Iglesia ante nueva denuncia de acoso
Retraso en la investigación contra cura párroco viñamarino aparece como un intento eclesial por ocultar los hechos. Ya en junio de 2018, la revista jesuita Mensaje advertía que "las denuncias seguirán llegando… pero ahora es de esperar que estemos aprendiendo como Iglesia: acoger al denunciante".
Cuando en estos días todas las instituciones crujen -entre otras la Justicia por el caso Ámbar- una nueva denuncia castiga a la Iglesia: el sacerdote Jorge Calderón, titular la Parroquia de Viña del Mar, Nuestra Señora de Dolores, la principal y fundacional de la ciudad, es acusado de un supuesto abuso contra una menor.
El hecho habría ocurrido hace 38 años en el Colegio Seminario San Rafael, afectando a una niña de 10 años. El Obispado de Valparaíso emitió el lunes una declaración afirmando que "tomamos conocimiento de una denuncia realizada a través de redes sociales en contra de dicho presbítero, razón por la cual el Consejo de Prevención de Abusos de la Diócesis contactó a la persona denunciante". Agrega que "monseñor Pedro Ossandón, obispo administrador apostólico, instruyó la apertura de una investigación preliminar con el fin de indagar la verosimilitud de los hechos". Además, se prohibió al sacerdote el ejercicio público de su ministerio y su desempeño en el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis, que integraba. Ese Tribunal, precisamente, conoce abusos al interior de la Iglesia.
El Obispado, además, formuló un llamado "a quien tenga cualquier antecedente que pueda ser útil para la investigación a contactarse con el Consejo de Prevención de Abusos".
Por su parte, un grupo denominado "Mujeres Iglesia" afirma en una declaración que el caso ya había sido denunciado el verano pasado a la justicia ordinaria y a la instancia religiosa. A su vez, el Seminario San Rafael reveló en un comunicado que se tomó conocimiento de la situación, a través de terceros, el año pasado y "no directamente de la afectada, no obstante lo cual aplicamos inmediatamente nuestros protocolos y efectuamos, en dicha oportunidad, las denuncias correspondientes tanto a nivel eclesial y al Ministerio Público".
Estas dos declaraciones contrastan con la voz oficial de la Iglesia, que sólo ahora aparece iniciando una proceso investigativo a partir de denuncias realizadas a través de redes sociales.
¿No procedía investigar de inmediato tras la denuncia del Colegio Seminario San Rafael, dependiente de la jerarquía de la Iglesia?
Sin olvidar la presunción de inocencia del sacerdote Calderón, este retraso aparece como un intento de, al menos, ocultar los hechos. ¿Tropieza de nuevo la Iglesia con la misma piedra y pierde una oportunidad de dar prueba de transparencia?
En junio de 2018, la revista jesuita Mensaje advertía que "las denuncias seguirán llegando… pero ahora es de esperar que estemos aprendiendo como Iglesia: acoger al denunciante, investigar los hechos denunciados, ser transparentes con la sociedad, colaborar con la justicia civil", advertencia olvidada, pero pertinente en medio de una crisis que parece no amainar y que agrieta la confianza no sólo en la Iglesia, sino que en las instituciones en general.