien del sistema y mínimo respeto a los candidatos, espero que la Cámara Alta, integrada por gran número de parlamentarios que provienen de regiones, tenga la posibilidad de oír al actual postulante y considerar que su incorporación a la Corte Suprema se haga realidad, sin que la decisión final sea adoptada por temor a las redes sociales.