Katherine Escalona M.

Una compleja situación en torno a los procesos de demoliciones y las propiedades abandonadas en Valparaíso reveló el informe de Control Interno de la Municipalidad porteña, del 22 de septiembre, que da a conocer un total de doce conclusiones con objeciones, en las que - incluso- ordena una sumario al municipio por dos demoliciones que se ejecutaron con fondos propios.

El informe, denominado "Auditoría a los procesos sobre demoliciones y declaración de propiedad abandonada", detalla faltas en relación a los procesos administrativos del municipio en diferentes departamentos, y menciona tomar acciones urgentes en relación al ascensor Lecheros, el inmueble Liberty-Tassara, el edificio Nasro Maluk y los inmuebles de la Escuela María Luisa Bombal, que se encuentran en evidente deterioro.

En relación a estos, el informe propone desalojo inmediato por el peligro que puede tener para las personas el estar en estos lugares. Es más, la situación del conocido Liberty llama la atención, porque el documento estima que "considerando su deteriorado estado y a fin de precaver daños a las personas, procede que la Municipalidad adopte acciones concretas e inmediatas, orientadas a poner término a la ocupación del mismo".

En este sentido, el documento precisa que "constituye una falta adicional permitir que personas ocupen desformalizadamente un inmueble municipal, existiendo además mora en el pago de las rentas correspondientes"; situación que - en parte- se replica en el caso del ascensor Lecheros, donde dadas "las carencias en el sistema eléctrico, no existen condiciones de habitabilidad, evidenciando un riesgo para los ocupantes, sumado a la falta de iniciativas de inversión".

Por este motivo, en el mencionado ascensor, la Unidad de Control sugiere que "con el fin de evitar daños a personas que pudiesen comprometer la responsabilidad patrimonial municipal, se ponga término inmediato a los contratos de arrendamiento".

Regularización

La situación del edificio Nasro Maluk y los inmuebles de la Escuela María Luisa Bombal son diferentes y tienen que ver con la regularización de las propiedades. En el primero, Control propone revaluar "en pos del costo oportunidad que significa la inversión versus lo restringido de las alternativas que existen para mejorar la estabilidad estructural del inmueble", y afirma que el "edificio se encuentra emplazado frente a un bien nacional de uso público y al no contar con arriostramientos estructurales existen riesgos de desprendimiento de elementos de la fachada".

Mientras, en los inmuebles de la Escuela María Luisa Bombal el documento propone hacer la tramitación de subdivisión de lotes ad portas del traspaso al Sistema Local de Educación Pública (SLEP), que podría significar perder inmuebles patrimoniales.

Sumario

Además, la auditoría insta a la casa consistorial a realizar un sumario, porque se observó "dos demoliciones ejecutadas por el municipio con fondos propios, externalizándose la ejecución del servicio sin seguir alguna de las modalidades de contratación previstas en la Ley 19.886 y su reglamento".

La investigación interna la sustenta, según el escrito, porque "en tales casos, simplemente se debió dictar un decreto alcaldicio ordenando el pago de los servicios, a fin de no provocar un enriquecimiento sin causa a favor del municipio".

Preocupante situación

La auditoría, tal como señala el documento de Control Interno, se realizó por la "presentación realizada por la Comisión de Desarrollo Patrimonial" y tuvo como objetivo hacer una revisión a los procesos, situación que valoró el presidente de dicha comisión, Daniel Morales (MVC), quien calificó el informe de "alta gravedad".

Morales precisó que el informe "devela una extrema precariedad con que esta administración ha abordado este tema y demuestra que el discurso no va de la mano de las acciones, ignorando facultades que le otorga la ley, lo cual repercute directamente en el cuidado y mantención de los inmuebles. Pero peor aún, esto trae consigo riesgos vitales a la población como lo acontecido en el lamentable suceso de la escalera Pasteur", la cual se derrumbó el 13 de agosto de 2019 y dejó un saldo de seis fallecidos.

Afirmó que "el informe es claro en afirmar que existe un detrimento en las arcas municipales al no haber realizado correctamente los procedimientos por lo que instruye el sumario respectivo", e incluso "describe la ilegalidad en el proceder del alcalde al delegar la dictación de los decretos en el administrador municipal, lo que además, da una clara señal de desentendimiento del problema".

En cuanto a los inmuebles municipales, dijo, "en el contexto de la compra del edificio Subercaseaux por parte de la Subsecretaría del Patrimonio no se debe olvidar que el municipio recibió en comodato el inmueble Nasro Malouk el cual también aparece en el informe, el cual hoy está convertido en ruina y que ofrece un importante desafío".

Agregó que la preocupación también está por la ocupación ilegal de los inmuebles y peligro de incendio, por lo que recalcó que tomará contacto con el contralor interno "para informar de otras medidas como demoliciones parciales", y la solicitud de un informe detallado de los inmuebles en abandono en Valparaíso.

Falta de recursos

El encargado de Operaciones de la Municipalidad, Ezio Passadore confirmó la situación de diversos inmuebles con orden de demolición, "pero debido a la falta de recursos y que aún no llegan los dineros comprometidos por el gobierno central para realizar estas demoliciones, no hemos podido realizarlas". "Este año hemos podido realizar sólo dos demoliciones que obedece una al cerro Polaco y otra al cerro Bellavista, ya que la situación estructural en la cual se encontraba el edificio representaba un riesgo para las personas", detalló.

La Oficina de Emergencia Municipal, afirmó Passadore, "tiene el catastro de las propiedades que tienen que ser demolidas, situación que se va a producir cuando lleguen los recursos comprometidos por el gobierno central", y aclaró que la mayoría de las casos que han tenido que efectuar demoliciones "han sido por licitación".

El municipio porteño, hace dos semanas, solicitó a las autoridades del gobierno que se hiciera el traspaso de mil millones comprometidos para comenzar con el proceso de demolición de inmuebles que están con peligro de derrumbe en la ciudad y así evitar alguna situación que afecte directamente a la población.

"Esto trae consigo riesgos vitales a la población como lo acontecido en el lamentable suceso de la escalera Pasteur".

Daniel Morales, Pdte. de la Comisión de, Desarrollo Patrimonial