A una semana del plebiscito constituyente, este domingo es una buena oportunidad para conversar sobre todo lo que ha ocurrido, no desde la razón, sino desde la empatía y el interés de tratar de entender qué nos pasó".

Transcurridos 365 días del 18 de octubre, desde el punto de vista de la historia, una de las lecciones más relevantes que nos deja este acontecimiento es la dificultad para poder llegar a un acuerdo respecto de cuáles fueron las razones que provocaron ese "estallido social" y sus consecuencias.

Si nada de esto hubiera pasado, esta columna versaría sobre el día del profesor, la pandemia, las elecciones en Estados Unidos o Bolivia. Pero el curso de la historia quiso otra cosa y la historia de nuestro país, ahora ya después de un año, podemos decirlo con certeza, cambió desde ese viernes.

Las sensaciones son distintas. Mientras para algunos, se ha iniciado un proceso de decadencia y la pérdida del rumbo, para otros, en cambio, lo ocurrido es una revolución que avanza en forma providencial, como lo planteaba Alexis de Tocqueville, hacia el desarrollo gradual de una igualdad de condiciones: "Cada día escapa a la potestad humana, todos los acontecimientos, como todos los hombres sirven a su desarrollo", decía en su famoso libro "La Democracia en América".

A partir de esta falta de acuerdos, resulta difícil escribir una columna que no resulte partidista. Un texto lleno de datos y citas que permitan, bajo algún tipo de falacia, encubrir los sentimientos particulares que tengo respecto de esta fecha.

Esto, porque el rol que se espera de quienes ejercemos el oficio de la historia, entendida como ciencia, es de abstraernos de esa experiencia particular y tratar, con una pretensión de objetividad, de considerar el mayor número de variables que están detrás de un fenómeno como el acontecido hace un año.

A pesar de esto, y tal como lo presenta Lynn Hutt en el libro "¿Por qué importa la Historia?", "las interpretaciones históricas son construcciones por naturaleza frágiles, siempre sujetas a nuevos descubrimientos y a nuevas nociones de aquello en lo que consiste la exhaustividad".

En esta línea, el paso del tiempo, la revelación de nuevos datos permitirán ir conformando un nuevo mapa de lo ocurrido ese 18 de octubre. No obstante, y como una corriente que va en contra de este flujo informativo, aparece la memoria particular como una testigo fundamental, pero también poco fiable. Nuestro cerebro discrimina los recuerdos y muchas veces estos se van adaptando de manera progresiva al curso que toman los hechos. A modo de ejemplo, intente recordar el 18 de octubre, recurriendo solo a su memoria y luego revise los correos, mensajes de whatsapp y noticias e identifique la brecha entre lo que recordamos y lo que vivimos, una distancia que se agiganta cuando uno comienza a compartir los recuerdos de lo ocurrido con otros.

La tarea de los historiadores que quieran historiar este hecho es enorme por la cantidad de fuentes que existen sobre el 18 de octubre. Aun cuando algunos quieran apurar el tranco para aprovechar el momento y las ventas, quienes de verdad busquen una respuesta a qué fue lo que sucedió tendrán que esperar todavía algún tiempo, lo que no quiere decir que sean capaces de llegar a una respuesta común.

Retomando a la historiadora Hutt: "Las discusiones y debates son vitales porque permiten el movimiento de la definición de la exhaustividad y estimulan a quienes estudian la historia a seguir poniendo al descubierto hechos que cambiarán las interpretaciones del pasado".

Mientras tanto, a una semana del plebiscito constituyente, como hijo reconocido de aquel 18 de octubre, este domingo es una buena oportunidad para conversar sobre todo lo que ha ocurrido, pandemia incluida, no desde la razón que se atrinchera detrás de sus argumentos ideológicos para ganar una discusión, sino desde la empatía y el interés honesto de querer tratar de entender qué nos pasó, asumiendo que, en la medida que aceptemos lo sucedido, podremos ser capaces de enfrentar mejor el futuro. 2

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Lo que sucedió da cuenta de parte de una sociedad que no concuerda con que el Estado sea el único que pueda utilizar la fuerza y que considera legítimo usarla en la medida en que asegura que los distintos poderes dejen de abusar o violentar a los mismos ciudadanos".

