Fue una semana confusa y un tanto farragosa, que se inició con las autoridades entregando altos números de fiscalizaciones y sumarios sanitarios durante las Fiestas Patrias, pero admitiendo en privado que no se había hecho la tarea en la toma de exámenes PCR durante los días feriados, lo que repercutió en que la decisión inicial de liberar la cuarentena del ministro de Salud fuera prácticamente saboteada por el incumplimiento de las funciones sanitarias en la zona, cosa que lamentablemente ya parece hacerse costumbre en un Gobierno Regional que, prácticamente entregado, sólo tiene aire para acatar lo que le ordenen de Santiago mientras la economía local y la salud mental de la población se caen a pedazos. Tampoco le ayuda mucho el poco peso político de los alcaldes Sharp y Reginato (cuya acusación tuvo su última audencia el viernes en el TER), como bien quedó demostrado de acuerdo al rápido avance de fases en comunas infinitamente más pobladas y complejas como Santiago y Puente Alto, en las cuales sus alcaldes sí son escuchados.

Entre medio, y tras una larga telenovela, se rechazó la publicitada acusación contra la jueza Donoso por la libertad condicional de Hugo Bustamante, victimario del caso Ámbar, mientras paralelamente la fiscal María José Bowen detenía y formalizaba a la madre de la menor como cómplice del crimen.

El propio Senado también echó por tierra el levantamiento de las inhabilidades de postulación a cargos públicos para parlamentarios, alcaldes, cores y concejales, acabando con los sueños de los diputados Urrutia y González en Viña del Mar.

El jueves, en otra noticia que estremeció a la Región y el país, la Superintendencia de Medio Ambiente confirmó -por intermedio de El Mercurio de Valparaíso- la reapertura de la investigación y la reformulación de siete cargos contra Enap por su responsabilidad en el desastre ambiental y las intoxicaciones masivas de Quintero y Puchuncaví en agosto de 2018, por el mal manejo del crudo iraní y el posterior ocultamiento de información. De ello tomó nota la Fiscalía del Biobío, que mantiene una investigación penal en contra de seis ejecutivos de la estatal petrolera.

Y el fin de semana nos sorprendió con Santiago Wanderers inmerso en una polémica inmerecida: mientras la Corporación proponía fijar una postura oficial respecto del próximo plebiscito constituyente del 25 de octubre, miembros del directorio de la Sociedad Anónima denunciaban utilización política del club. Decenas de cartas al director coparon la redacción de este diario durante aquellos días. En la cancha, acaso obnubilado por las peleas de sus socios e hinchas, los caturros perdían ante Coquimbo Unido en un partido que pudieron haber ganado en el estadio Sánchez Rumoroso, mientras la intendenta Lucía Pinto renunciaba por el Papaya gate. Para finalizar, dos noticias que dejan claras muchas cosas: la EPV puso fin a su contrato de concesión del VTP con el Grupo Urenda (¡en agosto muchos se quejaron del titular El Puerto en Llamas!) y la DC puso por fin algo de cordura y dejó fuera de carrera a René Lues en beneficio de la edil Gianicci para las municipales.

La inconsistencia es frecuente entre los seres humanos. Sus modalidades son diversas. A veces se abrigan anhelos que es imposible alcanzar conjuntamente. En otras se abrazan medios que nos alejan de los objetivos buscados. A menudo se salta de juicio en juicio, al hilo de las emociones del momento, sin reparar en la total falta de armonía entre ellos.

Tiempos de crisis, como los actuales, parecen ahondar el mal. Algunos que sostuvieron que el intendente de Santiago infringía la Constitución al intentar evitar la ocupación de una emblemática plaza capitalina, dicen lo mismo de un ministro del Interior que no habría hecho todo lo posible por impedir cortes de carreteras. Los que en octubre protestaban por las bajas pensiones aplaudieron en julio una innecesaria medida que las reducirá. Los que en marzo exigían que se sometiera a indefinido arresto domiciliario a toda la población del país, ahora reclaman por la extensa duración de algunas cuarentenas. Los que pedían que se atendiera a los expertos en epidemiología (muchas veces asumiendo como tales a simples voceros de grupos de presión) desestimaron el clarísimo rechazo de los expertos al retiro de fondos previsionales. Rectores universitarios, que celebraron alegremente esa regresiva e injusta política pública que es la gratuidad de la educación superior, hoy lloran al ver más de cerca la previsible decadencia con que ella amenaza a sus planteles.

