Francisco Meneses V.

Ayer, la comisión investigadora de Casinos de Juegos de la Cámara de Diputados votó las conclusiones que irán en el informe que se presentará ante la Sala. Dentro de los puntos tratados en la instancia se acordó establecer responsabilidades de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), en lo referido a la fiscalización de situaciones como las que afectaron al Grupo Enjoy, concesionario del Casino Municipal de Viña del Mar.

"La comisión estableció un elevado grado de responsabilidad de la SCJ en el otorgamiento de licencias a la empresa Enjoy, debido a que esta empresa traía de largo tiempo un alto riesgo financiero, un estado de insolvencia anterior al estallido social y a la pandemia", dijo el diputado Rodrigo González (PPD), presidente de la comisión.

En esa línea, a juicio del parlamentario, "por tanto pudo haberse previsto que era altamente inconveniente la entrega de esas licencias a Enjoy, derivando posteriormente en un proceso de reorganización y el retraso en los pagos a la Municipalidad de Viña del Mar junto con el incumplimiento en las obras acordadas".

Antecedentes a fiscalía

Sin embargo, uno de los puntos que generó más discusión en la comisión fue la solicitud de realizar denuncias ante el Ministerio Público, referidas a eventuales préstamos ilegales a jugadores y autorización de juego por internet, materias no reguladas por la actual legislación y que, a juicio del diputado Andrés Celis (RN), no habrían sido investigadas por la SCJ, en el caso del Casino de Viña del Mar.

"Lamento que por 3 votos a favor, 4 votos en contra y una abstención, se negaran a enviar esta información al Ministerio Público, sin embargo, se logró remitir las conclusiones a la Comisión del Mercado Financiero, SII y Contraloría, quienes evaluarán si es necesaria otra medida", dijo el legislador.

En tanto, su par Osvaldo Urrutia (UDI) aseguró que "acá no se trata de buscar pasadas de cuenta o de establecer cuestionamientos de índole político, sino ser muy claro y objetivo con aspectos tan técnicos a la hora de poder establecer responsabilidades en el tema casinos". El diputado gremialista fue uno de los que votó en contra del envío de información a Fiscalía.

Según Rodrigo González, "acordamos solicitar a la Contraloría la investigación de las irregularidades administrativas, omisiones, faltas de fiscalización, negligencias y excesiva permisividad de la Superintendencia, en relación con su obligación con la cautela de los recursos públicos. Esperamos que el Ejecutivo realice los sumarios correspondientes y tome las medidas que corresponde".

Temas a regular

En los próximos siete días tendrá que estar listo el informe que la comisión presentará en la sala, dando cuenta de ciertas materias que requieren ser reguladas.

González aseguró que se buscan "corregir las insuficiencias y vacíos que tiene el sistema legal actual, a fin de mejorar la institucionalidad y regular de mejor manera la industria, el control de los operadores, mayores facultades para la eficiente adjudicación de las licencias, como por ejemplo el control de los préstamos y la regulación del juego online, que está prohibido, y donde la Superintendencia ha sido permisiva".

En tanto, Andrés Celis pidió al Ejecutivo y al Senado darle suma urgencia "al proyecto de ley que declara ilegales y sin remedio el comercio de máquinas tragamonedas, que sin contar con licencias de operaciones han invadido nuestro país, provocando una serie de externalidades negativas como la evasión, comercio ilegal, tráfico de drogas, asaltos y faros e inseguridad ciudadana".

"La comisión estableció un elevado grado de responsabilidad de la SCJ en el otorgamiento de licencias a la empresa Enjoy".

Rodrigo González, Diputado PPD

"No se trata de buscar pasadas de cuenta o de establecer cuestionamientos de índole político, sino ser muy claro y objetivo con aspectos técnicos".

Osvaldo Urrutia, Diputado UDI

La comunidad educativa de la escuela Ramón Barros Luco de Valparaíso, envió una carta a los concejales que fue leída en el Concejo Municipal de esta semana, en donde establecen que existe preocupación por "el abandono de la reconstrucción y recuperación del establecimiento".