"Tenemos que reconocer el peligro de la violencia y que lo condenemos, y yo lo condeno con absoluta claridad", dijo al término de esta semana el alcalde de Recoleta y una de las figuras que se perfila como presidenciable, Daniel Jadue, en una actividad con estudiantes de periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, justo cuando se conmemora un año del denominado estallido social.

Sus palabras, recogidas en diversos medios, dan cuenta de un concepto que debiera ser compartido por todos, pero que no lo es. De hecho, a comienzos de esta semana, el presidente de su partido, el PC, eludió condenar la violencia y planteó que "si el gobierno y las fuerzas represivas como Carabineros consideran que son violentistas los manifestantes, entonces si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo que no salgan a manifestarse y eso no lo diré".

Es un tema complejo, sobre todo cuando el uso de la fuerza ha significado un debate en la sociedad desde el comienzo de la humanidad, y ha estado en la palestra en nuestro país, con mayor intensidad, desde octubre de 2019. De hecho, en esa misma época, el Presidente Sebastián Piñera advirtió que en Chile "estamos en guerra contra un enemigo poderoso", cuando en realidad la mayor parte de quienes se manifestaban en las calles -más de un millón de personas en varias jornadas- lo hacían de manera pacífica, para exigir el fin de la desigualdad y de los abusos.

Pero los que marchaban al son de canciones y pancartas no eran la noticia. Sí lo era una minoría que destruía todo a su paso, quemando señaléticas y saqueando locales. La violencia entonces era lo que se rescataba de un proceso mucho más global y trascendental. Pero también el concepto de guerra hacía alusión al uso de la fuerza, como una forma de justificar el abuso en el control de los manifestantes. Porque si hay una guerra, entonces la violencia es aceptada como parte de ella.

El filósofo y sociólogo alemán Max Weber hablaba ya del concepto de violencia a comienzos del siglo XX y planteaba -entre muchos otros teóricos que han analizado el tema- que era el Estado el que tenía el monopolio de la "violencia física legítima" y aseguraba que "el Estado es la única fuente del derecho a la violencia".

En esa línea, lo que sucedió a partir del 18 de octubre da cuenta de parte de una sociedad que no concuerda con que el Estado sea el único que pueda echar mano a la fuerza y que considera legítimo utilizarla en la medida en que esta asegura que los distintos poderes -económico, político, judicial- dejen de abusar o violentar a los mismos ciudadanos, que sienten sus derechos conculcados.

Es interesante, entonces, entender de qué se habla cuando surge la palabra violencia. Según la RAE, se trata de "ímpetu, fuerza", mientras que alguien violento es quien "se deja llevar por la ira". ¿Es entonces la ira contenida la da lugar a los hechos de violencia? ¿O es más bien, como señaló el ministro de Defensa, Mario Desbordes, un intento por "echar abajo la República", que nada tiene que ver con derechos conculcados? Si se siguen las palabras del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, en cuanto a que "el rechazo a la violencia debe ser absoluto, independiente del contexto en el que se dé", ¿eso incluye también condenar con la misma fuerza la violencia de la desigualdad que incluso la OCDE mira con preocupación?

Lo cierto es que la violencia se ha apoderado de las calles desde el 18 de octubre pasado y no ha habido ni un diagnóstico ni una solución compartida por todos respecto de qué hacer con este fenómeno. ¿Se debe aplicar mano dura -más fuerza- para apagarlo? ¿Se debe permitir como parte de la manifestación en contra de los abusos y la desigualdad?

El debate está abierto, tanto a nivel político como de la ciudadanía. De hecho, diversas encuestas -como la Cadem del 20 de octubre de 2019- dan cuenta de que los chilenos mayoritariamente no respaldan el uso de la fuerza como método de protesta. Números que contrastan con una medición hecha por la UDP, publicada en enero de este año, en la que se muestra que al menos un tercio de los jóvenes encuestados considera adecuado generar barricadas o enfrentarse a carabineros.

Se trata de una discusión cuyo inicio y fin está lejos de encontrarse. El mismo Jadue adelantaba en su conversación que las manifestaciones continuarán incluso después del plebiscito de la próxima semana, independiente de cuál sea su resultado. La cabida que la violencia tendrá en estas, es parte de una discusión que no está cerrada y que probablemente tampoco terminará el próximo 25 de octubre. 2

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