Katherine Escalona M.

El preinforme de la Contraloría Regional de la República respecto al concurso de 15 cargos a directores de colegios, realizado entre octubre y noviembre del 2019 por la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval) - investigación solicitada por diferentes actores políticos del oficialismo, entre ellos, tres concejales y los diputados Osvaldo Urrutia, María José Hoffmann, Diego Schalper y Luis Pardo- dio a conocer que el procedimiento carece de acciones administrativas por parte de la entidad y descartó nexos políticos que había sido el motivo de la presentación.

Las autoridades antes mencionadas pedían a la Contraloría una investigación por presuntos vicios, la cual no prosperó. En el documento acusaban intereses entre los postulantes y el presidente regional del Colegio de Profesores, Mario Díaz, el Frente Amplio e incluso la exdirectora de educación, Silvana Sáez, quien fue destituida de su cargo por el alcalde Jorge Sharp tras el informe final de Contraloría que evidenció el pago de subvenciones de más de $931 millones de la Cormuval y otras anomalías.

Error administrativo

En los resultados, el preinforme da cuenta del control interno que efectuó el ente contralor donde evidenció que existe "ausencia de procedimientos destinados a verificar que los concursos para proveer los cargos de directores de establecimientos educacionales se realicen en la oportunidad prevista en la normativa aplicable".

Esto porque, según establece el documento, "se constató que la Cormuval carece de un procedimiento formalizado por escrito, destinado a controlar que los concursos públicos para la provisión de los cargos de directores de los establecimientos educacionales que administra sean convocados con la anticipación necesaria para que dichas plazas no queden vacantes" tal como lo exige la ley.

Al respecto, la Cormuval respondió en el proceso investigativo que el concurso - el cual finalmente fue anulado por el alcalde Jorge Sharp en mayo de este año por ser detectados, al menos, ocho vicios administrativos por parte la Dirección de Control y la Dirección de Asesoría Jurídica (DAJ)- obedecía al cumplimiento de la programación planificada del área de educación para dar cumplimiento a "los objetivos acordados con el Servicio Civil, buscando que la mayor cantidad de cargos de directores de los establecimientos sean llenados a través de concursos de Alta Dirección Pública, teniendo especialmente presente el bajo número de direcciones de establecimientos proveídos a través de este mecanismo".

La respuesta fue considerada como general por la Contraloría, que reconoció que sí hubo falta de información específica en la postulación a los cargos ya que no se mencionó el detalle, pide más antecedentes y concluye: "Toda documentación que no tenga una meta clara corre el riesgo de diezmar la eficiencia y la eficacia de una institución".

Descartan vínculos

A esto se suma que el documento descarta vínculos y establece que "analizados los perfiles de los cargos de director del Liceo Técnico de Valparaíso y de director del Instituto Técnico Profesional Marítimo de Valparaíso, contenidos en las pautas concursales, ha sido posible advertir que no difieren entre sí, de modo que no es dable sostener que fueron concebidos de manera diferenciada, para favorecer a algún postulante".

Asimismo, sobre la integración de las comisiones calificadoras y su intervención en los concursos cuestionados, la Contraloría constató que se formaron tres comisiones para los procesos directivos que iban a ser presididos por Sáez. Sin embargo, la profesional se inhabilitó por ser cónyuge de uno de los postulantes y por esto asumió el reemplazo Pamela Soto García, subdirectora de planificación y control del área de educación de la Cormuval, quien presidió dos comisiones.

Tras esto y la supervisión externa de la empresa Assertive Consulting Group Limitada se realizó el proceso, pero la nómina de quienes habían ganado fue publicada antes que fuesen notificada las partes correspondientes por lo que se determinó en el preinforme, que "es menester analizar la intervención que le cupo a las comisiones calificadoras".

Además, referente a los once casos donde pudo haber existido alguna falta a la probidad por relaciones directas, cónyuges o cargos en establecimientos, la Contraloría analizó cada caso y descartó los antecedentes por diferentes razones: en muchos hechos el vínculo no estaba establecido en la comisión evaluadora correspondiente al listado de postulación; no se confirmó vicio del proceso; o no se dieron todos los antecedentes para poder validar las situaciones denunciadas, por lo que se pidió nuevamente información a la Cormuval.

Respecto al examen de cuentas, además, se contactó al representante de la empresa Assertive Consulting Group Limitada, quien confirmó que la Cormuval no ha hecho efectivo el pago por lo que no procede a realizar esta acción.

Situación normada

Consultado sobre el proceso a la Cormuval el secretario general de la entidad, Marcelo Garrido, aclaró que "no nos podemos referir en detalle al preinforme porque es confidencial y su publicación antes que termine el proceso formal de Contraloría es una clara señal de la operación política que un sector de la política local ha querido montar".

Reconoció que "tenemos claridad sobre todos los antecedentes administrativos por el cual tomamos la decisión de no concretar el concurso y se van a descartar, que es lo más importante, varias de las acusaciones que se hicieron por diversos actores. Esto nos permitirá presentar acciones legales contra quienes buscaron dañar la honra de la institución y de las personas que fueron parte del proceso".

Agregó que "la decisión de no concretar el concurso siempre se justificó en que no se cumplieron una serie de pasos o requisitos básicos en cuestiones de carácter administrativo, por lo tanto, lo que corresponde es que Contraloría entregue el informe final para cerrar definitivamente un proceso que no se concretó", anunciando que "presentaremos acciones legales contra quienes interesadamente intentaron atribuir delitos o acciones fuera de la ley a diferentes personas de la actual administración".

"Tenemos claridad sobre todos los antecedentes administrativos por el cual tomamos la decisión de no concretar el concurso".

Marcelo Garrido, cargo

En un nuevo capítulo de la problemática que enfrenta el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien fue denunciado por seis concejales ante el Tribunal Electoral Regional por notable abandono de deberes e infracción grave al principio de probidad administrativa. En su respuesta al requerimiento, el jefe comunal solicitó la inadmisibilidad del mismo, entre otras razones, por la renuncia de los concejales Carlos Bannen, Marcelo Barraza y y Luis Soto, y ante esto "la solicitud de destitución deberá ser declarada inadmisible, o en subsidio, rechazada con costas, por no contar con el quorum necesario 'para ser declarada'".

Ante esto el abogado Rodrigo Flores, en representación de los concejales demandantes, expuso ante este punto que "en ningún caso se produce los efectos que pretende la contraria en su petición, ya que confunde los efectos de la renuncia al momento de presentarse el requerimiento y notificarse el mismo (trabándose la Litis), con la dictación de la sentencia, la cual se puede extender en el tiempo como una situación fáctica".

Según lo expuesto en el escrito, "si bien es cierto que tres de los concejales requirentes presentaron la renuncia a sus cargos con fecha 18 de noviembre del año en curso, ésta se produjo luego de haber actuado dentro de su mandato legal, por lo cual claramente lo hicieron dentro del marco normativo que los regulaba. Si dejar de tener presente que SS. ya había admitido a tramitación la demanda de autos y realizado esta parte todas las actuaciones procesales necesarias para emplazar judicialmente al demandado".