Más aún, según especifica el escrito, cuando han tenido diez años de espera y el alcalde Jorge Sharp se comprometió en el 2018 a recuperar el inmueble. Por esto, solicitaron al jefe comunal porteño que se cumpla el compromiso adquirido "y tome todas las medidas necesarias para reactivar la recuperación del edificio patrimonial".

Esto, sobre todo, pensando en el traspaso al Sistema Local de Educación Pública (SLEP), donde los inspectores habrían informado a la comunidad educativa del establecimiento que éste "no fue registrado en el inventario de traspaso", por lo que surgen las dudas de cuándo estará operativo.

Ante esto, Comunicaciones de la Municipalidad de Valparaíso precisó que "los avances de las gestiones para retomar las obras de la escuela Ramón Barros Luco serán comunicadas a su comunidad educativa la próxima semana". Añade que "esperamos contar con el apoyo del Gobierno Regional para poder retomar las obras en el menor tiempo posible, con el objetivo de continuar con el conjunto de obras que están proyectadas en aquella zona de la ciudad".

Esto porque, el año pasado, el municipio porteño -que realizó la licitación del proyecto que fue financiado con fondos del Ministerio de Educación, con una inversión de alrededor de $6 mil millones - puso término anticipado al contrato con la empresa "Puerto Principal", que estaba a cargo de la restauración de la escuela, debido a los incumplimientos graves del contrato en que habría incurrido el privado para la ejecución de la iniciativa denominada "Normalización Escuela Ramón Barros Luco".

Comisiones

El presidente de la Comisión de Educación, Carlos Bannen (UDI) y el presidente de la Comisión de Régimen Interno, Marcelo Barraza (DC), confirmaron que la situación será revisada en ambas instancias para aclarar qué ha pasado con el proyecto.

Bannen recalcó que "acá lo que debe hacer la administración, encabezada por el alcalde Jorge Sharp, es decir en qué estado se encuentra el proyecto y decir cuánto es lo que nos falta para terminar de ejecutar, y cuáles son los plazos que están establecidos. Que nos comenten si han tenido conversaciones con el Gobierno Regional, con el Ministerio de Educación para obtener los recursos o si se va a tener que buscar alguna vía alternativa. Por esto, yo citaré a una comisión de Educación donde pediré que se nos informe respecto de todos los avances".

Barraza aseveró que "la escuela está en un completo estado de abandono producto de las fallidas licitaciones y quiebras de empresas inescrupulosas que ven en la reconstrucción de esta emblemática escuela una oportunidad de negocio. Esto no es sino el reflejo, una vez más, de promesas incompletas e inconclusas de esta administración, que no han sido capaces de ejercer el liderazgo que la educación pública municipal necesita. Lo vamos a ver en comisión".

"Esto no es sino el reflejo, una vez más, de promesas incompletas e inconclusas de esta administración".

Marcelo Barraza, Pdte. Comisión Régimen Interno

Ayer se llevó a cabo la audiencia de control de detención de dos sujetos, identificados por las iniciales K.M.M. y A.R.C., quienes - según la Fiscalía - estuvieron implicados en la quema de un Jeep Cherokee y una casa rodante (motorhome), en calle 10 Norte, entre 2 y 3 Poniente, en Viña del Mar, la madrugada del jueves, hecho por el cual el juez Miguel Sáez accedió a la prisión preventiva.

La determinación fue tomada después que la fiscal, Soledad Díaz, mostrara imágenes de la vestimenta de los sujetos y el auto en que se movilizaban. Además, se sumó la declaración de la propietaria del Jeep siniestrado, quien afirmó que uno de ellos era su ex pareja y que la había llamado preguntando que "se quemó algo".

Ante esto, la Fiscalía formuló cargos por el delito de incendio por el cual, ambos imputados, arriesgan 10 años de cárcel. En el domicilio de uno de los detenidos, se incautaron, además de las vestimentas, un bidón de color blanco de 2 litros, de color azulado, y con un fuerte aroma "característico a la bencina", dijo la fiscal.