Cristián Rojas M.

Cerca de 400 familias de Cabildo, agrupadas en tres comités de vivienda, denunciaron haber sido estafadas por la exconcejala de esa comuna Isabel Zamora, por la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, y por el arquitecto Mauricio Torres, a quienes acusan de haberles cobrado, en promedio, 500 mil pesos a cada una para "agilizar trámites" en el Serviu relacionados con la casa propia a la que, supuestamente, estaban postulando, y efectuar trámites relacionados como el cambio de uso de suelo y estudio de impacto ambiental. Dichos fondos los han intentado recuperar sin éxito, desde que se enteraron que ninguno de esos cobros son legales y que el Serviu no ha oficializado ningún servicio a cargo del arquitecto mencionado, por lo que querellarán contra el profesional y las personeras antes mencionadas.

Uno de los vecinos afectados es Pablo Quiroz, quien alcanzó a pagar 410 mil pesos y expuso que "esto comenzó antes del año 2015, cuando se formaron los comités y después apareció Isabel Zamora, que en ese tiempo ejercía como concejal de Cabildo, haciendo la promesa de que las casas salían, que ya estaba todo aprobado, pidiendo más gente para los comités y que pagaran plata para el cambio de uso de suelo, alcantarillado y otras cosas, pero hasta el día de hoy ni siquiera hay un terreno".

Quiroz detalló que Isabel Zamora "nos presentó a Margarita Osorio, y esa señora trajo al arquitecto Mauricio Torres, diciendo que venían trabajando juntos desde el sur. La plata la cobraba Isabel Zamora a nombre del arquitecto. La alcaldesa aparecía en las reuniones de los comités para apurar a la gente que no pagaba y los amenazaba con que los iban a sacar del comité, y decía que a los que no estuvieran de acuerdo se les iba a devolver las plata y se podían salir, pero resulta que al momento de que la gente quería recuperar su plata, les exigía traer a otra persona para que les comprara su cupo del comité".

Asimismo, destacó que "tengo videos en que la señora Osorio afirma que los estudios de impacto ambiental y todo lo demás lo hace directamente el comité, que seríamos nosotros, que no lo hace el Serviu".

Al respecto, el director regional de Serviu, Tomás Ochoa, hizo notar que "todo proyecto habitacional para postular a subsidio estatal debe ser elaborado y desarrollado por una Entidad Patrocinante que se encuentre con Convenio Marco vigente con la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo".

Este Diario intentó comunicarse con la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, pero no contestó su celular. Sin embargo, en declaraciones entregadas a Mega, aseguró que "las personas que quieren postular al Serviu tienen que tener el proyecto pasado por la declaración de Impacto Ambiental, pasado por el SEA (servicio de Evaluación Ambiental) aprobado, y recién el Serviu empieza a entrar, y ahí recién usted tiene que tener la entidad patrocinante que habla el señor Ochoa, pero cuando usted ya tiene los documentos en la mano aprobados".

En el mismo reportaje de Mega, la exconcejala de Cabildo, Isabel Zamora, sostuvo que "de la manera que se nos convencía de que así debía hacerse, era porque si lo hacía el Serviu, eso demoraba mucho más. Eso nos decía el arquitecto (Mauricio Torres) y también la Margarita (Osorio, alcaldesa de Nogales".

Serviu desmiente a osorio

Frente a las afirmaciones de la alcaldesa Osorio, el director regional de Serviu, Tomás Ochoa, explicó que "todos los costos asociados al desarrollo de este tipo de proyectos, como estudios de mecánica de suelos, de modificación de uso de suelo, los proyectos de arquitectura, las especialidades, todo el proyecto de vivienda es financiado íntegramente por el Ministerio de Vivienda, las familias no tienen que poner recursos para financiar el proyecto, solamente tienen que poner el ahorro".

Por otra parte, Ochoa advirtió que "bajo el deber como institución pública, este Servicio, representado por su equipo jurídico, presentó en el 30 de septiembre del año 2019, ante el Ministerio Público, Fiscalía de La Ligua, una denuncia en virtud de lo expuesto por los dirigentes y socios de los tres comités, con el fin de poner los antecedentes para su investigación".

A su vez, el abogado que representa a los vecinos, Mario Fuentes, precisó que la querella la presentará en el Juzgado de Garantía de La Ligua en un plazo no superior a diez días, e irá dirigida contra Margarita Osorio, Isabel Zamora y Mauricio Torres, para lo cual ya solicitó revisar la carpeta de la investigación que lleva la Fiscalía, "para ver qué hay, y por lo tanto, incluso su situación se podría agravar".

"Todo proyecto de vivienda es financiado íntegramente por el Minvu, las familias no tienen que poner recursos".

