Cartas
Clave única
¿Clave única? ¿Por qué se creó la clave única? Una de las más valiosas iniciativas de Chile es la existencia del carnet de identidad y su rut. Además, esta identificación tiene otro número, llamado número de serie o número de documento.
¿Por qué la clave única? No hay una buena explicación y cuando apareció fue de repente, enfatizando que con ella se puede entrar a un sinnúmero de sitios públicos. ¿Y por qué no entrar con el rut? La palabra la tiene el Gobierno y el senador Kenneth Pugh, especialista en ciberseguridad, podría alumbrarnos mucho sobre el tema.
Renzo Follegati Ghio
Pladeco de Valparaíso
No sé cuál es el nivel de inteligencia de quienes gobiernan nuestra comuna, pero sí sé cuál es su nivel de ignorancia en los temas de gestión pública y administración.
De una lectura analítica, párrafo por párrafo, sobre el Pladeco, no vi absolutamente ningún proyecto concreto, solo cantinfleo, retórica y eufemismo.
El alcalde, como buen poeta, usa las expresiones como discusión con perspectiva, mirada larga sobre Valparaíso, acciones de corto, largo y mediano plazo, prejuicios, mentiras, imprecisiones, etc., etc. Poesía pura.
Y por la otra vereda, cuando pensaba que el Concejo Municipal ahora sí diría cuál es la propuesta -ya que el alcalde no lo hace-, precisando concretamente dónde tienen que ir los recursos, cómo debemos revivir la ciudad, sigue con el cantinfleo: "Faltó mucha más participación, lo que debería hacer la directora de la Secpla es mandarnos un correo", etc.
Y finalmente, cuando ahora sí vamos al meollo del Pladeco, nos dicen que cuesta 600 millones en honorarios. ¿De verdad se destinan recursos para pagar a tantos profesionales para que nadie pueda explicar en qué consiste, en concreto, en específico? Ahí está el problema. Todo se queda en el papel y en el cantinfleo por la falta de preparación de muchos.
Daniel-Ignacio Aguayo Poblete
Plebiscito I
En su edición del jueves, este Diario nos informa que uno de los candidatos a rector de la Universidad de Valparaíso ha decidido bajar su candidatura. Es don Antonio Orellana, Decano de la Facultad de Medicina de esa casa de estudios. Él explica su decisión: "Mi larga trayectoria como médico, académico y decano de una Facultad que debe velar por la salud de las personas, me impone el deber ético de no participar ni llamar a la participación bajo las circunstancias sanitarias en que nos encontramos".
Estas elecciones presenciales tienen lugar en pocos días más y convocan a un número muy moderado de personas, pero el doctor Orellana, fiel a su vocación, no puede avalar una decisión que, aun en ese caso, pondrá en peligro la salud de quienes concurran a votar.
Sin embargo, a pesar de este testimonio, la clase política -Gobierno y oposición- insisten en llevar adelante un plebiscito que va a producir aglomeraciones mucho más grandes. Es decir, que va a poner en un riesgo considerable a un número mucho más alto de personas, especialmente adultos mayores. De cara a esta realidad, esa clase política, falta de la rectitud moral del Dr. Orellana, mira simplemente para el lado.
Me he sentido muy reconfortado con este testimonio en la tarea que he emprendido para que los tribunales de Justicia ordenen la suspensión de ese plebiscito. Dios quiera los jueces sigan en su juicio a quien como el Dr. Orellana sabe de lo que habla.
Gonzalo Ibáñez S.M.
Plebiscito II
Pareciera que estas tres palabras: indiferencia, ignorancia e ingenuidad, reflejan parte importante de lo que nuestra sociedad está viviendo de cara a un acto democrático tan trascendental como un plebiscito, aquí y en cualquier parte del mundo.
Indiferencia ante el acontecer en el país de aquellos que no votan, por cualquier motivo que puedan aducir. Son varios millones. Exactamente, en la segunda vuelta del 2017 fueron 7.314.703 las personas que no votaron, según datos del Servel. Simplemente, increíble.
Ignorancia de todas aquellas personas que ni siquiera se han dignado a leer la Constitución. Las encuestas al respecto son lapidarias: solo un 13,2% la ha leído completa y 30,1% no la ha leído nunca. Esto, al menos, refleja desidia, flojera o falla educativa. Casi dramático.
Ingenuidad de aquellos ciudadanos que aún creen que las promesas de la casta política reinante se harán realidad o que dichos personeros están preocupados de solucionar los problemas reales de la gente ahora. También hemos sido muchísimos los que les creímos en el pasado.
¿Así queremos realizar un proceso para una nueva Constitución? ¿No estaremos equivocados? ¿Cómo es posible que lleguemos así al plebiscito? No lo explicaré aquí, solo espero que cada cual saque sus conclusiones y haga su parte: que se informe, que intervenga y vote y, sobre todo, dejemos de ser ingenuos.
Soy chileno de corazón, ya leí la Constitución, votaré y voy por el recambio de los malos políticos; ese es el gran cambio que nos ofrece el futuro, sobre todo ahora que muchos personeros ya están inhabilitados de ir a una enésima reelección.
Juan Enrique Olguín
Desafío
El desafío para construir un acuerdo es gigantesco. Una nueva Constitución sólo cumplirá la función de servir como la norma jurídica fundamental que oriente el desarrollo de la vida en sociedad en los próximos 50 años si es ampliamente aceptada por la población y fruto de un proceso deliberativo extenso y participativo.
En ese contexto, tan relevante como su contenido es el cómo se llega a él, pues, aun cuando se lograse consensuar un texto de una muy buena factura técnica, si se percibe como la imposición de uno u otro sector político o que se ha realizado a espaldas de la ciudadanía, se habrá perdido una oportunidad histórica de lograr en democracia un cambio efectivo y trascendente.
Es clave para el éxito del proceso que el reglamento de funcionamiento del futuro órgano constituyente establezca un procedimiento de toma de decisiones que incentive la adopción de acuerdos lo más amplios posible y garantice una real y efectiva participación de los distintos actores de la sociedad civil, que no puede limitarse al establecimiento de cuotas o escaños reservados.
En este sentido, la regla de los dos tercios que establece el artículo 133 de la actual Constitución para que la Convención apruebe las normas y su reglamento de funcionamiento, y que sigue la experiencia internacional, sin duda es un muy buen punto de partida. Sin embargo, si dicho quórum no se acompaña de un procedimiento adecuado que permita, por ejemplo, resolver las situaciones de punto muerto en alguna materia o incentive los consensos, existe un riesgo cierto de fracaso de todo el proceso.
Boris Fiegelist Venturelli Director Carrera de Derecho, UNAB Concepción