¿contar o no con la nueva normativa?

Urrutia, además, afirma que es "totalmente necesaria" la aprobación de esta iniciativa. "Muchos de los opositores a este proyecto, como el Frente Amplio y el Partido Comunista, no se espantan ni dicen nada cuando viajan constantemente a Europa y llegan a las capitales europeas donde aeropuertos o estaciones de metro están siendo custodiadas por las FF.AA. Entonces, bajo un marco regulatorio claro, donde todos sepan las reglas del juego, no veo el porqué no se pueda aplicar esos mismos criterios en Chile y usar modelos que son utilizados en países del Viejo Continente para evitar que se destruya puntos estratégicos por parte de desalmados tal como ocurrió en octubre de 2019, donde nos pilló desprevenido el llamado estallido social, y el lumpen hizo y deshizo, causando graves trastornos en la vida de las personas".

Uno de los gestores del proyecto, el senador regional Kenneth Pugh, explica que "me pareció y me sigue pareciendo hoy, de toda lógica y sentido común, que las capacidades de las FF.AA. contribuyan a resguardar servicios e instalaciones que son vitales o críticos para la vida y bienestar de la población".

"Que se pueda hacer sin tener que decretar un estado de excepción constitucional, me parece deseable, pues representa una instancia de garantía del funcionamiento de infraestructura sin afectar mayormente la vida normal y cotidiana de la ciudadanía. Esta tampoco es una idea única para Chile. Grandes democracias occidentales como Francia o España utilizan esta modalidad cuando se tiene información o alerta de que algo o alguien puede atentar en contra de la infraestructura crítica. Sin la reforma que hemos propuesto, el Presidente tiene facultades para poder disponer de las FFAA, pero requiere decretar un estado de excepción constitucional. Eso implica la designación de un jefe de la defensa en la zona y la restricción de parte de las libertades públicas", puntualiza Pugh.

Pero el senador no se queda ahí y suma que "me parece más lógica implementar una gradualidad en el empleo de las FFAA para esta tarea acotada, siendo la primera medida su presencia protectora de la infraestructura en forma preventiva y disuasiva, liberando además a la fuerza pública para que se pueda concentrar en sus tareas de orden público y prevención del delito".

En la oposición reiteran que este resguardo por parte de las FF.AA. se puede hacer decretando un estado de excepción constitucional, como apunta el diputado Jorge Brito: "Por ende, es completamente innecesario este proyecto de ley. Este proyecto de ley es más bien un compromiso con los camioneros, que una política pública que busca mejorar la seguridad del país".

El senador Alejandro Guillier, en tanto, asevera que el proyecto es "totalmente innecesario", apuntando a dos motivos. "Primero, porque los estados de excepción constitucional ya autorizan al Presidente a disponer de la asistencia de las FF.AA. en caso de necesidad. Pero lo autoriza en tiempos acotados y dando cuenta al Congreso. Y en segundo lugar, porque en tiempos de normalidad, sin excepción constitucional, lo que merece el país es una policía bien entrenada, profesional y especializada", señala.

"En vez de mezclar a las FFAA con materias de seguridad interna, lo que debe hacer el Gobierno es nombrar un interventor civil en Carabineros, refundar la policía, terminar allí con la corrupción y las malas prácticas para dar seguridad al país", subraya Guillier.

¿confundir derechos o mal proyecto?

El parlamentario por la Segunda Región, sostiene que si esta reforma constitucional ha demorado en su tramitación es porque "es porque es un pésimo proyecto. Ojalá se rechace. Algunos han tratado de mejorarlo. Yo creo que no es posible. Así como está escrito, me opondré a él igual como me opuse a las leyes represivas en enero. Porque el Presidente las ocupa para ir contra las personas que se manifiestan contra el abuso, pero no contra los camioneros que bloquean las carreteras".

Un argumento similar es el que expone el legislador Brito, quien considera que "el proyecto es tan malo, que no define qué es infraestructura crítica, qué es una amenaza grave e inminente a la seguridad del país y, por eso, no tiene los votos necesarios para aprobarse. La DC no dio todos sus votos, el PR tampoco lo hizo y el resto de la oposición, tajantemente rechazó. En consecuencia, si el Gobierno quiere continuar haciéndole caso al petitorio de los camioneros, tiene que esforzarse un poquito más y redactar leyes que no dejen vacíos tan grandes como la ley de infraestructura crítica, que es innecesaria, irresponsable y que, además, es un voto de confianza del Presidente Piñera, el cual está demostrando que vive en otro planeta".

En el oficialismo, por cierto, la lectura es diametralmente opuesta. En tal sentido Pugh asegura que "el trámite de este proyecto ha sido complicado y engorroso porque hay personas que deliberadamente confunden el derecho a protestar en forma pacífica, con la comisión de delitos, la destrucción de infraestructura, el saqueo o la vulneración de los derechos de otras personas".

"Hay personas que de la boca para fuera condenan los métodos violentos de hacer política o el uso de la violencia para fines políticos, pero que, al momento de votar, de agilizar y no entrabar los procesos legislativos, demuestran que avalan el uso de la violencia, la destrucción y el terror de la población como métodos válidos para buscar objetivos políticos. Estimo muy importante que la ciudadanía, que tiene mayoritariamente al temor, la delincuencia y la alteración del orden público entre la prioridad de sus preocupaciones, se informe de cómo votan los legisladores. Que sigan los debates y que castiguen en las próximas elecciones a quienes impiden que las autoridades cuenten con medidas más efectivas y rápidas de implementar, para resguardar la infraestructura crítica que sirve a toda la población", advierte el senador.

