"El estallido social dio lugar a conductas de violencia política y delictual de diferente naturaleza, y esta es una premisa esencial al tomarse una decisión de estas características. La destrucción de bienes públicos y privados, asociadas a saqueos e incendios, que afecta a la sociedad en su conjunto, especialmente a la población más carenciada, no puede tener el mismo tratamiento que el desorden del orden público que pudiera producirse por manifestaciones de la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos a expresarse en espacios públicos.

La destrucción de infraestructura de transporte, como las estaciones de metro, semáforos, refugios peatonales, entre otras, o de vehículos de transporte público, resulta inaceptable en tanto perjudica a los sectores de ingresos más bajos que deben desplazarse cotidianamente haciendo uso del transporte público.

También es necesario distinguir las acciones emprendidas por grupos de manifestantes, destinadas a proteger a terceros que pudieran resultar afectados por la violencia policial, a veces ilegal, de las acciones delictuales de bandas organizadas de saqueadores, que deben ser castigados con toda la fuerza de la ley y de nuestra institucionalidad. En este sentido, también ha de considerarse como parte de esta evaluación las conductas de efectivos policiales que pudieran ser tildadas de violencia excesiva o innecesaria, que escapan de sus atribuciones que contempla el uso legítimo de la fuerza en un Estado de derecho.

El proyecto de ley aprobado por la Cámara, que tipifica como delito la justificación o negación de las violaciones a los DD. HH. ocurridas en dictadura, fue declarado inconstitucional no por su contenido, sino por considerar que su aprobación exige un quórum calificado. El fallo no fue al fondo del problema, con lo cual lo dejó pendiente hasta cuando el país cuente con una Constitución que no cuente con estos amarres de la dictadura.

En mi opinión, el proyecto rechazado por el TC no vulnera la libertad de expresión; más bien, la protege. Ello en tanto la libertad de expresión es uno de los derechos esenciales que fue vulnerado durante la dictadura militar. En consecuencia, al sancionarse las conductas y actos que justifican, aprueben y/o nieguen los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, incluyendo la imposibilidad de ejercer la libertad de expresión, se la cautela como derecho esencial de la ciudadanía.

Ha de tomarse en cuenta la experiencia de países europeos que también tuvieron regímenes autoritarios en el pasado, en los cuales, de acuerdo a su legislación, se sanciona fuertemente las conductas y actos que justifiquen, aprueben y/o nieguen las atrocidades cometidas por los regímenes de facto. 2

Ha de tomarse en cuenta la experiencia de países europeos, donde se sancionan los actos que nieguen atrocidades de regímenes de facto".

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"No soy partidaria de que se creen instrumentos, fórmulas o leyes que generen una alteración en las tareas propias de cada uno de los poderes del Estado, porque creo firmemente en la independencia de los poderes y en la aplicación de nuestro sistema legal. En el caso del proyecto de amnistía, considero que es una intromisión al Poder Judicial ya que, en nuestro sistema jurídico, son los jueces quienes tienen la tarea de juzgar y condenar a los que comenten delitos.

Ahora, sí haría una distinción entre quienes causaron desórdenes en alguna protesta y quienes efectuaron quemas, saqueos o dañaron infraestructura pública y privada, acciones absolutamente condenables y que merecen las penas correspondientes a la gravedad de cada delito. No pueden quedar impunes acciones tan graves que han dejado sin empleo a cientos de porteños porque sus lugares de trabajo o sus negocios fueron quemados o saqueados y ya no existen.

Debemos ser capaces de distinguir entre quienes se manifiestan pacífica y legítimamente en las calles para que construyamos un país mejor -y qué mejor resultado de ello que el que hayamos aprobado la elaboración de una nueva Constitución para avanzar en dicho objetivo-, y los delincuentes que tienen tomadas las calles de Valparaíso hace mucho tiempo y que se han aprovechado para seguir delinquiendo. Condeno con mucha fuerza y convicción todo tipo de violencia y la delincuencia, sin medias tintas, y hago aquí un llamado de unidad, fuera de la política, para trabajar por las demandas sociales y no desgastarnos en aquellas cosas que nos dividen.

Respecto del proyecto sobre negaciosimo, era esperable la resolución del TC, ya que si nos remitimos exclusivamente al derecho internacional, la libertad de expresión sólo puede ser limitada en casos muy excepcionales y, por ende, para este tipo de materias, corresponde considerar que este proyecto limita esta libertad individual, pese a que no comparto para nada expresiones que nieguen las violaciones a los derechos humanos en dictadura que vivimos en nuestro país. Me quedo con lo expresado por el Director para las Américas de Human Rights Watch, en el sentido de que este tipo de expresiones, que son muy hirientes para miles de chilenos, no deben ser contrarrestadas con sanciones penales ya que éstas pueden convertir a los sancionados en víctimas generando aún más atención en ellos y en sus dichos. Tampoco hay que olvidar que el proyecto de ley contra el negacionismo transgrede los acuerdos internacionales de derechos humanos vigentes y, como muchas otras leyes, no impedirá lamentablemente que expresiones que niegan lo que pasó durante la dictadura militar sigan repitiéndose". 2

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No pueden quedar impunes acciones tan graves que han dejado sin empleo a cientos de personas".

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