De forma unánime, el directorio de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso (CRCP) eligió al empresario rapanui José Pakomio Torres, de 36 años, CEO y cofundador del hotel nativo sustentable de la Isla de Pascua, Eastern Island Eco Lodge, y también activo presidente de la Junta de Vecinos de Reñaca Bajo, como nuevo presidente de la entidad para el período 2020-2023, en reemplazo de Pier-Paolo Zaccarelli, quien estuvo a cargo durante los últimos cinco años.

El joven empresario anunció que focalizará sus esfuerzos en el desarrollo de los Centros de Negocios -el de Viña fue recientemente adjudicado y se apresta a abrir en febrero-, insistir en las mesas de Trabajo, de Mujer y de Valor Compartido, con un fuerte énfasis en el apoyo a la reactivación de las pequeñas y medianas empresas, como de la economía regional, con un marcado acento en el comercio electrónico y las ventas digitales, las cuales debiesen llevarse un acelerado protagonismo en los próximos meses.

El presidente saliente, en tanto, el conocido empresario vinculado a Enjoy, Pier-Paolo Zaccarelli, deja una vara bastante alta después de un lustro de servicio tras reemplazar a Gustavo González en el cargo. Su gestión fue marcada por un profundo sello innovador, con un importante -e indiscutible- esfuerzo en potenciar las virtudes, desarrollos y funcionalidades de los emprendimientos e industrias locales.

Zaccarelli, asimismo, pareció también estar dotado del componente político necesario para este tipo de cargos, con una intensa participación en las mesas regionales desde los tiempos del exintendente Gabriel Aldoney a la fecha, vinculándose de forma decidida en gatillantes multisectoriales tan importantes como fue la creación de la Corporación Regional de Turismo Valparaíso Región, cuyo directorio integra hasta la fecha.

Es de esperar que la gestión de Pakomio, empresario joven, ganoso y bien intencionado, cuyo expertise radica en el turismo, aporte en la continuidad de la gestión de su antecesor y fortalezca la internacionalización de las empresas locales, el no amilanamiento ante la aplanadora capitalina y, a la vez, consiga un relato propio, que podría estar guiado por los temas tocados en sus primeras declaraciones, pero que bien debiesen ser complementados con una real descentralización regional y conseguir empujar las paquidérmicas estructuras de las secretarías regionales ministeriales pertinentes.

No han sido tiempos fáciles para el gremio. La vandalización de las ciudades durante el estallido social y los meses que siguieron, sumados a la pandemia, terminaron por golpear a la zona de una manera casi terminal. Sin embargo, y asumiendo que si esta Región algo tiene, eso es precisamente resiliencia, solo queda esperar tiempos mejores para el empleo, el comercio, nuestras ciudades y, finalmente, la calidad de vida de sus ciudadanos, que es el fin último de todos quienes se embarcan en tareas como las asumidas por Pakomio.

El aumento de un 20% en la inversión estatal y el foco en Valparaíso para construir viviendas sociales es una buena noticia que ayudará a la reactivación y a seguir atacando el déficit habitacional. Sin embargo, este anuncio no necesariamente llegará a los territorios que más lo necesitan, pues no depende del Gobierno dónde se emplaza cada proyecto específicamente, por lo que la medida podría no tener los impactos esperados.

La construcción es un canal importante para la recuperación económica dado su impacto en otros sectores de la economía. Pero, más allá de su poder contracíclico, la pandemia ha mostrado cómo la ausencia de espacios habitacionales y barriales adecuados afecta a los sectores más marginados. Diversas investigaciones -entre ellas, un estudio publicado durante el 2020 por la Fundación Piensa- han mostrado cómo el covid-19 se exacerba en condiciones de hacinamiento y malas condiciones sanitarias, lo que se suma a una larga lista de otros efectos, como logros académicos y movilidad social en el largo plazo.

Lo anterior es relevante si hablamos de Viña del Mar y Valparaíso, dado que ambas concentran un gran porcentaje de viviendas hacinadas y en situación de campamentos. Sin embargo, ya que el Gobierno no controla el emplazamiento de los proyectos, la decisión de localización depende exclusivamente de empresas privadas y decisiones financieras. Más aún, si se mantiene la tendencia de los últimos años, las comunas que más capturen proyectos serán Villa Alemana y zonas interiores, como Los Andes y alrededores de Quillota, los que contrastan con Valparaíso y Viña, que concentran menos del 15% de los proyectos de integración adjudicados entre los años 2016 y 2019. Aunque ello podría cambiar con el nuevo banco de suelos, su incidencia será baja, al menos en el corto plazo.

Para cambiar el curso actual, los gobiernos locales son un agente clave a la hora de estimular la producción de viviendas sociales en sus comunas. En diversos países, las municipalidades, junto con ministerios y desarrolladores inmobiliarios, trabajan en torno a metas conjuntas y en áreas previamente definidas como de interés público para el desarrollo de estos proyectos. Una vez establecidas estas zonas, se trabaja con comités de viviendas y se busca la adquisición o cesión de suelos para ayudar a materializar estos proyectos; en caso de que no sea factible ceder terrenos, se busca utilizar herramientas reguladoras para dar bonos de construcción o densidad que permitan a los proyectos ser viables económicamente mientras se logran los objetivos de política pública.

El anuncio de una mayor inversión en la zona es ciertamente una buena noticia para la región. No obstante, los gobiernos locales de las comunas costeras del Gran Valparaíso deberán trabajar más para atraer proyectos a sus comunas y así atacar los déficits habitacionales que enfrentan -ello se suma a los problemas de segregación residencial que enfrentamos-. Sin lo anterior, es muy probable que sigamos liderando el ranking de las zonas con mayores campamentos del país.

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