El hackeo que paralizó el BancoEstado demostró, en forma masiva y en terreno, la vulnerabilidad de los sistemas informáticos. El propio presidente de la institución, Sebastián Sichel, lo confirma al declarar que "en la práctica, este virus Ransomare Sodinokibi es como un covid digital: no es porque no hayamos tenido vacuna, es que la vacuna no existe".

Como ejemplo de la fragilidad de los sistemas citó los casos de cuatro bancos australianos atacados en febrero y a otros cuatro japoneses en diciembre. Defendiendo a la institución, el ejecutivo informó que el banco ha invertido U$20 millones en seguridad.

El hecho es que la agresión digital alcanzó a 12 mil terminales y obligó a cerrar a más de 400 oficinas del banco, paralizando con ello operaciones presenciales o remotas de miles, quizás de millones de personas, usuarias de BancoEstado.

El ataque, por otra parte, llega en un momento especialmente crítico de la economía del país y de la movilidad de las personas debido a la pandemia, todo ello se podría vincular también con el movimiento asociado a movimientos de los fondos previsionales, en buena parte depositados en el banco estatal, descendiente directo de la antigua y muy confiable Caja Nacional de Ahorros.

Este ataque exige una investigación rigurosa para dar con los culpables y sus propósitos y para establecer la consistencia de las medidas de protección del banco. A la vez, es fundamental resolver, caso a caso, posibles daños en las cuentas de cada cliente.

Pero más allá del tema bancario, importante sin duda, la cuestión de fondo refiere a las dudas sobre la seguridad de los sistemas informáticos que son la base de las operaciones de múltiples instituciones públicas y privadas.

Está, en primer lugar, el posible acceso a los datos personales lo que violenta la privacidad con los más variados alcances. ¿Cuál es el nivel de seguridad de la información que maneja el Registro Civil? ¿Qué pasa con la múltiple y pormenorizada información que en los últimos tiempos ha compilado la Comisaría Virtual?

Con el episodio de BancoEstado que es, como se reconoce, la réplica de otras situaciones de alcance nacional e internacional, también se pone en razonable duda la posibilidad de usar sistemas informáticos en los procesos electorales, cuestión planteada en los últimos tiempos debido a las próximas votaciones en medio de una crítica situación de salud. La desconfianza se extiende también, justa o injustamente, sobre los registros electorales mismos.

El episodio de BancoEstado obliga a las instituciones que ofrecen servicios cada vez más novedosos mediante medios informáticos, a sincerar la fragilidad de los sistemas, realidad que también debe ser asumida por los usuarios, adoptando todas las medidas de seguridad que estén a su alcance.

Tras un año y medio, termino mi presidencia en la Comisión de Educación de la Cámara y me siento en la responsabilidad de realizar un breve balance político.

Cuando asumimos en marzo de 2019, enfrentamos una agenda policial hacia la educación, cuyas consecuencias dejaron su huella en la revuelta social de octubre. Estuvimos con las comunidades educativas, nos constituimos en liceos cuyos estudiantes estaban bajo persecución policial y criminalizados desde la máxima autoridad educativa, la entonces ministra y actual panelista de TV, Marcela Cubillos.

Logramos frenar el proyecto "Admisión Justa", que repartía la miseria de los pocos cupos "de excelencia" de la educación pública en vez de apostar por reconstruirla. Realizamos una gira nacional, en la que visitamos los Servicios Locales de Educación (SLE). Conocimos en terreno los problemas de los SLE, propios de una desmunicipalización que no fortaleció la educación pública.

Acompañamos activamente la movilización que a lo largo de Chile protagonizó el Colegio de Profesores. Gracias a ella, se logró aprobar la ley que otorga titularidad a las horas de extensión en calidad de contrata a los y las docentes titulares, y se conformó la mesa de trabajo sobre Deuda Histórica, la cual busca entregar una solución satisfactoria y definitiva al conflicto.

Tomamos la posta del movimiento feminista y presentamos un proyecto de Educación Sexual Integral, asunto de especial relevancia para erradicar estereotipos sexistas y por tanto, colaborador esencial en la prevención de la violencia machista.

Recogimos con la fuerza de octubre un proyecto que da un importante paso contra la mercantilización: la ley que borra a las y los deudores educacionales del boletín comercial. En Chile hay más de un millón de endeudados por estudiar. Alrededor de 350 mil están morosos y no pueden contratar un plan de teléfono, arrendar, pedir un crédito hipotecario, etc., viéndose afectadas familias completas. El Estado está progresivamente reconociendo que ha producido un daño a las personas endeudadas por estudiar y, por tanto, lo lógico es caminar hacia una reparación.

Durante el presente año, hemos enfrentado la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales. Pusimos esfuerzos para otorgar alivio y certezas frente al actuar errático del Mineduc. Promovimos la flexibilización del pago de aranceles y la suspensión del pago de créditos universitarios.

Con una pandemia que ha desnudado las desigualdades y un proceso constituyente que abre la puerta a imaginar un Chile distinto, hoy más que nunca se requiere reconstruir la educación pública y el derecho a la educación para que ésta actúe en defensa de la vida y su cuidado.