Con las medidas cautelares de firma periódica y arraigo nacional quedaron los funcionarios de la Municipalidad de Viña del Mar, Pablo Staig, ex administrador municipal y actual director de Asesoría Jurídica; Manuel Echeverría, director del área de Finanzas; y Javier Garrido Vásquez, contador en el área de Remuneraciones, formalizados ayer por fraude al Fisco, en el Juzgado de Garantía de esa ciudad, en una audiencia que se efectuó de manera telemática a través de la plataforma Zoom.

En específico, las medidas cautelares fueron las de firma quincenal para Pablo Staig y Manuel Echeverría; de firma mensual para Javier Garrido; y de arraigo nacional para los tres funcionarios. La magistrada Aída Torres fijó un plazo de investigación de 150 días.

En el relato de los hechos, el fiscal Patricio Toro detalló que los tres imputados "actuaron conjuntamente con el fin de autorizar el pago de horas extras proporcionales a favor de casi la totalidad de los funcionarios de planta y contrata" entre julio de 2014 y marzo de 2015, "no obstante no corresponderles pagos por dicho concepto, en consideración a la naturaleza de sus funciones, al encontrarse los beneficiados ausentes por permisos administrativos, licencias médicas o feriados legales".

En ese contexto, precisó Toro, los formalizados "aparentaron la procedencia de estos pagos a través de diversas acciones que permitieron que se causara al Fisco, o al patrimonio municipal, un perjuicio aproximado de 56.229.374 pesos".

El fiscal indicó que "los hechos descritos constituyen, a juicio del Ministerio Público, delitos de fraude al Fisco, en grados de consumado (...), se le atribuye a los imputados participación en calidad de coautores".

Tras la audiencia, el persecutor indicó que, a petición de los diputados querellantes, Rodrigo González y Daniel Verdessi, "se ha dispuesto en el próximo tiempo, en el transcurso de los próximos meses, la citación a la alcaldesa de Viña del Mar en calidad de imputada, y a otros dos funcionarios municipales en calidad de testigos", a quienes se les preguntará sobre "la manera cómo ellos tomaron conocimiento y qué grado de intervención tuvieron, sobre todo la alcaldesa".

Asimismo, Toro indicó que "lo que corresponde a dichos delitos "es una penalidad que se mueve entre el presidio menor máximo, al presidio mayor mínimo, esto es, de tres años y un día a diez años".

Discrepancia en medidas

Por su parte, para el abogado Paulo Pérez, quien representó al diputado en la audiencia de formalización, lamentó "que no se accedió a nuestra petición de medida cautelar de prisión preventiva".

A su vez, el abogado Ricardo Sacaan, representante de la concejala Marcela Varas, señaló que "mi parte no quedó conforme con las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público y decretadas por el tribunal, ya que no guardan relación con la gravedad de los delitos que fueron imputados en la audiencia, y que se encuentran sancionados con penas que van de los cinco años y un día hasta 15 años".

En ese sentido, el abogado querellante Javier Gómez criticó que "en la formalización está atenuada la responsabilidad criminal de los funcionarios públicos que están siendo formalizados. Eso deriva de la maniobra de disminuir el perjuicio patrimonial, entonces con eso se baja la penalidad, y por ende, también las consecuencias asociadas, como son las medidas cautelares, y en consideración de ello, el Ministerio Público pidió medidas cautelares de baja intensidad y el tribunal accedió".

En ese contexto, Gómez adelantó que "estamos estudiando por qué vía vamos a plantear el tema de la prisión preventiva, porque nosotros vamos pedir esa medida cautelar sí o sí, porque el hecho que se consoliden estas situaciones, que son graves, como temas menores, me parece grave. El Ministerio Público sigue con la misma disposición, o sea, cometer delitos de corrupción sale barato".

Por otro lado, Sacaan sostuvo que "en cuanto al perjuicio que señaló el Ministerio Público, esta parte tampoco comparte esa propuesta, atendido que si en nueve meses los imputados causaron perjuicios y defraudaron a la municipalidad en 56 millones de pesos, aproximadamente, en el lapso de ocho años en que se estuvo cometiendo el delito, esto es desde el año 2010 en adelante, el monto del perjuicio podría ser superior a los 400 millones de pesos, lo que habría justificado solicitar y decretar la prisión preventiva como medida cautelar".

