Flor Arbulú

El pasado 28 de diciembre, la Contraloría Regional de Valparaíso evacuó el "Informe Final de Auditoría N° 644, de 2020 Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota- Residencia Sanitaria Hotel Queen Royal-A". Se trata del resultado de una auditoría y examen de cuentas al proceso de contratación, habilitación y utilización por parte del SSVQ al mencionado recinto.

Entre sus principales conclusiones hay dos materias que fueron remitidas a la Fiscalía Regional de Valparaíso para los fines que ésta que estime pertinente; y, por otra parte, solicite la adopción de medidas para que ciertas situaciones comprobadas no vuelvan a repetirse.

Los dineros

En cuanto al primer ítem "se comprobó que los servicios prestados por la empresa Sociedad Hotelera Gran Pacífico SpA por el uso de la RS Hotel Queen Royal A, mediante las facturas N° 1, 2 y 3, por las sumas de $76.077.890, $80.941.420 y $17.251.430, fueron pagados dos veces a la referida empresa".

Según detalla el organismo, las dos primeras corresponden al período del 29 de mayo al 28 de junio y la tercera del 1 al 7 de julio de 2020. Las facturas números 1 y 3, si bien fueron anuladas mediante las notas de crédito números 1 y 2, "igualmente fueron pagadas por la Tesorería General de la República y por otra, que la N° 2, fue pagada por dicha Tesorería y también por el SSVQ emitiendo este último el cheque manual (...), situaciones que generaron un pago indebido por un total de $174.270.740".

El Informe establece que el Servicio indicó que si bien se está "tramitando la gestión preparatoria de citación a confesar deuda caratulada 'Servicio de Salud Viña Del Mar Quillota / Sociedad Hotelera Gran Pacifico SPA' ROL C-4692-2020, ante el 1º Juzgado Civil de Viña del Mar", con audiencia fijada para el 15 de enero próximo, de todas maneras se "remitirá copia de este informe a la Fiscalía Regional de Valparaíso".

Ello "debido a que, por una parte, no se aclara quién y con qué antecedentes las aludidas facturas N°s 1 y 3 fueron devengados mediante los comprobantes contables N°s 6.460 y 6.428, respectivamente, y porque tampoco consta que el Jefe de Tesorería del ente auditado haya solicitado el desbloqueo de la mencionada factura N° 2 a la DIPRES".

El documento añade que se iniciará un "proceso sumarial, destinado a determinar las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas en dichas situaciones".

El otro aspecto por el cual también se enviará el informe a la Fiscalía es porque se comprobó el desembolso de $30.920.960 por habitaciones destinadas a staff, áreas limpias y sucias de enfermería, "sin que tales conceptos estuvieran incluidos en el contrato suscrito para el uso de Hotel Queen Royal A como RS (residencia sanitaria) y se determinó una diferencia entre los pacientes que pernoctaron en el respectivo día y los datos proporcionados por la Jefa del Departamento de Planificación y Gestión del SSVQ, derivando en un pago en exceso de $3.431.960".

Junto con enviar los antecedentes a la Fiscalía, el organismo procederá a formular el respectivo reparo.

Lo administrativo

Entre sus conclusiones, el Informe también recomienda tomar medidas y acciones para que a futuro este tipo de contratos no se vean afectados por las mismas razones. Una de ellas es que, por ejemplo, "no consta que en la elección de las RS, ese servicio de salud haya utilizado una pauta o fórmula con criterios o parámetros preestablecidos, que permitieran respaldar de manera objetiva la elección de un establecimiento para ser utilizado como tal, hecho que no se condice con los mencionados principios de eficiencia, eficacia y economicidad consagrados en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575".

Otro aspecto que se comprobó fue que "la resoluciones exentas N°s 3.332, 3.374 y 3.385, de 2020 -la primera, en donde se declaran aptas las dependencias del Hotel Queen Royal A para ser utilizadas como RS; la segunda, que aprueba los términos de referencia y trato directo de los servicios a ser prestados en dicho inmueble y la tercera, que aprueba el contrato suscrito con la Sociedad Hotelera Gran Pacífico SpA para el uso del mismo-, fueron dictadas por el SSVQ con posterioridad al inicio del uso de ese establecimiento".

