UPLA niega que exista escándalo financiero en la institución y acusa objetivos políticos
EDUCACIÓN. En declaración pública, denuncia "ataque a la educación estatal" tras cuestionamientos de miembros de la Junta Directiva publicados en este Diario.
Como "un ataque directo y artero a la educación estatal y pública de nuestro país", con "una clara motivación política", calificó la Rectoría de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) las declaraciones y las acciones que han ejecutado los dos representantes del Presidente de la República en la Junta Directiva el plantel, Jorge González y Fernando Reitz, así como el delegado de los académicos en dicha instancia, Carlos Hernández, quienes acudieron a la Contraloría General de la República con el fin de obtener mayores antecedentes sobre un préstamo de 380 millones de pesos que la institución le hizo a la Fundación OTEC UPLA.
González, en la polémica sesión del 24 de agosto de la Junta Directiva, pidió la renuncia de la vicerrectora de Administración y Finanzas, quien a la postre dimitió al no aceptar que se pusiera en duda su honra.
En el marco de esta situación, la Rectoría criticó la portada de ayer de este Diario, y a través de una declaración pública, anunció acciones legales, puntualizando que "el titular del diario, que calificó como un 'escándalo financiero' el cual 'remece' a nuestra Universidad, no sólo es absolutamente desproporcionado e injusto, sino que completamente falso".
En ese sentido, el comunicado agrega que "concretamente, lo que es efectivo es que existe una petición de salida de dos miembros de la Junta Directiva que realizó el Consejo Académico, luego de aprobar por unanimidad un informe elaborado por la decana Mirta Crovetto, los decanos Felip Gascón y Luis Alberto Díaz, y el director jurídico de nuestra Universidad, Raúl Celis. Dicho documento está alojado en nuestro sitio web institucional (...) y explica claramente cuál fue el comportamiento de dichos directores, que son dos de los tres que designa el Presidente de la República, lo que motivó la aludida reacción del Consejo Académico".
El mencionado informe señala que "el director Jorge González, designado por el Presidente de la República, objetó la información contable de la Fundación por los ejercicios 2017 y 2018. Tal intervención fue equivocada, puesto que, por una parte, la Fundación tiene su propia estructura de administración, la que escapa por completo de las competencias estatutarias de la Junta Directiva y, por otra, a este organismo no le corresponde inmiscuirse en la administración de la Fundación por ejercicios anteriores, los que, además han sido revisados por auditores externos, siguiendo las reglas que para estos efectos fija la Contraloría General de la República".
El documento elaborado por los tres decanos y el director jurídico añade que "es necesario destacar que, con esta forma de actuar, se ha puesto en duda lo resuelto por los integrantes de la Junta de la época, al aprobar el préstamo que la Upla le hizo a la Fundación, la que tuvo, en ese momento, un conocimiento detallado del estado financiero de la Fundación".
Asimismo, el informe hace notar que "las universidades estatales tienen múltiples sistemas internos y externos de control, entre los cuales se destacan los que corresponden a la Contraloría General de la República, el Consejo para la Transparencia y la Superintendencia de Educación Superior. Resulta, entonces, poco serio lanzar acusaciones sin fundamentos, afirmando la existencia de irregularidades y exigiendo renuncias completamente improcedentes, al estar totalmente fuera de las atribuciones de este cuerpo colegiado".
Destino del dinero
Con respecto al préstamo cuestionado por los tres directores que componen la Comisión de Finanzas, la declaración de Rectoría indicó que "acerca del destino de 380 millones de pesos prestados a 5 años por la Universidad a la Fundación UPLA y aprobados por unanimidad en la Junta Directiva, se ha querido instalar un manto de duda. Como quedó establecido en la presentación que se realizó a la misma Junta Directiva y como fue expuesto a la asamblea de académicas y académicos de la Facultad de Educación, tales recursos se utilizaron para pagar fundamentalmente finiquitos de trabajadores, deudas con bancos y proveedores de la Fundación".
Por otra parte, aclara que "los estados financieros, tanto de la Fundación como de la Universidad, son públicos y están en la sección Transparencia del sitio web institucional, al alcance de quien acceda libremente".
El comunicado hace hincapié en que "a juicio de esta Rectoría, lo ocurrido últimamente tiene una clara motivación política y es, sin duda alguna, un ataque directo y artero a la educación estatal y pública de nuestro país, por la cual cientos de académicas, académicos, funcionarias, funcionarios y estudiantes de nuestra Universidad han trabajado incansablemente, con convicción, compromiso y energía".
Diputados lo analizan
La situación motivó el interés de diputados de esta región que integran la Comisión de Educación de la Cámara Baja, como Camila Rojas (Comunes), quien señaló que lo analizará con mayor detenimiento, a fin de determinar si amerita proponer el tema para ponerlo en tabla y discutirlo en la comisión.
En tanto, el diputado Luis Pardo (RN) considera que "lo más sano y saludable es esperar un pronto pronunciamiento de la Contraloría para aclarar los aspectos financieros y luego resolver los temas de gobernabilidad y relaciones internas". En ese sentido, estima que "antes de llevarlo a la Comisión es conveniente tener la opinión técnica de la Contraloría".
"Lo ocurrido tiene una clara motivación política y es un ataque directo y artero a la educación estatal".
Patricio Sanhueza, Rector de la UPLA
"(Se usó) "para pagar fundamentalmente finiquitos de trabajadores, deudas con bancos y proveedores de la Fundación".
Declaración de Rectoría