Francisca Álvarez N.

Esta semana, la Comisión de Derechos Humanos del Senado iniciará la discusión del proyecto de indulto general por razones humanitarias que busca beneficiar a los detenidos e imputados en el marco del estallido social que comenzó el pasado 18 de octubre.

Se trata de una moción parlamentaria liderada por los senadores de oposición Juan Ignacio Latorre (RD), Yasna Provoste (DC), Isabel Allende (PS), Adriana Muñoz (PPD) y Alejandro Navarro (País) que ha encendido el debate tanto al interior del Congreso como en el resto de esfera política y también entre los afectados.

Entre las justificaciones del proyecto la senadora Muñoz, que también preside la Cámara Alta, expresó que "no es aceptable que hace más de un año (los detenidos), hoy día en nuestro país no tengan derecho a un debido proceso. No se sabe en qué situación están, no se sabe cuáles son los cargos que se le pueden hacer".

El Gobierno, en tanto, en voz del subsecretario del Interior Juan Francisco Galli aclaró que "se trata de delitos graves", por lo que "si el proyecto avanza, lo que nos va a pasar es que esas personas van a dejar temer esa sanción".

La iniciativa promueve la absolución de delitos asociados, por ejemplo, al "alzamientos contra el Gobierno con el objeto de promover la guerra civil o de cambiar la Constitución, asimismo, para quienes incendiaran edificios o bien para aquellos involucrados en delitos de sustracción o destrucción de aquello que había o se guardaba en algún establecimiento de comercio", más reconocido como saqueo.

Proyecto sin apoyo

Desde Viña del Mar, el presidente de la Asociación Gastronómica Barrio Poniente de Viña del Mar, Javier Álvarez, manifestó estar en desacuerdo con el proyecto que beneficiaría a las personas que, desde su perspectiva, dejaron a muchos locatarios en bancarrota.

"En nuestro barrio sufrimos más de cien robos en menos de un mes, algunos locales fueron robados hasta diez veces causando grandes pérdidas a los emprendedores, e incluso, llevándolos a la quiebra (…). Muchos delincuentes se aprovecharon del estallido social para cometer robos y participar en saqueos con impunidad total", detalló.

Una posición similar adoptó Héctor Arancibia, presidente de la Corporación Comercio Unido de Valparaíso, comuna que ha visto el cierre de varios locales por los incendios que los han afectado. Éste no sólo criticó el contenido del proyecto, sino también a los senadores que lo auspician: "Para ellos, los delincuentes deben estar siempre en las calles", sostuvo el locatario porteño, el cual hizo la diferencia entre los que "marcharon pacíficamente y quienes se dedicaron a destruir propiedad pública y privada", los que, en opinión del dirigente, no pueden ser tildados de "presos políticos".

Si bien el texto del proyecto no debate en torno a los encarcelados por ideologías, el senador Juan Ignacio Latorre reiteró que el foco está quienes están privados de libertad. "El proyecto de ley propiamente tal no se trata de si en Chile hay o no presos políticos. Su foco es que hay personas, en su mayoría jóvenes detenidos, privados de libertad en el contexto del estallido social, en el contexto de una rebelión socio popular que tiene que ver con cómo, en muchísimos casos, no se ha respetado el debido proceso".

Al margen de esa discusión, la dueña del local porteño Driver PC, Graciela Ulloa, manifestó su negativa ante la ley de indulto que busca beneficiar a sujetos como aquellos que saquearon y posteriormente quemaron su local comercial que tuvo que cerrar y trasladarse hasta una galería.

"Después de que me saquearon y quemaron el local, dejando la escoba, que me digan que van a soltarlos... Sólo pienso que seguimos mal. En vez de ayudarnos a nosotros, que somos los que pagamos e intentamos levantar Valparaíso... con esto más me deprime saber que quieren soltar a esa gente".

José Antonio Dávalos, gerente general del hotel O'Higgins -que también fue afectado en febrero en la primera jornada del Festival y que tuvo que cerrar-, evaluó el proyecto con cautela. Dijo que si bien respaldaba la protesta y las demandas sociales, no así los hechos violentos: "Yo creo que el estallido social es totalmente justificable, hay cosas que hay que cambiar en el país, pero no justifico los destrozos que hubo, la fuerza ni los robos".