A estos puntos se suma que se verificó que el convenio exige el "lavado de toallas y sábanas, una vez a la semana", aspecto que "no armoniza con lo establecido en el N° 1 de los lineamientos para la contratación de RS, en donde se previene que ese cambio debe ser a diario o cada vez se requiera (...); no instruye sobre el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de trabajo, establecido para las RS en el Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes-Covid-19; carece de medidas concretas de fiscalización y control respecto del acatamiento de las obligaciones contraídas; y, no contempló mecanismos de resguardo frente a eventuales incumplimientos por parte del proveedor".

Este Diario consultó la opinión al SSVQ respecto del informe, pero al cierre de esta edición no había respondido.

Tras el informe enviado por el gobierno a la Unesco, distintos sectores de la sociedad han expresado su preocupación y desacuerdo con éste. Pese a que el documento -que debe reportar cada dos años el estado de conservación del Área Histórica-, registró una serie de hitos sobre el avance de proyectos, se excluyó por completo el daño sufrido por inmuebles emblemáticos que son parte de la ciudad y se ubican en el sector circundante del sector que está en el listado de Patrimonio de la Humanidad desde 2003.

Al respecto el subsecretario de Patrimonio, Emilio de la Cerda, argumentó haber sido solicitado por ciertos puntos, que impedirían "informar todo". En tanto, Arturo Mitchell analizó el escrito en contexto, concluyendo que la situación efectiva del barrio histórico podría comprometer su estado patrimonial.

¿Sólo el sitio?

Según Mitchell, el Comité "solicita avances constatados de la definición del modelo de gestión. Hoy, dos años más tarde, vemos que no se ha desarrollado el Plan Director de Gestión Patrimonial, de responsabilidad exclusiva del alcalde en su rol de administrador del sitio, quien ha contado con cuatro años", asegurando que esta razón basta para la inscripción de un bien en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.

A su vez, "tampoco informa que Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL) puso fin de manera unilateral al contrato de concesión del proyecto de expansión del T2 de Valparaíso (...) y que del concurso del Paseo del Mar no se dice nada del informe de la Contraloría, que cuestiono el concurso de diseño, y que los gremios portuarios están pidiendo que el área sea de uso mixto".

Es en parte en estos puntos, identifica Mitchell, en los que "se ha generado una controversia". Ello porque "ya en 2017 Irina Bukova, directora general de Unesco 3 en su visita a Chile, a pregunta en entrevista de televisión respondía que tanto Mall Barón como el T2 si podrían comprometer la permanencia del Sitio en la lista de Patrimonio Mundial. ¿Corresponde o no informar solamente del Estado del sitio? ¡Es la pregunta!".

Al mismo tiempo, el diputado Marcelo Díaz, del movimiento UNIR, realizó un llamado a la rigurosidad y advirtió que "afirmar que Valparaíso está lejos de que la Unesco la inscriba en la lista negra, es derechamente mentir o evitar una verdad". "Mi llamado al subsecretario De la Cerda es a ser más claro en estos temas. El gobierno debe, por un acuerdo internacional, hacerse cargo del casco histórico de Valparaíso", acotó.

En la tarde de ayer, personal de Carabineros informó a Fiscalía que había recibido la denuncia del fallecimiento de un niño de tres años por imersión, traes caer en una piscina ubicada en la propiedad de su familia en el sector de Lo Galdamez, comuna de Santa María, provincia de San Felipe. "Con tales antecedentes la Fiscalía dispuso la concurrencia del Servicio Médico Legal y de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Los Andes, a fin de recabar mayores antecedentes que den cuenta de cómo se originaron los hechos", informó el fiscal de turno de San Felipe, Alejandro Bustos. Según se señaló, el niño se encontraba con su familia cuando ocurrió el deceso.

Las comunas de Valparaíso y Juan Fernández desde ayer comenzaron la etapa de transición al Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso. En total son 66 establecimientos educacionales, un Liceo Bicentenario (Colegio Insular Robinson Crusoe), con una matrícula a octubre del año 2020 de 18.667 estudiantes, y 3.356 funcionarios. En marzo del año pasado fue elegido por Alta Dirección Pública Manuel Pérez Pastén como director ejecutivo del servicio, quien destacó que "se realizó un arduo trabajo, para hacer un traspaso que mantenga la dignidad del ámbito laboral de cada uno de los trabajadores, tanto en sus figuras de convenio, de los beneficios que han tenido, antigüedad, perfeccionamiento, y otros".