"Se ha dispuesto, en el transcurso de los próximos meses, la citación a la alcaldesa de Viña del Mar en calidad de imputada".

Patricio Toro, Fiscal

"El monto del perjuicio podría ser superior a los $ 400 millones, lo que habría justificado solicitar y decretar la prisión preventiva".

Ricardo Sacaan, Abogado de concejala M. Varas.

El diputado Rodrigo González acusó que los tres formalizados "son meros chivos expiatorios, porque la única responsable de esta entrega de horas extra, de acuerdo a sus facultades exclusivas, es la alcaldesa de Viña del Mar". En tanto, la concejala Marcela Varas destacó que "a dos años de haber interpuesto una de las querellas, hoy poco a poco se comienza a conocer la real dimensión de lo que ha acontecido al interior del municipio estos años. Lo de hoy día creo que no es más que la punta del iceberg. Espero que en las semanas que vienen podamos tener nuevos formalizados, con el fin de que se puedan establecer las responsabilidades y condenas a los verdaderos responsables de la debacle en que se encuentra sumido el municipio y la ciudad.

El abogado penalista Miguel Alfaro, quien representa a los tres funcionarios de la Municipalidad de Viña del Mar formalizados por fraude al Fisco, aseguró que sus defendidos no cometieron delitos, ya que todo se enmarcaba en la ley 18.883, que permite, en casos de ausencia por vacaciones, licencias médicas o días administrativos, el pago de horas extra en base al promedio anual del empleado en esa materia

De partida, Alfaro planteó que "los hechos se remontan al año 2013, no son actuales, y se refieren a 'discrepancias' respecto de la forma de calcular el monto de las horas extras". Pese a que los hechos que imputa el Ministerio Público van desde julio de 2014 a marzo de 2015, Alfaro aseguró que las horas extraordinarias "desde el año 2015, jamás se volvieron a calcular como se venía haciendo".

En ese sentido, explicó que el problema "se originó en el año 2013, cuando la Contraloría Regional, cambió el criterio, acerca de quienes podían ser favorecidos con la incorporación del promedio de horas extras en el pago de feriados, licencias médicas y permisos con goce de sueldos; lo que motivó que, siguiendo las instrucciones de la Contraloría, en el mes de agosto de 2013 se dejaran de pagar".

Ley 18.883

Asimismo, subrayó que "también es preciso saber que existen diversos informes jurídicos, intercambios de comunicaciones con la Contraloría, y hasta un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, confirmado por la Corte Suprema, donde se resolvió que la incorporación del promedio de horas extras efectivas para el cálculo de la remuneración en el pago de feriados y licencias médicas utilizada por el municipio desde siempre, era correcto a la luz del estatuto administrativo de los empleados municipales y la posición que había adoptado el municipio frente a estos temas eran los correctos".

En ese contexto, el jurista hizo notar que los casos descritos en los informes de Contraloría "son perfectamente explicables: por ejemplo, una funcionaria, en febrero de 2014, trabajó durante una semana y recibió pagos de horas extraordinarias como que hubiera trabajado todo el mes. Y efectivamente eso es así, porque las otras tres semanas del mes de febrero estuvo de vacaciones, por lo tanto, su remuneración del mes de febrero, que incluía los días trabajados más los días que estuvo de vacaciones incorporaron un promedio de horas extraordinarias, porque era la manera como se calculaban las remuneraciones, en virtud de lo que dispone la ley 18.883, tanto respecto de los feriados, como de las licencias médicas y los permisos con goce de sueldo".

En ese marco, precisó que "aquí el cuestionamiento es si era lícito o no integrar en estas tres situaciones, junto con la remuneración normal, el promedio de las horas extraordinarias que había recibido el trabajador durante el último año, y eso es una aplicación pro trabajador de las normas de la ley 18.883".