Reglas a contrarreloj
Investigadora en fundación p!ensa "Dada la estrategia reactiva e improvisada con la que se ha estado legislando, es probable que caigamos en la misma problemática y quienes paguen por esta irresponsabilidad serán los contagiados".
Faltando poco para el plebiscito, quedan varios debates por resolver. Uno de ellos es el derecho a voto de las personas contagiadas con Covid-19, quienes podrán votar en las urnas, siempre y cuando, acepten que tendrán que pagar una sanción. Esto porque, a fin de cuentas, salir a votar significa romper con las reglas para disminuir los contagios y, también porque pone en peligro el derecho a la vida del resto de los votantes. Y es que, si recordamos bien, éste fue el motivo por el que, a inicios de mes, tanto diputados como senadores, enviaron reformas para permitir que los contagiados pudieran tener una alternativa para votar este 25 de octubre. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido luces al respecto, y uno no puede sino evitar preguntarse por qué tardaron tanto en comenzar a legislar sobre la materia.
Llevamos luchando contra la pandemia desde marzo y, si recordamos bien, fue el motivo por el que el calendario electoral original del plebiscito fue modificado. Si bien es comprensible que en los primeros meses las prioridades eran otras, parece ser que, similar a cuando se legisló para regular el financiamiento de las campañas para esta elección, las autoridades vuelven a pecar de reactivos. Pues llegan nuevamente a última hora a un problema tardíamente diagnosticado y, es que, a poco más de un mes del plebiscito, los parlamentarios siguen mostrando una actitud de preocupación por el presente, mas sin mirar al futuro.
El problema de este modo de legislar es que, una vez más, los ciudadanos son los afectados. A fin de cuentas, si el plebiscito fuese mañana, un poco más de 12 mil personas serían sancionadas por sufragar. Legislar sobre la materia a estas alturas del partido es ciertamente un desafío técnico, porque si bien la opción más viable puede ser el voto postal anticipado, la implementación de la medida a casi un mes del sufragio significará un nivel de capacitación e implementación que pocas veces hemos visto.
No obstante, es también un reto en materia de principios, porque de una u otra manera, en el debate de si los contagiados debieran abstenerse de participar del plebiscito, la discusión de fondo es si el voto es concebido como un derecho o un deber. Desde la primera perspectiva, ejercer este derecho es una decisión individual que le corresponde a cada elector, por lo que el desafío es incentivar a que no ejerzan su derecho, porque de todas formas las urnas acumularán votos. Desde la segunda posición, el ejercicio de votar se transforma en un deber cívico, por lo que la última opción sería que los contagiados queden eximidos de cumplir su labor ciudadana.
Con la propuesta del Congreso, termina siendo labor de ellos revertir esta lógica para permitir que, bajo el modus operandi del voto voluntario actual, las personas tengan un deber que tienen el derecho de cumplir. Mas con el poco tiempo que le podrán dedicar a la deliberación del proyecto, no hay garantías de que haya una discusión de fondo y tampoco con la seriedad que amerita.
De una u otra forma, es evidente que esta discusión no solo se circunscribe al plebiscito, pues se nos viene un calendario electoral particularmente pesado. Ante los pronósticos del covid-19, para las elecciones de abril del 2021 -gobernadores regionales, alcaldes y constituyentes-, seguiremos teniendo contagiados. Dada la estrategia reactiva e improvisada con la que se ha estado legislando, es probable que caigamos en la misma problemática y quienes paguen por esta irresponsabilidad serán los contagiados, quienes seguirán sin poder ejercer su derecho político fundamental.
Francesca Zaffiri Suzarte