No hay buques, pero hay conflicto. Esa es la situación de hoy en la relación entre Valparaíso Terminal de Pasajeros (VTP) y la estatal Empresa Puerto Valparaíso (EPV). El conflicto se traduce en una demanda interpuesta en tribunales por VTP, empresa vinculada al grupo Urenda, que atiende a los cruceros que recalan en Valparaíso.

La presentación de VTP se basa "en los hechos y actuaciones de EPV que constituyen incumplimiento a la obligación de todo contratante de actuar de buena fe en materia contractual". EPV estaría "infringiendo el ordenamiento jurídico, legal, reglamentario y contractual aplicable, atentando contra los principios consagrados en la Ley N° 19.542 que modernizan el sector portuario estatal".

El problema tendría su origen el año 2016, cuando la portuaria aprobó y aceptó un Manual de Servicio de la empresa Terminal Pacífico Sur (TPS), concesionaria de frentes de atraque estatales, que eliminaba la preferencia extraordinaria de recalada de los cruceros en los sitios 1,2 y 3 operados por esa entidad privada.

Alega VTP que gozaba de esa preferencia desde 2002, cuando se adjudicó la licitación para la operación de cruceros mediante un convenio con EPV.

Esta pérdida de preferencia, según la demandante, obligó a desviar naves a San Antonio, al no contar con los mencionados frentes. A la vez, acusa a EPV de cobros excesivos por el uso del puerto, 74% superiores a los de San Antonio, llegando a ser Valparaíso uno de los más caros del continente para cruceros, afectando el desarrollo de VTP.

En base a estas acusaciones, VTP pide en tribunales dar término al contrato de concesión y una indemnización de US$ 16 millones por parte de EPV.

En declaración pública, la portuaria estatal manifestó que será en la instancia judicial "donde se dará la discusión con nuestro concesionario, de acuerdo al marco normativo vigente". Manifiesta, sin embargo, su buena disposición para la operación de los cruceros. Añade que superada la crisis actual "se plantea la oportunidad de consolidar esfuerzos que hagan de Valparaíso un destino internacional cada vez más competitivo".

Se podría pensar que en este conflicto hay tres partes: la entidad portuaria estatal propietaria de los frentes de atraque y los dos concesionarios privados, TPS, que opera esos frentes, y VTP, que maneja instalaciones terrestres para la atención de los pasajeros de cruceros en las remodeladas bodegas del sector Barón.

Pero también hay un cuarto protagonista, la ciudad de Valparaíso, su entorno y su actividad turística, que se beneficia con el movimiento que significa la recalada de cruceros.

Con esa mirada, interesa que este conflicto se resuelva entre los privados y la estatal, fijando una clarísima carta de navegación que evite naufragios futuros a los cruceros que recalan en Valparaíso.

Hoy los consumidores casi deben ser economistas o matemáticos para entender la información de su crédito hipotecario, una situación que provoca obstáculos al momento de elegir, especialmente considerando que es un derecho básico poder entender lo que contratan.

Con la Ley del Sernac financiero avanzamos mucho en mejorar la información y generar indicadores, como el Costo Total del Crédito, pero hoy estamos dando un paso más. El Sernac ha estado trabajando para mejorar la información que se entrega a los consumidores en materia financiera. Se trata de un rediseño de los estados de cuenta de los créditos hipotecarios que se envían cada tres meses a los consumidores.

Este nuevo formato de cartola se diseñó aplicando conceptos de la economía del comportamiento, ciencia que estudia los factores que afectan las decisiones de las personas y permite identificar los estímulos que, en este caso, harán que la gente lea, entienda y tenga disposición a comparar distintos créditos.

Una de las innovaciones de este nuevo formato es que la información del crédito vigente de cada consumidor se grafica con un 'termómetro', el que muestra el estado de su crédito respecto al mercado. De esa forma puede saber si existen opciones más baratas y el ahorro que podría significar portarse a otra entidad financiera.

Además, la cartola desglosa el costo total del crédito de manera más clara, por lo que las personas pueden conocer el monto que deben, cuánto es el valor del dinero que pidieron y cuántos años les quedan por pagar. El documento incluye también una guía de pasos a seguir para refinanciar o portar el crédito hipotecario. En el reverso, en tanto, considera información relevante, como el máximo que le pueden cobrar por un atraso en el pago del dividendo, así como los seguros asociados al crédito.

El nuevo formato, que fue testeado con 500 consumidores y elaborado por académicos de la Universidad de Santiago en conjunto con expertos de renombre internacional, permitirá a los consumidores entender, comparar y elegir la institución financiera que le ofrezca mejores condiciones. Los resultados del experimento mostraron que aumenta en un 23% la probabilidad que el consumidor use esta cartola para cotizar. Hoy sólo un 6% de las familias refinancian sus productos financieros.

Con el nuevo documento, si se considera el número actual de deudores hipotecarios, el impacto potencial del nuevo estado de cuenta podría beneficiar a un universo de entre 200 y 300 mil personas cada trimestre. Este nuevo formato será sometido a consulta pública para las observaciones de los interesados. Tras ello, la idea es avanzar hacia una modificación reglamentaria que obligue a las instituciones a implementarlo.