Cristián Rojas M.

La Junta de Vecinos de Quintay entabló un recurso de protección en contra de la construcción del proyecto inmobiliario de ampliación del condominio Santa Augusta, en el sector de Playa Grande, acción judicial frente a la cual la Corte de Apelaciones dictó una orden de no innovar, paralizando toda ejecución de obras de edificación en la localidad, perteneciente a Casablanca.

El abogado que presentó el recurso, Gabriel Muñoz, expuso que "nos encontramos con la sorpresa de que, habiendo crisis hídrica, la inmobiliaria Santa Augusta estaba construyendo varios edificios dentro de sus terrenos, pese a que para poder construir en una zona con crisis hídrica como la que tiene Quintay -y que ya fue constatado por el fallo de la Corte de Apelaciones del 22 de mayo-, se requiere, por lo menos, una pertinencia ambiental".

Al respecto, detalló que "nos encontramos con que tenían un permiso de construcción, de la Municipalidad de Casablanca, sin que tuvieran esta pertinencia o un estudio de impacto ambiental para determinar cómo esta construcción, con el consiguiente sobrepoblamiento, iba a incidir en la localidad".

Orden de no innovar

A raíz de ello, añadió, "presentamos un recurso de protección y, de manera inédita, casi histórica, la Corte de Apelaciones de Valparaíso accedió a la orden de no innovar, que significa paralizar toda construcción en Quintay, en el estado en que estén, y vamos a estar supervigilando aquello. Todavía la Corte no se ha pronunciado sobre el fondo del recurso, pero cuando lo haga, si lo acoge, entonces no se puede construir mientras no tenga un estudio de impacto ambiental que demuestre que no va a afectar el medio ambiente, en especial el agua, atendida la crisis hídrica de la localidad".

Por su parte, la secretaria de la Junta de Vecinos de Quintay, Alejandra Porras, recordó que en la presentación que hizo Santa Augusta frente al anterior recurso de protección, referido al suministro y calidad del agua potable, expusieron "que estaban con crisis hídrica, y en ese sentido, no entendemos entonces que sigan construyendo".

Asimismo, planteó que el proyecto, "como se indica en el actual recurso, no tiene una evaluación ni una pertinencia ni una declaración de impacto ambiental; no tiene en consideración, tampoco, la escasez hídrica que está declarada a nivel regional, así como tampoco tiene en consideración la biodiversidad, la flora y la fauna que existe en el lugar".

El objetivo que persiguen con el recurso, agregó, "es que de aquí en adelante, cualquier proyecto de gran envergadura en Quintay tenga una evaluación de impacto ambiental, para que exista una democracia ambiental en Quintay, en la que cualquier habitante de la localidad pueda hacer sus observaciones a estos proyectos, porque Santa Augusta también tiene predios hacia el sector de Playa Chica".

Por otra parte, Porras recordó que durante el proceso de actualización del Plan Regulador, "la única observación que hicimos todas las organizaciones comunitarias en Quintay fue que ese sector quedara como parque, o en su defecto, que se permitiera construir con una densidad baja, pero el municipio desestimó nuestra opinión".

El doble de densidad

Pero no sólo desechó dicha observación, sino que, como explicó la dirigenta, "en esa zona, que está fuera del área urbana, rige el Premval (Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso), que establece un máximo de 100 habitantes por hectárea, pero ellos decidieron aumentarla al doble, a 200 habitantes por hectárea, y subir la altura máxima permitida a 15 metros, que son cinco pisos si los calculamos por tres metros por piso, pese a que uno de los lineamientos específicos del Plan Regulador Comunal (PRC) era mantener la escala de los centros poblados, y en Quintay la altura máxima son dos pisos, es decir, dentro de la actualización del PRC no entra Santa Augusta".

Este Diario le pidió una versión a la Municipalidad de Casablanca y al representante de Santa Augusta, pero no quisieron referirse al tema.

"Habiendo crisis hídrica, la inmobiliaria Santa Augusta estaba construyendo varios edificios".

Gabriel Muñoz, Abogado que presentó recurso

Una complicada situación enfrenta el odontólogo del Departamento de Salud Municipal de La Ligua, Pablo Cáceres, presidente de la Confusam de esa comuna, quien denuncia ser objeto de un acoso laboral que terminó en su destitución, motivada, según afirma, por una persecución en su contra.

El afectado expuso que el acoso se inició cuando emitió una licencia médica a la expareja del administrador municipal "pese a que la Compin y la isapre señalaron que la licencia estaba bien emitida. A eso le sumaron que yo me había ausentado por tres días seguidos de mi trabajo, en circunstancias que esa ausencia fue por un paro nacional y estábamos los 200 funcionarios de salud paralizados, pero el sumario fue sólo contra mí".

El proceso terminó con su destitución en enero de este año, tras lo cual acudió a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que en fallo unánime revocó la medida y ordenó retrotraerlo "a la etapa de presentación de pruebas y testigos, y además la inhabilitación del fiscal de la causa, quien mostró en todo momento un claro sesgo en su investigación. Dos meses después del fallo de la Corte de Apelaciones, en nuevo sumario, y con la misma fundamentación del fiscal anterior; el nuevo fiscal designado por la municipalidad, una vez más determina la destitución".

La medida fue firmada ayer por el alcalde de La Ligua, Rodrigo Sánchez, frente a lo cual Cáceres recurrirá nuevamente a la justicia.

Respaldo de confusam

La Confusam emitió una declaración pública de apoyo a Cáceres y la presidenta regional de dicha organización, Paola Muñoz, consultada por este Diario, hizo hincapié en que "llama la atención que de todos los trabajadores que se ausentaron por el paro, sólo a él se le cuestiona, y también el hecho que el alcalde, pese a ser del Partido Comunista, menosprecia su labor dirigencial, sobre lo cual tengo audios que mandé a la dirigencia nacional. Por el pensamiento político del alcalde, se entiende que debiera estar más cercano a los trabajadores y a toda la lucha sindical, pero no es así".

Este Diario consultó al alcalde de la Ligua su versión del caso, pero declinó emitir declaraciones, argumentando que esperaría la resolución judicial del recurso que entablará Cáceres.