En este sentido, consideró que "quienes cometieron delitos tienen que pagar como cualquier chileno que haga algo que no corresponde, penado por la ley". No obstante, se mostró abierto a estudiar el caso a caso de los condenados que podrían apelar al indulto general de ser aprobada la ley. "Habrá algunos casos que se les podrá dar la libertad, con algún castigo social para que no vuelva a hacer lo mismo y si vuelven a recaer tendrían que ir a la cárcel", planteó Dávalos.

Según la Fiscalía Regional, los datos recabados desde octubre de 2019 a la fecha dieron cuenta de 12.185 imputados por más de cuatro mil diferentes causas asociadas al estallido social. De ellos 350 personas lo son por delitos en flagrancia, 714 por saqueos y han sido condenadas sólo 43.

"En vez de ayudarnos a nosotros, que somos los que pagamos e intentamos levantar Valparaíso... con esto más me deprime saber que quieren soltar a esa gente".

Graciela Ulloa, Dueña tienda Driver PC

"Habrá algunos casos que se les podrá dar la libertad, con algún castigo social para que no vuelva a hacer lo mismo y si vuelven a recaer tendrían que ir a la cárcel".

José Antonio Dávalos, Gerente del hotel O'Higgins

El sábado y el domingo, la región superó los 100 casos diarios de contagios por covid-19. De un día para otro, el aumento de casos nuevos fue de 27 llegando a cifrar 129 ayer. Crecimiento que va acorde a lo que sucede a nivel nacional, además, pues en los últimos siete días ninguna región ha bajado sus índices.

La ciudad que marcó el mayor registro fue Viña del Mar (37), donde la ocupación de playas y las aglomeraciones en los sectores de comercio han marcado las últimas semanas; seguida por Valparaíso (31), Quilpué (18) y Villa Alemana con 10, que son las comunas que contabilizan dos dígitos en el informe diario.

Cifras que aumentan la preocupación de un posible retroceso a Fase 2 del "Plan Paso a Paso", tal como sucedió en la Región Metropolitana. Sobre todo en la capital regional, que junto con Viña del Mar y Concón, son las que organizan el espectáculo pirotécnico de fin de año.

Provincias con casos 0

Lo peor es que si las cifras siguen en aumento, ese show precisamente es el que corre peligro. La semana pasada el intendente Jorge Martínez ya comentó que "si los indicadores no permiten nada, pues bien, como decíamos con los alcaldes ayer, habrá un botón rojo y si los números empeoran se cancelará toda actividad".

Lo cierto es que hay que aguardar un balance más adelante, porque todavía hay que esperar los efectos positivos que pudiese producir el confinamiento de fin de semana en la Región Metropolitana, y que ya significó una baja del 45% en la movilidad de la región, según lo informado por el seremi de salud, Francisco Álvarez.

Aunque nada de ello servirá si las personas no siguen con medidas de autocuidado para evitar los contagios: uso de mascarilla, lavado de manos frecuente -y en su defecto uso de alcohol gel-, y mantener la distancia entre las personas.

Por otra parte, y a diferencia de lo que sucede en las provincias de Valparaíso y Marga Marga, las de San Antonio y Petorca se portaron mucho mejor al registrar 0 casos en las últimas 24 horas. De continuar así, podría significar que las comunas que son parte de estas zona avancen a Fase 4, tal como sucede con Juan Fernández, la única comuna que está en ese estatus en la región.

En cuanto a los fallecidos hubo que lamentar cinco personas. Hasta el momento son las comunas de Viña del Mar y Valparaíso las que más acumulan mayor número de decesos con 211 y 210, respectivamente.

Siguiendo con el balance, se realizaron 3.928 exámenes PCR, y hay 52 camas UCI ocupadas por contagiados de covid-19.

Fiscalizaciones

Por otra parte, ayer la Armada entregó las cifras de las fiscalizaciones realizadas durante el sábado 12, incluyendo el horario de toque de queda. En este contexto, en los puntos de control sanitario fueron controlados 55.074 personas, 9 buses y 26.786 vehículos, cursándose 31 sumarios sanitarios además de 569 derivaciones a primer domicilio.

Respecto al flujo vehicular, y según el reporte de las concesionarias de las autopistas, el sábado ingresaron 13.584 vehículos y salieron 13.272 autos. En cuanto al toque de queda, hubo 77 infractores y durante las últimas 24 horas, en la región, se han entregado 53 salvoconductos .