Nadie se salva de las acusaciones formuladas por 20 organizaciones vecinales y sociales de Viña del Mar contra el Concejo Municipal y la alcaldesa. Duras palabras: "Abuso de poder y abandono de deberes". Acusan, sin decirlo, de secretismo, pues no se logra acceso a las reuniones del Concejo por medios digitales, en circunstancias que las sesiones son públicas.

Acusan, además, en carta dirigida a las autoridades señaladas, falta de comunicación, ya que los concejales no han asistido a reuniones por sistema Zoom convocadas por el grupo "para conversar y tratar temas sustantivos para la vida de nuestra comuna". En declaraciones posteriores, el presidente del Consejo de Salud Las Palmas de Forestal, Raúl Caro, suma a los cargos el de "corrupción en la conducción y administración de la gestión de la Municipalidad".

También se denuncian fallas en la distribución de cajas, tanto municipales o las dispuestas por el Gobierno.

La queja de las 20 organizaciones que firman el documento tiene la fuerza de ser representativa de plan y cerro. Están allí sectores de la Población Vergara y también de Forestal, Santa Julia y El Olivar, entre otros.

Sobre los problemas de uno de los grupos firmantes, la presidenta de la Junta de Vecinos Quinta Rioja, Walda Arribada, revela que "la gente de mi sector es ignorada por vivir en el plan de la ciudad, pagando arriendos caros o contribuciones altas… Esta gente ha visto caer sus ingresos por cesantía… muchos no tenían registro social… no se ven sus carencias y también otros quieren ocultar su situación o se avergüenzan". Retrato de la situación de la recurrida clase media en la frontera de la pobreza.

Ante una invitación a una reunión a distancia citada por los firmantes, el concejal Carlos Williams, quien inicialmente se haría presente y luego desistió de concurrir, afirmó que en la convocatoria había temas de los cuales los concejales no son responsables y que la respuesta correspondería a la administración municipal.

El administrador, Claudio Boiser, declaró que las organizaciones sociales serán invitadas a una próxima sesión de comisiones del Concejo en que se dará cuenta del programa de distribución de cajas, 37 mil, priorizando los sectores más carenciados.

Información oportuna, pero quedan muchos temas pendientes, entre ellos el vital de la comunicación dialogante entre la municipalidad y los vecinos a través de medios digitales existentes. Claro que no basta con conocer el desarrollo de los concejos municipales. Es fundamental que, a partir de ese conocimiento, los vecinos puedan entregar observaciones y aportes a la gestión municipal. En suma, relación democrática, transparente, que puede evitar la indeseada violencia y que sería una contribución a mejorar la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes.

Se ha iniciado la distribución de cajas de alimentos en los sectores en que no se repartieron o quedaron entregadas a medias, llamada fase dos. Esta situación ha sucedido en distintas comunas de la región, con mayor o menor celeridad.

Sin embargo, el hecho de que las cajas no hayan sido suficientes en la primera etapa de distribución refleja un problema de (in)capacidad del Estado. Y es que se presenta el problema de gestionar idóneamente la distribución de recursos (las cajas), para evitar que la cadena logística se interrumpa, sobre todo cuando se trata de paliar lo más básico de la población y el ser humano: el hambre.

Si nos enfocamos en esta situación, queda de manifiesto que el Estado no se puede hacer cargo -completa y absolutamente- de las necesidades de los chilenos. Pues bien, en la etapa más compleja de la pandemia, hubo municipios que se quedaron sin la ayuda y, por tanto, familias sin alimentos. ¿Por qué? ¿Cómo es que se les produce un quiebre de stock a los municipios? Si bien el gobierno central entregó los recursos y materiales ante la falta de información y criterios claros, no les quedó otra que entregarlas a ciegas. Es decir, confiando en que se otorgó a una familia que realmente la necesitaba. Así era difícil prevenir la falta de alimentos en el corto plazo.

Es que sencillamente los gobiernos locales no pueden evitar estos sucesos. Más allá de lo complejo del trabajo logístico, no es la especialidad de un municipio. Por lo tanto, es posible que, ante esta falta de capacidad, hubiera sido positivo un vínculo virtuoso con aquellos que sí son aptos para resolver rápidamente estas situaciones: el mundo privado.

Hay varios ejemplos de privados que ponen de relieve su eficiencia. A mi juicio, uno de los mejores fue la capacidad para traer de China y otros lugares, los ventiladores mecánicos que actualmente están salvando vidas. Sin esa capacidad operacional, el Estado poco habría podido hacer, porque no sólo es tener el dinero, sino que saber negociar y cerrar en buen término la transacción.

En ese sentido, no es necesario demostrar que los Estados más eficientes son aquellos que son capaces de generar y promover un engranaje público-privado funcional, sino que aquellos que hacen de esta alianza una estrategia a largo plazo y encarnados en la cultura de la colaboración. Así es posible evitar que familias necesitadas se queden sin cajas esta vez.

Ante esta situación, pensando que en la segunda distribución de cajas (a las familias que les faltó), es de esperar que los municipios adopten medidas de colaboración público-privada o, en el mejor de los casos, hayan tenido un aprendizaje rápido para poder corregir los errores de la primera tanda.

Porque si realmente queremos sacar a nuestro país del estado político, social, económico y de salud en que se encuentra, es importante poner sobre la mesa la necesidad de que los gobiernos locales y los privados trabajen en conjunto y no como antagonistas. Las administraciones locales no sólo deben mirar a los privados cuando necesitan recursos o se vienen elecciones, sino que deben ser capaces de generar alianzas estratégicas un tanto más virtuosas que saquen lo mejor de cada uno.

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