No obstante las múltiples denuncias que han llegado a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, desde dicha repartición precisaron que no registran nuevos asentamientos precarios en terrenos bajo su administración.

Algunos casos difundidos en los medios, según aclararon, ocurrieron en propiedades privadas, otros en terrenos del Serviu destinados a la construcción de viviendas sociales y otros en terrenos de administración municipal. Sobre estos últimos, corresponden a la figura legal de los llamados "Bienes Nacionales de Uso Público".

La seremi del ramo, Rosario Pérez, detalló que el patrimonio del Estado en materia territorial se clasifica en dos grandes grupos: inmuebles administrados por Bienes Nacionales y los Bienes Nacionales de Uso Público. Estos últimos, como su nombre lo dice, pueden ser usados por todos los chilenos, como por ejemplo, las calles y avenidas de una ciudad.

"Si bien nosotros, como ministerio, supervigilamos su funcionamiento, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que a cada municipio le corresponde administrar los bienes municipales y nacionales de uso público", detalló la autoridad.

Ocupaciones ilegales

En el caso de los inmuebles administrados directamente por Bienes Nacionales, a principios del pasado mes, el ministro Julio Isamit dio a conocer el catastro región por región de los inmuebles que se encuentran ocupados ilegalmente.

"Frente a las ocupaciones ilegales o tomas de terreno hay que decir, en primer lugar, que en la Región de Valparaíso tenemos cifras acotadas debido al buen trabajo que hemos realizado desde el 2018 en adelante, cumpliendo año a año con las metas de normalización que nos exige nuestro ministerio. En ese listado aparecemos como región con 367 inmuebles en esta condición, lo que significa que, pese a tener casi 2 millones de habitantes, estamos muy por debajo de otras regiones que presentan complicaciones mayores referentes a este tema".

Todos los años, la Secretaría Regional Ministerial debe corregir la situación en la que se encuentra una determinada cantidad de inmuebles, y para ello cuenta con distintas facultades, desde entregar un permiso de uso provisorio hasta pedir el desalojo con la fuerza pública.

"Dentro de los inmuebles administrados por Bienes Nacionales corresponde hacer una distinción entre los que presentan una ocupación ilegal, es decir, que fueron tomados por la fuerza y sin ningún permiso y los que presentan una ocupación irregular, que son personas que tuvieron un acto administrativo para hacer uso del inmueble, pero que a la fecha tienen ese permiso vencido".

"Durante lo que llevamos de gestión en este Gobierno, en la Región de Valparaíso hemos normalizado más de 400 inmuebles que presentaban problemas con sus ocupantes. De este total, aproximadamente en 100 casos se trataba de ocupantes irregulares y no ilegales", sentenció Pérez.

Asentamientos precarios

Bienes Nacionales y Serviu Valparaíso han trabajado colaborativamente para dar una solución integral a las familias de los 13 asentamientos precarios históricos de la región en propiedad administrada por Bienes Nacionales; es por eso que en el año 2019 se incorporaron al Catastro de Campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ocho asentamientos en seis comunas de la región (Cartagena, Putaendo, Villa Alemana, Viña del Mar, Cabildo y Los Andes), con un total, a esa fecha, de 442 personas.

Los cinco asentamientos restantes están en San Felipe, Zapallar, Quilpué y Los Andes, con un total aproximado de 66 personas. Bienes Nacionales se encuentra evaluando las posibles alternativas y alianzas para abordarlos de manera integral con el fin de sanear totalmente los campamentos en propiedad fiscal en la Región de Valparaíso.

"Hemos normalizado más de 400 inmuebles con problemas con sus ocupantes. Cerca de 100 casos se trataban de ocupantes irregulares".

Rosario Pérez, Seremi de Bienes Nacionales

Dentro de los argumentos recientemente presentados por una bancada parlamentaria respecto a avalar la privatización de Codelco, se esgrimió que su enajenación permite "un ingreso relevante para el Estado" y la necesidad de una "modernización integral".

