La Gran Convención estuvo lejos de tener el espíritu democrático que se le pretenda dar a la Convención Constituyente actual. No obstante, considerando la población de la época, el número de representantes de 36, en términos proporcionales, era mucho más alta que la actual de 155 por 17 millones y medio".

Próximo a comenzar a discutirse cómo se llevará a cabo la elección de aquel grupo selecto que se va a hacer cargo de la redacción de una nueva Constitución, resulta interesante repasar la forma en que se elaboró la que sería, a la larga, la carta magna de mayor duración en la historia de Chile. El 1 de octubre de 1831, a través del Ministerio del Interior, el presidente Joaquín Prieto, ante la necesidad de reformar la Constitución de 1828, publicó una convocatoria para lo que fue llamado como "La Gran Convención".

A la Gran Convención estaban convocados dieciséis diputados y veinte ciudadanos "de conocida probidad e ilustración". El Congreso sería el encargado de elegir a los individuos que presentaran estas características. Las personas seleccionadas no podían renunciar y una que vez que fueran designadas, debían prestar el siguiente juramento:

"Juro por Dios nuestros Señor examinar la constitución política de Chile promulgada el 8 de agosto de 1828, y si hallare conveniente su reforma o modificación concurrir a hacerla según el dictamen de mi conciencia, en los términos oportunos para asegurar la paz y tranquilidad del pueblo chileno. Si así no lo hiciere Dios y la Patria me demanden".

No pasaron muchos días para que ese grupo de "Selectos personajes" se hubiera conformado, destacan los nombres de Joaquín Tocornal, Ramón Rengifo, Estanislao Portales, entre los diputados y de los ciudadanos: Mariano Egaña, Agustín Vial, Manuel Gandarillas, Juan de Dios Correa, por nombrar algunos de los veinte.

Antes de que se cumplieran dos años, el país ya contaba con una nueva Constitución. La noticia fue recibida y festejada en las distintas localidades del país, aunque siempre forzada por el Gobierno. En el caso de Valparaíso, el 7 de julio de 1833, se llevó a cabo la jura de la nueva Constitución en la Municipalidad de Valparaíso. El acto estuvo presidido por el Gobernador del puerto, en ese entonces, nada menos que Diego Portales. Luego de ser jurada por las autoridades, el texto fue llevado a la plaza principal, colocado en una tablilla "con la más posible decencia que se había preparado", según el relato de El Araucano y se procedió a su lectura y posterior juramento del pueblo "quien lo prestó con los mayores aplausos". Entonces, agrega la crónica: "Se distribuyeron medallas y tiraron monedas al público, concluyendo este acto con un repique general de campanas y salvas de artillería por las fortalezas y buques de guerra".

Como era la costumbre de todo acto solemne que se preciara de tal, unos días más tarde, se consagró el evento con una misa con todas las autoridades y corporaciones presentes en la iglesia parroquial, acto que concluyó con nuevos repiques de campanas, para que nadie quedara indiferente ni pudiera decir que no estaba enterado de la noticia.

Por si esto fuera poco: "En los días seis, siete y ocho se enarbolaron banderas en todas las casas de la población iluminándose en las noches de los mismos días y en los dos primeros se hicieron fuegos artificiales".

Esto mismo se repitió en las principales ciudades del país y la repetición de las crónicas da cuenta de dos cosas. El interés del diario oficial por uniformar un discurso de apoyo en torno a la nueva carta magna y, por otro, la voluntad del Gobierno por forzar un sustento popular al nuevo texto constitucional. A las monedas y fuegos artificiales se agregó en Concepción, por ejemplo, cánticos patrióticos, arcos triunfales, ejercicios y fuegos militares, todo esto en un ambiente que, aseguraba El Araucano: "nuestra carta se ha afianzado para siempre".

Finalmente, la Gran Convención estuvo lejos de tener el espíritu democrático que se le pretenda dar a la Convención Constituyente actual. No obstante, dentro de las reglas del juego, considerando la población de la época (según censo de 1835) era cercana al millón de habitantes, el número de representes de 36, en términos proporcionales, era mucho más alta que la actual de 155 por 17 millones y medio de habitantes que tenemos en la actualidad. Aunque claro, el voto era censitario, estaban excluida gran parte de la población, comenzando por la marginación de las mujeres. Esperemos que lo que resulte de este nuevo ejercicio constituyente, nos permita, como esperaba El Araucano, que la nueva carta se afiance por siempre...igual que la de 1811, 1812, 1814, 1818, 1822, 1823, 1828, 1833, 1925 y 1980. 2

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Víctimas del populismo parlamentario y de su propia incapacidad de liderar procesos, incluida su propia coalición, las advertencias y ruegos de los ministros, y del propio Presidente, han caído en suelo infértil, sin ser capaces de emitir ni siquiera una propuesta que pudiera hacerle el peso a la popularidad del 10%".

