Contraloría rechaza evidencia que validaba trabajo en liceos
VALPARAÍSO. Entidad desestimó los argumentos presentados por la Cormuval dado el informe final N° 273 que cuestiona las denominadas "áreas productivas".
La Contraloría Regional de la República desestimó los argumentos presentados por la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval), en el marco del informe final N°273 del 2020, de octubre del año pasado, que cuestiona el funcionamiento de las denominadas "áreas productivas" en dos establecimientos educacionales porteños e informa de un juicio de cuenta que bordea los $931 millones por el mal uso de subvenciones.
El periodo auditado por Contraloría es entre el 1 de enero del 2017 y el 30 de junio del 2019. Ante esto la Cormuval hizo sus reparos centrados en que las "áreas productivas" funcionaban desde antes de esa fecha y, entre otras explicaciones, que están creadas con la finalidad de dar prácticas profesionales a los estudiantes siendo parte del proceso pedagógico. Sin embargo, los argumentos expuestos por la Cormuval fueron rechazados, casi en su totalidad por la entidad fiscalizadora, lo que queda expreso en el oficio Nº E69188 / 2021.
En el documento, la Contraloría Regional de la República confirma que mantiene las observaciones del informe final respecto al trabajo escolar en el Liceo Técnico Valparaíso y el Liceo María Luisa Bombal. En el caso del juicio de cuentas, en tanto, se rebaja el monto por $32.400 pesos por haber estado justificados en la compra de libretas a uno de los establecimientos.
En el documento, la Contraloría establece que "tratándose de lo expuesto por la Cormuval en su primera presentación, es imperativo destacar que no aporta elementos concretos y específicos que permitan entender que la existencia y operación de las cuestionadas áreas productivas".
En relación con esto, explica el escrito, la Cormuval sostuvo que el propósito de las áreas en cuestión (...) permiten el desarrollo de talleres para los alumnos durante el curso de sus estudios y el cumplimiento de la práctica profesional. Pero, según el documento, "la evidencia recabada durante la respectiva auditoría permitió constatar que las áreas productivas se dedicaban, principalmente, a la comercialización de bienes y servicios".
La entidad fiscalizadora deja claro que el cuestionamiento "no implica una objeción a la posibilidad de que los alumnos de los referidos establecimientos desarrollen actividades formativas (...), sino que dice relación con la falta de vinculación entre las acciones cumplidas en tales espacios y la enseñanza impartida en esos planteles" y lo mismo aplica a la posibilidad de prácticas profesionales.
Además, tras los argumentos presentados por Cormuval, se aclara que legalmente no hay habilitación general para comercialización en esta materias y desvalida el principio de "confianza legítima" que apela la Corporación.
En relación con la rendición de cuenta por subvenciones, en tanto, el escrito precisa que los antecedentes aportados no son suficientes para acreditar los fondos que gastaron porque, entre otras cosas, en lo presentado existe un "desfase de aproximadamente dos años". Pero sí se considera la suma de $32.400 por la compra de 1.200 agendas en beneficio al Liceo Técnico Valparaíso -cuyo calor total fue de $1.620.00- y por esto la Contraloría "procederá a formular un reparo por la suma total de $927.241.460".
Cormuval
Respecto a la situación, el director de asesoría jurídica de la Corporación, Rodrigo Vallejo, aseveró que "estimamos que los antecedentes aportados por los establecimientos educacionales y que fueron oportunamente puestos a disposición de la Contraloría Regional de Valparaíso, permitían haber reconsiderado de manera sustantiva el informe final N°273", situación que no fue así.
Por esto, Vallejo precisó que "existiendo recursos legales pendientes, nos encontramos analizando el oficio N°E69188 con el objeto de hacer uso de los referidos recursos, en todas las instancias legales pertinentes" y reiteró que "somos respetuosos de la normativa y aspiramos a que las actuaciones de personas que forman parte de la institución se sujeten a derecho, por lo que ciertamente aceptaremos la resolución final e implementaremos las medidas correctivas que resulten pertinentes".
"Nos encontramos analizando el oficio con el objeto de hacer uso de los referidos recursos, en todas las instancias legales".
Rodrigo Vallejo, Director Asesoría Jurídica
$32.400 fueron descontados del juicio de cuentas. La cifra a restituir bordea los $927 millones.