Una inconsistencia potencialmente muy lesiva es la que se refiere al rechazo de muchos padres al retorno de sus hijos a clases presenciales. Los padres son, por regla generalísima, quienes más quieren a sus hijos y sobre ellos pesa primariamente el deber de educarlos. Por lo mismo, sus juicios sobre el asunto deben ser tenidos en cuenta. Pero es preciso hacerles ver su error. Como tantas cosas hoy, todo parece quedar resuelto con una simple consigna: "es mejor perder un año que la vida". Pero esa afirmación es falaz en sus dos partes. La peste que nos acosa es muchísimo más benigna con los menores, quienes tienen probabilidades mucho más bajas que el resto de la población de ver su salud seriamente comprometida o de perder la vida. El riesgo no es cero, pero nunca lo es. Quien quiera evitar todo riesgo para sus hijos no debería dejarlos nunca ir al colegio y tal vez no debió haberlos hecho nacer. Es más, lo más probable es que -dada la menor circulación automotriz y la casi nula presencia de otros virus más letales para los niños- hoy sea menos riesgoso de lo normal para ellos asistir a clases.

También es engañoso aquello de "perder un año", no sólo porque la pandemia puede durar más, sino porque la evidencia muestra que muchos estudiantes escolares no sólo no están aprendiendo, sino que están olvidando lo que habían estudiado. Habrá de seguro mayor deserción escolar, que es de las peores cosas que pueden ocurrir, y déficits de aprendizaje que lastrarán vidas enteras -además de peor nutrición y menor vacunación-, todo ello con mayor frecuencia entre las familias menos adineradas.

Hay que hacerlo gradualmente y con cuidado, pero probablemente nada es tan importante como devolver a nuestros niños y adolecentes a las aulas de clases.

Sin duda, estamos viviendo tiempos muy difíciles. La sequía, las demandas sociales que se manifestaron en algunas comunas de nuestra región con inusitada violencia y las medidas para controlar la pandemia han generado una crisis económica que está afectando en forma significativa a la actividad productiva regional, llevando los índices de desempleo a cifras no conocidas anteriormente.

En base a las instrucciones del Presidente de la República, el Ministerio de Hacienda, mediante leyes aprobadas en el Congreso Nacional, decretos y reglamentos, ha impulsado y puesto en ejecución 49 medidas económicas y sociales, movilizando alrededor de US$ 20.000 millones, cuyo objeto ha sido reforzar el sistema de salud, mantener los empleos, otorgar liquidez a las personas y empresas.

Dada la magnitud de lo que estamos enfrentando, y conscientes de que producto de la baja actividad económica, debido a las medidas sanitarias que se han debido implementar, se ha producido una caída del 20% en la recaudación fiscal nacional. Sin embargo, considerando que la pandemia aún está en desarrollo, se ha actuado con responsabilidad para mantener el déficit fiscal en márgenes adecuados y así no afectar los equilibrios macroeconómicos del país.

El próximo miércoles 30 de septiembre se ingresará al Congreso Nacional el proyecto de ley del Presupuesto Nacional 2021. Este se hará cargo de la actual situación y tendrá un énfasis en la reactivación y recuperación del empleo, reenfocando el gasto fiscal acorde a la situación vigente, manteniendo el impulso fiscal, tal como se suscribió en junio pasado en el Acuerdo Económico Social de Reactivación.

En el ámbito regional, durante los próximos meses enfrentaremos quizás los mayores desafíos que ha tenido la región en décadas; iniciaremos un período electoral para elegir a las próximas autoridades comunales y regionales con la misión de reactivar la economía regional acorde a la realidad presupuestaria incorporando las experiencias sanitarias adquiridas durante esta pandemia, mientras no se disponga de una vacuna que nos permita volver a lo que conocíamos como normalidad.

Todos los que estamos involucrados en el ámbito del desarrollo regional (candidatos, autoridades comunales, gremios, Gobierno Regional, academia, etc.) tendremos que actuar con mucha responsabilidad, acorde a los recursos disponibles, conformando un gran equipo e iniciar un trabajo conjunto para reactivar la economía regional focalizando la recuperación de los empleos; ese es el desafío, el tiempo nos apremia, sólo unidos lo podremos lograr.