Redacción

El Gobierno dio cuenta de cómo operará el plan "Paso a Paso" el día del plebiscito, el 25 de octubre. La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, detalló algunas disposiciones para la jornada en función de la situación sanitaria.

"Todas las comunas, sin importar el paso en que se encuentren, no van a cambiar en el plan. Es decir, una comuna que se encuentra en cuarentena o en transición se mantiene en ese paso durante el 25 de octubre. Sin embargo, todas las personas van a poder votar y participar", para lo cual bastará con portar la cédula de identidad, dijo Martorell.

"Pero, si quieren realizar otro trámite esencial, van a tener que sacar un permiso en Comisaría Virtual o en dependencias de Carabineros", precisó y dijo que la cédula servirá como permiso especial "siempre y cuando se esté en horario de apertura de mesas".

TRASLADOs

Quienes voten en zonas distintas a su región de residencia, podrán trasladarse a las regiones donde esté su local de votación desde el 23 de octubre, exhibiendo de forma física o electrónica el resultado de la consulta de datos electorales (ver consulta.servel.cl), donde conste el local de votación respectivo y su habilitación para sufragar, el pasaporte sanitario (c19.cl) y su carné de identidad.

El retorno a su residencia podrá hacerse portando los mismos documentos, en las 48 horas posteriores al cierre de las mesas. Los habilitados para sufragar que se encuentren bajo una medida de aislamiento obligatorio, por haber ingresado a Chile en fecha reciente, podrán votar portando un informe de resultados de análisis PCR SARS-CoV-2 con resultado negativo, de una antigüedad no superior a 72 horas, y exhibiendo el resultado de la consulta de datos electorales. El mismo requisito aplica para quienes deben entrar a las regiones de Magallanes, Aysén o a provincias y regiones que tengan como requisito de ingreso portar un informe de resultado negativo de análisis PCR.

Embarazadas

Los vocales podrán desplazarse libremente para llegar a los locales en que ejercerán su función, el 24 y el 25 de octubre; para esto, deben portar el resultado de la consulta de datos electorales, y en caso de que su traslado sea entre regiones, deberán también portar el pasaporte sanitario, pudiendo trasladarse desde el 23 de octubre. Los miembros de los colegios escrutadores, podrán desplazarse libremente para llegar al colegio en que deban ejercer su función el 26 y el 27 de octubre, y el 2 de noviembre.

El Servicio Electoral (Servel) anunció la publicación de un conjunto de normas entre las que se encuentra la posibilidad de que embarazadas y cuidadores de adultos mayores o personas con necesidades especiales, o que trabajen en establecimientos de larga estadía para adultos mayores (Eleam)", puedan excusarse de ser vocales de mesa el día del plebiscito o ante un juez de policía local, en caso de que sean citados.

Diez personas fueron detenidas ayer en la mañana por su eventual participación en el último año en continuos ataques a la subcomisaría de Peñalolén, en la Región Metropolitana, acciones que se presume respondían a una "organización criminal" que utilizaba las redes sociales para concertarse.

En allanamientos realizados a primera hora, nueve hombres -tres menores- y una mujer fueron arrestados. Su formalización se realizaba al cierre de esta edición.

El fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, informó que los detenidos "participaron de manera constante y recurrente en los ataques vandálicos a la subcomisaría", y que los delitos presuntamente cometidos son "asociación ilícita, arrojar artefactos explosivos -a la subcomisaría- y disparos injustificados de armas de fuego".

"Creemos que hay una organización criminal que trabaja coordinadamente", explicó Guerra. "Tienen una estructura organizada, distribución de funciones, personas que ejercen liderazgo y otras que realizan roles operativos", agregó. Precisó que hay "evidencias" que "permiten vincular a todos los sujetos con la participación en estos hechos y también en el que afectó el lunes pasado a un oficial de Carabineros" que resultó quemado con una bomba molotov.

El ministro del Interior, Víctor Pérez, y el general director de Carabineros, Mario Rozas, visitaron ayer el cuartel. "Bastaba conocer una sola vez las acciones de estos delincuentes para darse cuenta de que no estábamos frente a manifestantes, sino frente a delincuentes, a violentos. Esta organización criminal proveía de recursos para atacar a la comisaría, que es atacar no solo a Carabineros, sino que es atacar a la ciudadanía, generando un profundo terror en los vecinos", dijo el ministro Pérez y llamó "a todos los sectores políticos a condenar la violencia y a apoyar a las policías, que son las que enfrentan a los violentos".

El general Mario Rozas comentó a su vez que "hemos logrado un doble triunfo, tranquilidad para los carabineros y sus familias, y tranquilidad para la comunidad".

Cupertino Andaur (70), quien fue condenado por el homicidio y la violación del niño Víctor Zamorano Jones, ocurridos en 1992, fue hallado muerto en su celda de la cárcel Colina 1.

"El interno fue encontrado sin vida en el momento del desencierro, en la torre 1, celda 26 del penal. En primera instancia, su muerte fue diagnosticada por el equipo de salud de la unidad penal, quienes comprobaron que se encontraba inmóvil y sin signos vitales", informó Gendarmería.

La institución reportó que la celda fue aislada y que se informó "el fiscal de turno envió los antecedentes del caso a la Policía de Investigaciones". La PDI agregó más tarde que se descartó la intervención de terceros.

El 30 de diciembre de 1992, Víctor Zamorano Jones (9 años), quien vivía en el sector de Lo Curro (Región Metropolitana), fue hallado muerto por su hermano mayor, Alejandro. Los restos estaban ensangrentados y con signos de asfixia. A los pocos días se confirmó el ataque sexual y se sindicó a Alejandro como presunto responsable. Nuevos antecedentes condujeron a Andaur, de entonces 42 años. Fue arrestado en 1993 y se le condenó a presidio perpetuo por robo con homicidio y a 20 años por violación. En 1996, la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema lo sentenciaron a muerte. Fue de hecho uno de los últimos condenados a la pena capital en el país.

El caso, que provocó gran conmoción, dio un giro cuando, en 1996, el entonces presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle indultó a Andaur y conmutó su pena por cadena perpetua. "La pena de muerte es tan inhumana como el crimen que la motivó. Solo Dios da la vida, solo Dios puede quitarla", argumentó Frei.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, defendió la utilidad del informe de "big data" que el Gobierno entregó al Ministerio Público y que se vinculaba a ataques ocurridos en el estallido social. Esto, luego de que el fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, dijo que fue "solo humo".

Galli llamó a no confundir información de inteligencia con la que sirve para una investigación criminal y afirmó: "Para nosotros fue relevante, con eso yo me quedo".

"¿Esa información es útil para la persecución penal? Probablemente no, pero es útil para la toma de decisiones y para entender el fenómeno global de cómo se mueven muchas veces las personas producto de impulsos que están liderados o generados muchas veces desde redes sociales o determinados usuarios de redes", dijo en radio Universo.

Galli indicó que hubo "déficit" de mejor información, "quizás porque seguíamos con la lógica del siglo XX, cuando hoy el flujo de información es del siglo XXI; y cuando se descartan tan livianamente informes que se hicieron respecto de flujos de redes, eso es parte del entendimiento de lo que pasa en el siglo XXI. Hoy mucha de la información corre a través de la web y redes sociales".