El diputado Urrutia atribuye la dilación en la tramitación del proyecto "al mal uso que hace la izquierda de los tiempos legislativos, poniendo una y mil trabas a la discusión, sólo con la idea de trabar lo que más se pueda este proyecto, haciendo mal uso de su mayoría circunstancial, solo con motivos ideológicos, no técnicos y menos pensando en la seguridad y el bienestar de todos los chilenos". 2

Este es un proyecto de reforma arbitrario y abusivo, que prácticamente transforma a las FF.AA. en guardias de seguridad privada".

El proyecto es tan malo que no define qué es infraestructura crítica, qué es una amenaza grave a la seguridad del país y, por eso, no tiene los votos".

Las FF.AA. son el último instrumento que el Estado tiene para la protección de infraestructura crítica y sólo cuando la amenaza es evidente".

El trámite del proyecto ha sido complicado porque hay personas que confunden el derecho a protestar en forma pacífica, con la comisión de delitos".

Bajo un marco regulatorio claro, no veo el porqué no se puedan usar protocolos que son utilizados en el Viejo Continente".

"

La utilización eventual de las FF.AA., sólo tiene que ser si Carabineros no disponga de capacidad".

"

"

"

"

"

Al margen del debate político que debe llevarse a cabo en el Congreso, expertos en seguridad y defensa entregan una serie de consideraciones para tomar en cuenta con respecto a este proyecto de reforma constitucional.

Richard Kouyoumdjian, vicepresidente del directorio de AthenaLab, asegura que la infraestructura crítica puede estar amenazada por distintos motivos y, por lo tanto, "lo ideal sería que tuviéramos suficiente capacidad de Carabineros para manejar simultáneamente potenciales amenazas a ella, como también para controlar el orden público. Por lo tanto, la utilización eventual de las FF.AA. sólo tiene que ser en el caso de que Carabineros no disponga de capacidad para realizarlo ellos".

En la misma línea, apunta que si bien se puede disponer de las FF.AA. en los estados de excepción constitucional, estos representan una respuesta reactiva por parte de la autoridad "y aquí lo que se trata es de poder utilizar a las FF.AA. en forma preventiva, es decir, sin tener que citar un estado de excepción constitucional, teniendo claro que hay una posible situación que va a generar problemas en el país", reiterando que "usar a las FF.AA. para proteger instalaciones de forma preventiva me parece lógico, siempre y cuando Carabineros no disponga de la capacidad para poder hacerlo".

De todas formas, Kouyoumdjian, quien también es director de la Liga Marítima de Chile, advierte que existen ciertas aprensiones en las FF.AA. para llevar a cabo labores de seguridad interior u orden público, que basan en tres razones principales: Primero, no es su función principal; segundo, porque significa, probablemente, actuar en contra de parte de la población que pueda participar en una revuelta; y además, "porque su entrenamiento y capacidades militares son fuerzas entrenadas para matar. Entonces, tienen que adaptar sus procedimientos y normas a funciones de seguridad interior y orden público, que no les son naturales".

"¿Por qué dicen ellos que tampoco les anima hacer esto? Es por el hecho de que hoy en día, todas estas realidades están más cubiertas por la justicia ordinaria y el ministerio público, que por la justicia militar y, por lo tanto, normalmente lo que ha sucedido, tanto en el estallido social como en otras circunstancias" es que la Fiscalía termina procesando a los integrantes de las instituciones y no a los autores de los desmanes, a lo que se suma "que los medios de prueba que exigen para establecer que actuaron correctamente es bastante complejo", agrega Kouyoumdjian.

Por su parte, el analista y académico de la Universidad de Valparaíso (UV), Guillermo Holzmann, sostiene que el proyecto "es necesario, no solamente por lo que ha sido la protesta, movilización o ataques sufridos por la infraestructura crítica del país, sino que tiene que ver con las implicancias de desastres, de situaciones que afectan o pueden afectar a todo lo que es la plataforma que requiere el país para seguir funcionando y de apoyo a la ciudadanía. En consecuencia, eso es muy coherente con lo que todos los países han ido instalando, en términos de la necesidad de defender y proteger la infraestructura crítica".

Al respecto, el experto agrega que "el Estado tiene una responsabilidad para asegurar el acceso a todos los servicios que la sociedad necesita, tanto aquellos brindados por el mismo Estado como por el sector privado; la protección de la infraestructura crítica, en consecuencia, es de principal responsabilidad del Estado, pero también con protocolos o procedimientos de asociatividad con los particulares. Por lo tanto, tiene que haber una combinación no solamente interministerial, sino que a su vez tiene que haber un rol muy concreto y específico respecto a cómo los privados pueden apoyar o respaldar la protección de la infraestructura crítica, y eso necesita un desarrollo de procedimientos y definición de responsabilidades frente a todos ellos".

Eso sí, Holzmann advierte que "cuando hay riesgos, lo que corresponde es que no se use la fuerza armada, sino que los elementos de seguridad interior del Estado, que son los organismos que poseen capacidad fiscalizadora o posibilidad de advertir o proteger de estos riesgos. Hay muchos dispositivos que permiten hacer la prevención en términos de riesgos y solamente cuando hay amenazas, se puede considerar que las FF.AA., quienes van a tener que sumar determinado tipo de entrenamiento; pero lo que no es correcto es pensar que a todo evento siempre las FF.AA. son el único actor a participar. Las FF.AA. son el último instrumento que el Estado tiene para generar una protección de esta infraestructura crítica y solamente su uso estaría cuando la amenaza es evidente o sea considerado así, en virtud de los informes que el Estado tiene". 2