Redacción

La ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, participó ayer en Temuco de una reunión en la que dialogó con cerca de veinte loncos y machis, en el marco de un acercamiento del Gobierno con la comunidad mapuche. La actividad, rodeada de manifestaciones, se hizo un día después de que el Ejecutivo implementara un nuevo comité semanal, llamado Wallmapu, para enfrentar la situación de violencia en La Araucanía y Biobío. El "trawün" fue el mismo día del multitudinario funeral de Moisés Orellana, un joven de 21 años asesinado el martes con un disparo luego de un ataque incendiario en Cañete.

En la cita, celebrada en el estadio Germán Becker, también estuvieron el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Carlos Gutiérrez, y el intendente regional, Víctor Manoli.

Karla Rubilar calificó el encuentro como una "primera semilla de paz para cosechar justicia" y dijo que "no hay un solo grupo o una persona que se pueda atribuir la representatividad del pueblo mapuche. El pueblo mapuche es diverso por esencia, por su territorialidad, por su cultura. A nosotros como Gobierno lo que nos corresponde es valorar un proceso iniciado por loncos y machis que invitan y logran de una forma bastante histórica poder tener a los tres poderes del Estado en esta reunión".

Afuera del estadio, un grupo de mapuches protestó alegando no sentirse representados por el grupo que se reunió con el Gobierno y logró ingresar al recinto, pero no al salón donde se realizó el encuentro.

Crítica de giacaman

Mientras tanto, ayer en la madrugada en Cañete, en la Región del Biobío, personas encapuchadas quemaron cinco camiones y una grúa, tras amenazar a los conductores. Esto se suma al ataque incendiario de antenoche, en la misma provincia, en que una cabaña fue destruida y otras dos quedaron con daños parciales.

En Cooperativa, el intendente del Biobío, Sergio Giacaman, dijo que la muerte de Moisés Orellana a manos de alguien que "decidió dispararle a quemarropa es un llamado de atención al Estado. Esto ocurre hace más de 20 años y somos los distintos poderes los que tenemos que dar una respuesta contundente no solamente al alcalde (de Cañete), sino también a la familia de Moisés y a las demás víctimas de estas situaciones".

Giacaman dijo que desde junio ha habido 53 atentados en la región y que varios "se han vinculado al tema que denominan 'presos políticos mapuches', que de presos políticos no tienen nada". Auka Castro, vocero de un grupo de comuneros recluidos en huelga de hambre, cuestionó a Giacaman, pues los casos siguen en investigación y, según explicó, no se les ha podido "vincular realmente con crímenes".

El ministro de Salud, Enrique Paris, calificó como "una alarma innecesaria" la afirmación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto de que la administración masiva de una vacuna contra el coronavirus sería posible recién en 2022.

La jefa de científicos de la OMS, Soumya Swaminathan, dijo ayer que "muchos piensan que a principios del próximo año llegará una panacea que lo resolverá todo, pero no va a ser así: hay un largo proceso de evaluación, licencias, fabricación y distribución".

Paris, por su parte, aseveró que "yo no creo que recién tengamos vacuna el año 2022. Esa es una alarma, por el momento, innecesaria, y no es bueno crear esa inquietud en la población". Sobre lo ocurrido con la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que pausó sus ensayos, explicó que "no significa que no podamos contar con otras vacunas. De hecho, acá en Chile hay tres vacunas que están en fase clínica 3".

Preocupación

El Minsal informó de 20 decesos nuevos por covid-19 y de 11.702 en total. Se reportaron 1.482 contagios, con lo cual estos suman 427.027.

Junto con expresar su preocupación por el aumento de la positividad en Magallanes, La Florida, Melipilla y Rancagua, lo que elevó este porcentaje a 7% en el país, el Gobierno anunció que mañana entrarán en cuarentena 10 comunas (Paine, Vallenar, Molina, San Clemente, zona urbana de Longaví, Coronel, San Pedro de la Paz, Lota, Porvenir y Puerto Natales).

Luego de que el canciller, Andrés Allamand, ratificara la negativa del Gobierno a suscribir el Acuerdo de Escazú por considerarlo "inconveniente para Chile", las críticas surgieron de inmediato en la oposición, mientras que en el oficialismo hubo cautela.

El pacto, que entrará en vigencia a fines de este mes, garantiza derechos a los ciudadanos en materia ambiental en cuestiones como el acceso a la información, a la toma de decisiones y a la justicia.

Tras la postura planteada por el canciller ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, la senadora socialista Isabel Allende, quien preside la Comisión de Medio Ambiente, comentó ayer que "la esencia de un tratado como el de Escazú es avanzar en materias ambientales, con la colaboración entre países y fomentando la transparencia y la participación ciudadana. Sin transparencia, no tienen legitimidad las decisiones de políticas públicas ambientales. Por lo tanto, es necesario que se levanten muchas voces para no tener otro bochorno internacional ambiental el 26 de septiembre, como lo fue la COP25".

Para el diputado de la UDI Issa Kort, de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, en esta materia "las decisiones se deben tomar con responsabilidad, sentido de futuro y poniendo en el centro los intereses de Chile y no una agenda coyuntural".