El proyecto de ley que esta semana aprobó la Cámara de Diputados y que permite un segundo retiro del 10% de los dineros de la AFP, ha generado una batahola en el gobierno de Sebastián Piñera, ante la posibilidad -cada vez más cerca- de que, tal como sucedió hace un par de meses, la derecha y la izquierda unida no logren ser vencidas, y finalmente la iniciativa se convierta nuevamente en una realidad.

Con el escenario que se produjo en la Cámara Baja -donde incluso la medida superó los votos que obtuvo la primera vez- y las señales que han dado desde el oficialismo, todo apunta a que en el Senado se podría repetir lo sucedido con el primer retiro. Ante aquello, el gobierno estudia qué hacer y el concepto de recurrir al Tribunal Constitucional ha vuelto a rondar en el ambiente.

En este escenario, hay tres elementos que llaman la atención. El primero, tiene que ver con el populismo acérrimo que está detrás de la diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, y su medida. La RAE define populismo como "tendencia política que pretende atraerse a las clases populares", tesis que pareciera quedar como anillo al dedo al analizar esta iniciativa y la forma de actuar de la parlamentaria humanista, que incluso ya ha adelantado que tiene preparado un tercer proyecto en la misma línea.

Así, en la tramitación de esta iniciativa poco se ha hablado de las implicancias que este segundo retiro puede tener y mucho menos qué sucederá con una eventual tercera extracción. Los parlamentarios han omitido declaraciones respecto de qué pasará con los recursos de cada chileno con miras a su jubilación y tampoco les ha interesado evidenciar que gran parte de la ciudadanía ya retiró mucho más que el 10% e incluso, según la Superintendencia de Pensiones, un 20% de quienes hicieron el trámite sacaron todo el dinero que tenían en su cuenta. De acuerdo a las proyecciones de la misma entidad -dadas a conocer, por cierto, a los diputados- más de cuatro millones de personas quedarían sin recursos en sus fondos de pensión de concretarse el segundo proceso.

¿Qué sucederá con ellos? No está entre las preocupaciones de los parlamentarios. Ese tema será harina de otro costal o problema de otro presidente, para ser más concretos. Lo cierto es que el Estado deberá hacerse cargo de esos cuatro millones de chilenos, si es que para ese entonces todavía existe el sistema de pensiones actual. De lo contrario, pensando en un régimen más solidario, serán los propios connacionales los que deberán subvencionarlos. Pero, nuevamente eso será problema de otro.

Un segundo tema tiene que ver con a dónde apunta la diputada Jiles con estos proyectos y por qué el resto de los parlamentarios la siguen como conejitos. Demás está decir que es en extremo impopular manifestarse en contra, lo que explica en gran medida la pregunta anterior. Sin embargo, una iniciativa que se viste de solidaria y afirma tener detrás una preocupación por la disminución de los ingresos de los chilenos por la pandemia, no se entiende a la luz de los números. Si el 20% ya retiró todo su dinero y se proyecta que -de aprobarse un segundo monto- será casi un 35% el que estará en esa situación, en realidad una tercera extracción sería precisamente para quienes más tienen, dejando fuera de esta medida a gran parte de la clase media y a los más vulnerables. ¿Para quién legisla, entonces, la diputada? ¿Solo para las encuestas, en las que más del 80% se manifiesta a favor de la iniciativa? ¿O será que en realidad lo que se quiere es destruir por la fuerza el sistema de AFP, a costa de la gente, sin tener ningún plan B para gestionar la jubilación de los chilenos?

Un tercer tema tiene que ver con el gobierno y la inmovilidad en la que ha caído. Víctima del populismo parlamentario y de su propia incapacidad de liderar procesos, incluida su propia coalición, las advertencias y ruegos de los ministros, y del propio Presidente han caído en suelo infértil. La parálisis gubernamental incluso ha determinado que no hayan sido capaces de emitir ni siquiera una propuesta que pudiera hacerle el peso o mejorar la popularidad del 10%. Solo han terminado observando desde la galería cómo la iniciativa avanza en el Congreso.

Finalmente, el escenario ante este segundo retiro -y un eventual tercero- es la más pura definición de populismo parlamentario, con muy pocos "valientes" que se atreven a ir contracorriente -como Pepe Auth- y que terminan sepultados en la ignominia y el descrédito, frente a una Pamela Jiles todopoderosa, un parlamento obsecuente y un gobierno "cataléptico". 2

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