Tomás Ochoa, Director regional de Serviu

Enfatizando dentro de su alegato que el transporte interurbano de pasajeros "es una industria con mal comportamiento en materia de libre competencia", sobre la cual el Tribunal ha conocido 16 casos por conductas anticompetitivas, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó ayer al Tribunal de Libre Competencia (TDLC) que prohíba la integración vertical entre operadores de terminales y empresas de buses en la licitación del terminal de Viña del Mar y que elimine las barreras competitivas existentes en este proceso.

La FNE hizo estos planteamientos en el marco de la audiencia ante el TDLC en la causa Rol NC-457-2019, "Consulta de la I. Municipalidad de Viña del Mar sobre propuesta pública para contratación de concesión del Terminal de Buses de Viña del Mar", iniciada en julio del año pasado por la autoridad de dicha comuna.

En octubre del año pasado, la FNE presentó un informe que establecía la suspensión del proceso de licitación, tras una denuncia presentada en junio por el diputado Marcelo Díaz. Para el parlamentario, las bases elaboradas podrían dar paso a una eventual colusión de las empresas, lo que podría restringir aún más la competencia y posterior alza de pasajes.

"Riesgos relevantes"

Ayer, abogado de la FNE, Alejandro Domic, manifestó ante el Tribunal que las condiciones establecidas en las bases de licitación de dicha instalación implican riesgos relevantes a la competencia y solicitó al Tribunal que adopte resguardos estructurales que minimicen los riesgos de exclusión y de coordinación derivados de una integración vertical.

En este sentido, argumentó que "la alta concentración en el mercado de transporte interurbano, la escasa competencia que se observa en los distintos destinos desde y hacia el Terminal, su carácter de facilidad esencial y los antecedentes de conductas ilícitas ameritan la prohibición absoluta de que quienes participan en el mercado de transporte interurbano de pasajeros desde o hacia Viña del Mar, así como sus relacionadas, puedan participar y adjudicarse la administración del Terminal".

La Fiscalía distinguió dos tipos de riesgos: aquellos relacionados con las condiciones de competencia que exhibe la licitación y los vinculados a cómo incidirá el futuro adjudicatario y operador del terminal en el mercado de transporte de pasajeros en rutas interurbanas que inician, terminan o realizan paradas en Viña.

Integración vertical

En cuanto a las bases de la licitación, la FNE advirtió que no contienen ningún resguardo ante la posibilidad de que el adjudicatario de la concesión esté verticalmente integrado a una o más empresas de transporte interurbano y que establecen condiciones que reducen injustificadamente la posibilidad de participar en ella. Entre éstas, se cuenta un pago por adelantado de UF 127 mil a la Municipalidad y una renta anual de UF 9 mil a partir de noveno año, además de la exigencia de experiencia previa restringida solo a administración de terminales.

La FNE mencionó otras condiciones que reducen la competencia y que "no tienen como objetivo la asignación eficiente de esta infraestructura".

La Fiscalía destacó que la integración vertical entre operadores de buses y de la infraestructura a licitar podría derivar en negativa de acceso a las instalaciones o sabotaje contra otras empresas de transporte y en un uso oportunista de la información obtenida con la administración del terminal.

La FNE señaló que ciertas firmas, relacionadas a empresas de transporte interurbano, ya están integradas con los principales terminales en las otras puntas de las rutas relevantes. En este caso se encuentra la empresa PyR, relacionada a Pullman Bus, que administra el Terminal de Estación Central, que a su vez comparte de forma exclusiva con TurBus el principal terminal privado con destinos a la Región de Valparaíso.

Hasta la calle Higuera, en el Cerro Alegre, llegó el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, para visitar la refaccionada Residencia Familiar del Servicio Nacional de Menores que ya está en óptimas condiciones para volver a funcionar, luego del lamentable incendio que sufriera el inmueble el 15 de octubre del año pasado.

"Estamos pagando una pequeña parte de la deuda que tenemos con estas niñas. Lo mínimo que podemos hacer como ministerio es contribuir a mejorarles su calidad de vida y sus oportunidades. Estamos muy contentos de haberle entregado al Sename una casa como ésta, mucho más familiar y acogedora, en relación al ex modelo Cread lleno de rejas y muros", señaló Isamit.

El ministro fue acompañado por la seremi Rosario Pérez, y el director regional del Sename, Rachid Alay. Este último señaló que "es un hecho simbólico el que estemos acá con el ministro y la seremi. Las niñas estarán muy contentas porque la casa quedó mejor que antes, es un paso importantísimo estar de vuelta en menos de un año y cumplir los estándares que niños y niñas se merecen".