Correo
Independencia
Un grupo de parlamentarios de oposición ha presentado un proyecto que modifica la Carta Fundamental, para incorporar a los ministros del Tribunal Constitucional entre las autoridades susceptibles de ser acusadas constitucionalmente.
Lo anterior demuestra como este sector político pretende controlar al Poder Judicial de nuestro país, ya sea condicionando sus nombramientos al mérito de sus fallos -como ha ocurrido recientemente en la proposición de la designación del ministro Raúl Mera para integrar la Corte Suprema- y ahora amedrentando a los ministros del Tribunal Constitucional bajo amenaza de acusarlos constitucionalmente.
La independencia de los tribunales de justicia y el equilibrio entre los poderes del Estado es un factor determinante para el funcionamiento correcto de una democracia y no puede permitirse que el poder político pretenda imponer su hegemonía sobre el poder judicial ni menos amedrentar a sus jueces para determinar sus fallos.
Francisco Bartolucci Johnston Abogado, profesor de Derecho PUCV y UDLA
Plebiscito
Las alternativas propuestas a los votantes para el plebiscito de octubre están mal concebidas. Confunden a las personas. La incertidumbre que provocan convierte el plebiscito en un acto electoral inefectivo. Alternativas fidedignas deben contener, al menos, los elementos siguientes:
A) Apruebo eliminar la Constitución de 2005, actualmente vigente, promulgada por el Presidente Ricardo Lagos. La nueva Constitución será aprobada por una mayoría de 2/3 de los integrantes de una Asamblea Constituyente que para este efecto será electa el año 2021.
B) Rechazo eliminar la Constitución de 2005, actualmente vigente, promulgada por el Presidente Ricardo Lagos. Las rectificaciones que se deban incorporar a la Constitución de 2005 serán aprobadas por una mayoría de 2/3 de los miembros del Congreso Nacional que será electo el año 2021.
Jaime Salazar Rojas
Construcción en Reñaca
¿Por qué se permite la construcción desproporcionada de un conjunto de edificios de 26 pisos en Reñaca, que arrasa con la privacidad y la vida familiar de quienes habitamos en las casas de alrededor desde hace ya muchos años?
¿Es nuestra regulación tan débil que permite que el sector inmobiliario tenga la última palabra en la forma en que se construye nuestra ciudad, sin considerar a los vecinos ni la armonía de los barrios?
Da la impresión que el provecho económico de algunos vale más que la tranquilidad y la calidad de vida de una comunidad.
Ximena Valenzuela
Planes reguladores
Hace nueve años compré una casa en Viña del Mar junto a un colegio cuya altura no superaba los tres pisos, en un terreno que ocupaba un cuarto de la manzana en que estaba emplazado. Sin embargo, un día ese colegio se trasladó y en su lugar se instaló una empresa constructora, cuyo nombre rima con pesadilla, que sin contactar jamás a los vecinos, ha construido un edificio monstruoso de 26 pisos, no sólo pasando a llevar nuestra calidad de vida durante casi tres años, sino haciendo una interpretación antojadiza de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que le permitió soslayar la altura máxima que jamás debió haber pasado de 15 pisos.
¿Para qué se existen los planes reguladores de las ciudades, si las empresas inmobiliarias son capaces de construir lo que se les antoje sin ningún control?
Eduardo Fainé C.
Difusión por TV Senado
A raíz de la difusión de un video, por el canal de televisión oficial del Senado de la República, en el cual una académica de la Universidad de Los Lagos recomienda la lectura del libro "Un paso al frente", que relata la versión de Mauricio Hernández Norambuena, miembro del FPMR y autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán, declaramos lo siguiente:
1. Resulta incomprensible que un canal oficial del Senado difunda el panegírico de un libro cuyo contenido sólo confirma que el grupo terrorista que asesinó a Guzmán consideraba moralmente válido ejercer la violencia como medio de acción política. La muestra más evidente es que asesinaron a un senador de la República y que, hasta el día de hoy, sus integrantes califican como "ajusticiamiento" ese alevoso crimen, demostrando su desprecio por la dignidad humana, por la democracia y su nulo arrepentimiento.
2. Por eso, es también reprochable que una docente de una universidad pública promueva la lectura de este libro por interesarle la moral que guió las acciones del FPMR en pos de conseguir "justicia social". Sus opiniones claramente se oponen, desafían y violan del peor modo los principios y valores medulares de la democracia, como es reivindicar la vía armada como mecanismo legítimo.
Fundación Jaime Guzmán