En relación al argumento de la generación de recursos para las arcas fiscales podemos observar que Codelco -desde su nacionalización en 1971- cuenta a su haber con el 20% del total de las ventas al exterior del país, ha generado US$ 116 mil millones en excedentes para el Estado y, pese a la baja internacional en el precio del cobre, el año 2019 generó excedentes por US$ 1340 millones.

Teniendo a la vista estas cifras y considerando que Chile, por su disciplina fiscal, cuenta con amplio acceso a financiamiento en los mercados internacionales ¿Es razonable, en un contexto coyuntural de crisis económica, desprenderse de la empresa que más ha aportado al erario fiscal?

Por otro lado, respecto al argumento de la "modernización integral", ésta es una dimensión donde sin dudas debemos recoger el guante. Sin embargo, para ello debemos despojarnos del lente ideológico que nos induce a asumir modernización como sinónimo de privatización- propio de las retóricas derivadas del Consenso de Washington- y repensar una agenda de reforma que reconfigure la relación de la cuprífera con sus propietarios y propietarias en miras al desarrollo, situación que debiese abordar al menos desde tres dimensiones.

Una primera dimensión debe apuntar a la finalidad de las rentas del cobre en cuanto recurso natural no renovable. En ese sentido, y atendiendo a la regla de Hartwick, parte de éstas rentas debiesen invertirse en el desarrollo de ciencia y tecnología que permita añadir valor a nuestras exportaciones y así superar el patrón extractivo. Esta definición es incompatible por la vía de la privatización cuando nuestro estándar de royalty es de un 5%.

Un segundo aspecto a abordar es que Codelco no ha sido siempre un buen vecino. En ese sentido, será prioritario diseñar mejores mecanismos de compensación para el entorno ante las externalidades negativas que genera en comunidades aledañas.

Un último aspecto de la agenda de reforma debe apuntar a la modernización corporativa de Codelco, revaluando la conformación de su directorio para que éste no responda a lógicas de cuoteo y, por cierto, someter al test de la transparencia a quienes lo conforman y sus eventuales conflictos de intereses.

En consecuencia, el foco del debate debe estar orientado a cómo podemos potenciar la contribución de Codelco a nuestro desarrollo y, desde esa perspectiva, la privatización no parece ser la alternativa más beneficiosa.

Emmanuel Osses Valle

En las últimas semanas, nuestro país ha registrado una considerable mejoría en las cifras de fallecidos y contagiados por covid-19, contexto que abrió el debate en torno a un eventual retorno a clases presenciales.

El diputado Luis Pardo (RN), miembro de la Comisión de Educación de la Cámara, se reunió con el ministro del ramo, Raúl Figueroa, a quien planteó una serie de medidas sanitarias para ser tomadas en cuenta por el Gobierno al momento de generar los protocolos para un eventual retorno a clases. El parlamentario puntualizó que dicha medida debe privilegiar la salud de los alumnos y docentes, y que, por lo tanto, no se realizará a nivel país, sino que más bien se aplicará en las comunas que así lo permitan. Pardo fue enfático en precisar que un eventual retorno a clases debe ser de carácter voluntario, tanto para las familias como para los establecimientos educacionales.

De carácter voluntario

"En la reunión con el ministro planteamos la necesidad de que un eventual retorno a clases presenciales debe contar con una serie de medidas y protocolos sanitarios. Un eventual retorno en ningún caso debe darse de manera generalizada y más bien debe aplicarse en aquellas comunas y establecimientos educacionales donde se cumplan todas las medidas de resguardo sanitario", manifestó el diputado RN.

Añadió que "además propuse que la medida debe ser de carácter voluntario, tanto para los establecimientos como para las propias familias, de manera que no tengamos una situación crítica, pues entendemos que algunos padres requieren con urgencia que sus hijos vuelvan a las aulas, pero también existen quienes justificadamente sienten temor de hacerlo".