Arduo es el camino que ha tenido el plebiscito de entrada para definir la redacción o no de una nueva Carta Fundamental, tema ampliamente discutido por el mundo político y que parecía completamente cerrado el 15 de noviembre del año pasado, cuando parlamentarios y presidentes de coaliciones se dieron cita en el antiguo Congreso Nacional y firmaron el histórico "Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución", que fijó la realización de un referéndum para el 26 de abril de este año.

Con la pandemia del coronavirus aún causando estragos en el país, han surgido dudas respecto de cuál será el porcentaje de ciudadanos que participen del plebiscito del 25 de octubre.

Sin embargo, la crisis sanitaria del coronavirus se transformó en una piedra de tope para las fechas iniciales planteadas para el proceso constitucional. Ante el creciente aumento de casos y las voces de expertos que anticipaban un peak de contagios a fines de abril, parlamentarios de diversos sectores comenzaron a presentar proyectos de reforma constitucional para aplazar no sólo el plebiscito de entrada, sino también los comicios municipales y de gobernador regional, además de la elección de constituyentes para el caso de un triunfo de la opción "Apruebo".

Finalmente, el jueves 19 de marzo, los partidos con representación parlamentaria lograron un acuerdo y fijaron la nueva fecha del plebiscito para el 25 de octubre, lo cual se tradujo en el ingreso de un proyecto de reforma constitucional por parte del Ejecutivo, que fue aprobado por la Cámara el 24 de marzo, ratificando la fecha pactada.

Sin embargo, a menos de dos meses de la realización del que muchos consideran el acto electoral más importante en los últimos 30 años, ha surgido un fuerte debate sobre la participación real que alcanzará un acto de esta trascendencia, dada la crisis sanitaria aún instalada en el país. A pesar de una disminución general en el número de contagios, hay voces que plantean como un riesgo el que pocas personas vayan a sufragar y que el plebiscito alcance un nivel de participación similar a las elecciones presidenciales de 2017, cuando votó cerca del 46% del padrón, un porcentaje muy alejado del 97,53% que acudió a las urnas para el plebiscito de 1988.

En este escenario, el senador Francisco Chahuán (RN), avivó aún más la discusión, cuando el pasado 12 de agosto presentó un proyecto de reforma constitucional para modificar el artículo 130 de la actual Carta Magna, el cual establece un piso mínimo de 50% de participación para legitimar el plebiscito. De no cumplirse este requisito, el Presidente de la República deberá convocar, mediante decreto exento, a un nuevo referéndum en un plazo de 30 días.

LEGITIMIDAD Y POSIBLE SUSPENSIÓN

El mismo Chahuán, dice estar convencido de la necesidad de contar con, al menos, la mitad del padrón electoral "para que realmente sea una decisión legítima. Estamos hablando de un proceso que va a marcar los destinos del país y no puede ser que sólo un porcentaje bajo de chilenos, decida ese camino. Una consulta tan relevante no puede permitirse no contar con una concurrencia por debajo del 50%, sobre todo porque estamos hablando del plebiscito de entrada y debe tener la legitimidad suficiente". "Acá no está en duda el resultado, sino la legitimidad del plebiscito. Independiente de la postura que cada uno tenga, en mi caso yo estoy por el Rechazo propositivo, lo importante es que se concrete esta votación, pero con la legitimidad mínima para un proceso que puede marcar los destinos de nuestro país, no puede ser con una baja participación", sostiene Chahuán.

Este problema, también es abordado por el senador Kenneth Pugh (Ind. Pro RN). El vicealmirante (r) dice que si se busca cambiar la actual Carta Fundamental apuntando a una presunta falta de legitimidad, el proceso "parte muy mal si es percibido como la opinión de muy pocos en medio de una condición generalizada de inseguridad. A diferencia de otras elecciones, un proceso plebiscitario y en este caso por una decisión de cambiar la Constitución, por su naturaleza y el significado profundo que tiene para el país, debe tener alta participación, dado sus efectos en las futuras generaciones. Iniciar un proceso constituyente como este, con una baja y cuestionable representatividad debido a la poca participación, claramente puede provocar un problema mayor de legitimidad de las instituciones de la República".

"Las materias constitucionales, por su relevancia, requieren de quorum especiales, más altos que una simple mayoría circunstancial. Parece razonable entonces esperar que, para tener un acto eleccionario legitimado completamente, para que dé inicio a un proceso constituyente, a lo menos debe participar el 50 % de los ciudadanos. Esto le daría credibilidad, legitimidad y confianza al resultado, porque debemos recordar que uno de los principales problemas que enfrentamos en Chile es la pérdida de la confianza en las autoridades y en la política en general", agrega.

Por lo mismo, Pugh señala que el principal desafío de cara a octubre es "crear y mantener las condiciones de seguridad necesarias para que nadie se sienta asustado o inhibido de concurrir a ejercer sus derechos. Es responsabilidad de la institucionalidad del estado garantizar estas condiciones a todos los ciudadanos sin excepción. Es mi opinión que, si esos requisitos básicos no se pueden cumplir, el acto eleccionario no se puede realizar y se deberá posponer hasta que las condiciones lo permitan".

Nicolás Reyes Acevedo

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