Cristián Rojas M.

La investigación de la violación con femicidio e inhumación ilegal de Ámbar Cornejo sigue su curso y el cuerpo de la adolescente está siendo periciado en el Servicio Médico Legal de Valparaíso, mientras en paralelo se están haciendo coordinaciones entre la Gobernación de Marga Marga, las policías y la familia, con miras a los funerales que se llevarán a cabo en el cementerio Parque del Sendero de Villa Alemana, según indicaron fuentes ligadas al caso en que, hasta ahora, Hugo Bustamante es el único imputado.

Sobre los próximos pasos en la investigación, la fiscal regional, Claudia Perivancich detalló que, junto a la fiscal María José Bowen, "vamos a estar coordinando e instruyendo las diligencias necesarias, trabajando también en una modalidad que hemos establecido en esta Fiscalía Regional, que llamamos de grupos multidisciplinarios, de manera que hay un seguimiento muy estrecho".

Similar a otros casos

Asimismo, destacó que tienen "una permanente coordinación con las policías y los organismos auxiliares que trabajan en la causa. Así hemos trabajado el caso de la desaparición y muerte de Nicole Saavedra, así hemos trabajado el caso del sicario de Bosques de Montemar, y el caso del ciudadano norteamericano que practica disparos en el contexto de los desórdenes del año pasado".

Dicho método, destacó Perivancich, "nos ha dado buenos resultados, tiene que ver con un compromiso de esta Fiscalía Regional de abordar de esta forma, mucho más focalizada, las investigaciones por delitos graves, así que a la fiscal Bowen le queda un trabajo por delante, pero va a contar con este seguimiento, apoyo permanente de la Fiscalía Regional".

Libertad "Fue un error"

Los detalles los entregó en un nuevo capítulo de FiscalíaTV+, transmitido en vivo a través de la cuenta de Instagram del Ministerio Público, donde, consultada frente a la polémica que se ha dado por la liberación de Hugo Bustamante el año 2016, junto a otros 787 reos, acción que tiene a la ministra de la Corte de Apelaciones Silvana Donoso sometida a una acusación constitucional, Perivancich planteó que "nosotros hemos evaluado desde nuestra vereda, y además es esta misma Fiscalía Regional la que llevó adelante la causa por esa condena previa que él tiene por dos homicidios, y por lo tanto, nos parece que haberle otorgado la libertad condicional -y lo digo derechamente- fue un error, es evidente que eso es así".

En ese contexto, planteó que "lo que nos gustaría, en un escenario ideal, es que ojalá contáramos con tribunales de ejecución de las penas, es decir, tribunales que ya no se ocupen de decidir quién es culpable o inocente, sino que vayan más allá y trabajen en la ejecución dela pena, es decir, que vayan evaluando, mientras alguien está cumpliendo una pena, a qué beneficios, eventualmente, pudiese aspirar".

Contar con su opinión

En tal sentido, la fiscal regional añadió que "por cierto, nos parece que es esencial que en estas revisiones de libertad condicional pudiese contar con la opinión del Ministerio Público. A mí no me cabe duda que si hubiésemos sido consultados el año 2016, no hubiésemos recomendado la libertad condicional para este imputado".

En esa línea, Perivancich subrayó que "un fiscal que participa en un procedimiento, que lleva un caso a juicio y que obtiene una condena, tiene una aspiración evidente: que se cumpla esa condena en los términos en que fue impuesta, por lo tanto, hay una gran desazón, una frustración cuando una ve que una persona que está condenada a 27 años, sale en libertad a los 11".

No habría salido libre

Es por ello, agregó la persecutora, que el Ministerio Público considera sumamente "relevante que a nosotros nos preguntaran también cuál es nuestra percepción. Y en eso ha cambiado también la legislación sobre la libertad condicional; también estimo que, de haberse revisado a la luz de las modificaciones que tuvo esa ley el año pasado, no habría salido en libertad el imputado Bustamante".

"Nos parece que haberle otorgado la libertad condicional (a Bustamante) -y lo digo derechamente- fue un error".

Claudia Perivancich, Fiscal regional

Hace seis meses, en febrero de este año, Ignacio Peña López (25), falleció de forma abrupta tras recibir un disparo en Valparaíso. El joven fue embestido, golpeado y baleado por un grupo de sujetos cuando iba a hablar con su pareja. Lo dejaron abandonado en la calle y aún no hay responsables de lo ocurrido, por lo que su familia y compañeros de trabajo piden justicia.

"Nosotros presentamos la querella contra los presuntos involucrados en el asesinato de mi hijo y el Sindicato de Estibadores, al que pertenecía, se sumarían. Cuando fuimos a la PDI supimos que había un presunto autor material, que además existe una orden de detención que no se ha llevado a cabo, el homicida estaría oculto y ha costado mucho detenerlo, e queremos que se concreten las diligencias con premura y se haga justicia", aseveró la mamá de Ignacio, Teresa López.

Teresa recalcó que "uno jamás piensa que esto le va a tocar a uno y, de verdad, me sorprendo de la lentitud y toda la burocracia. Acá los delincuentes siguen haciendo su vida y nosotros como familia estamos devastados, nos destruyeron, a mí me mataron en vida".

"lleno de vida"

El presidente del Sindicato de Estibadores de Valparaíso, Pablo Klimpel, dijo que "esto fue duro porque Ignacio era un compañero joven, un muchacho lleno de vida, es doloroso. Él era tranquilo, participaba y a todos nos golpeó harto. Ya son seis meses de su muerte y, en verdad, la investigación no arroja responsables, no hemos visto mucha reacción por parte de la justicia".

Mientras, desde la Fiscalía Regional informaron que "existe actualmente una orden de detención en contra de una persona, la que aún no se ha concretado. Pese a ello se han mantenido una serie de diligencias, de manera permanente y hasta la fecha, que buscan concretar su captura". La información, afirmaron, ha sido entregada a la familia de Ignacio, pero no se pueden entregar mayores antecedentes.

"Acá los delincuentes siguen haciendo su vida y nosotros, como familia, estamos devastados, nos destruyeron".

Teresa López, Madre de Ignacio

El caso de la menor Ámbar Cornejo abrió el debate en torno a los mecanismos que se utilizan para iniciar las diligencias al momento de una denuncia por la desaparición de una persona.

En Chile son más de mil las personas extraviadas que, finalmente, no son encontradas. Ante este escenario, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados inició un arduo trabajo para legislar en torno a la denominada "Ley Extraviados". El objetivo es apurar las primeras diligencias, categorizar cada caso y establecer una base de datos unificada para que las policías trabajen de manera coordinada.

"Es sumamente necesario modernizar los actuales dispositivos de búsqueda para así entregar mayores herramientas a los organismos encargados de realizar las primeras diligencias, las cuales en este tipo de casos son sindicadas como claves", declaró el diputado Luis Pardo (RN), integrante de la Comisión de Seguridad que aprobó de manera unánime la iniciativa.

Con subsecretaria

El parlamentario dijo que ya inició gestiones con la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, para que el Ejecutivo pueda poner urgencia a la "Ley Extraviados" y asegurar los recursos para su posterior ejecución. "Pedí que se ponga urgencia al proyecto de la Ley Extraviados, el cual se inició con una moción parlamentaria, pero donde el Ejecutivo se ha hecho parte. Tuve una reunión con la subsecretaria Martorell, donde me confirmó que existe voluntad del Gobierno para avanzar en este camino", agregó Pardo.

Consignó que la subsecretaria expresó que "se contaría con los recursos necesarios en el Presupuesto para el avance tecnológico que supone contar con una base unificada para hacer más eficaz la búsqueda de las personas extraviadas".