"Solemnemente juro que desempeñaré fielmente el cargo de presidente y que, con la mejor de mis habilidades, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos". Esta frase enunciaba el pasado miércoles Joe Biden, flamante nuevo mandamás del país del norte. Luego de eso, se oficializaba su llegada a la Casa Blanca (celebrada por muchos en todo el mundo). No juraba proteger la bandera, ni al pueblo virtuoso, ni a su partido, sino que a la Constitución. Un librillo escrito por humanos que, en ese momento, tomaba ribetes casi tan sagrados como la biblia familiar en que sostenía su mano izquierda. Y es que, de alguna u otra forma, una constitución representa todo lo que una autoridad debiese defender, partiendo por el Estado de Derecho y los valores democráticos más basales de cualquier sociedad.

En Chile, las autoridades que asumen el poder realizan un juramento similar. Sí, incluso esos diputados que han transformado la presentación de proyectos inconstitucionales en un deporte nacional. Esos mismos que no condenan la violencia y que incluso (por acción u omisión) alientan a rodear al Congreso y a la futura convención constituyente. En ese contexto (y a diferencia de Estados Unidos), resulta algo esperable que el poder simbólico y real de la constitución se haya diluido en nuestro país. Y con eso, me refiero a la constitución y no a nuestra actual Constitución.

Muestra de lo anterior es la actitud que han tomado algunos candidatos a convencional constituyente. Entre más de mil opciones disponibles, deberemos convenir en que hay de todo. Sin embargo, varios parecen creer que el capital social o sus historias personales los hacen merecedores de un sitial en la mesa en que se decidirán nuestras bases más elementales. Parecieran olvidar que la redacción de ese libro (casi sagrado para cualquier democracia) supone precisamente el prescindir de uno mismo. Dejar los egos y las experiencias propias para ponerse a disposición de un proyecto por esencia colectivo. Eso es lo que debe llevar cualquier convencional a la mesa. La disposición a dialogar y escuchar.

El sistema electoral con que se escogerán a los convencionales puede, sin duda, distorsionar el sentido de las futuras discusiones. En buena hora, escogeremos entre candidatos que representan ciertos distritos. Considerando las inequidades territoriales que vivimos, este sistema resulta fundamental si pretendemos que todas las sensibilidades locales se encuentren presentes en la mesa. El problema es que, sin embargo, las temáticas a tratar requerirán, incluso, que dejemos a un lado nuestras propias identidades territoriales. Solo a modo de ejemplo, al discutir nuestra futura administración territorial del Estado, no debiésemos promover una pugna entre el distrito 6 y el distrito 7. Al contrario, debiésemos abstraernos y reflexionar sobre qué sistema representa lo mejor para todos.

Este problema parece sencillo, pero en vista de los discursos predominantes, me aventuraría a sugerir que será de difícil solución. Gran parte de los candidatos llegarán al proceso con banderas y causas que-por más legítimas que sean-podrían provocar un daño irremediable al proceso.

Lo más visible se relaciona con la promoción y protección de derechos. A modo personal, me encantaría-por ejemplo-que la nueva constitución consagrara de forma explícita ciertos derechos de cuarta generación, asociados a las nuevas tecnologías. Desde el derecho al olvido, a la protección de datos y a la propia identidad digital. Sin embargo, sería un sinsentido convertir esa causa personal en una traba al proceso de diálogo. Por más que llegue con una propuesta de redacción, lo más probable es que, para asegurar ese y otros derechos, debamos utilizar más goma que lápiz al apartado de garantías constitucionales. Con una cuota de humildad y altura de miras, quizás me vería obligado a dejar mis legítimas aspiraciones personales a un lado.

Pero los riesgos también se asocian con las identidades. Por el hecho de ser del distrito 6 o 7, por ejemplo, uno podría intuir una cierta inclinación natural por un Chile más desconcentrado y descentralizado. Este es un tema propiamente constitucional que, sin duda, deberá ser parte importante de las discusiones de la convención. Sin embargo, nuestros representantes no pueden transformarse en meros "constituyentes regionalistas".

Entonces, ¿qué esperar de nuestros futuros constituyentes? Pues, a mi juicio, desprendimiento. Desprendimiento de sus causas personales y de sus identidades. Eso no implica, por cierto, vaguedad doctrinaria. Las discusiones que vienen serán políticas, con principios en juego y visiones de sociedad en un constante enfrentamiento. Pero, desde valores y principios sólidos, sigue siendo posible promover una lógica de diálogo. Después de todo, solo así construiremos una casa en donde todos-los del apruebo y del rechazo-nos sintamos cómodos.

Nuestra Región en la Convención

La Región de Valparaíso escogerá el 11 de abril a 16 representantes para redactar la nueva Constitución. Para efectos electorales, se divide en el distrito 6 y 7. Cada uno, elegirá a 8 convencionales constituyentes, siendo estos necesariamente 4 mujeres y 4 hombres. Ellos participarán en una conversación entre iguales, donde se definirá la estructura jurídica que tendrá la convivencia dentro de nuestra sociedad.

Muchos de los aspectos que se tocarán en la Convención tienen una connotación nacional, como la salud, educación o sistema de pensiones. Creo que mejorar la salud pública es algo que nos importa y convoca a todos, sin que medie algún tipo de interés especial de una Región por sobre otra.

Sin embargo, hay otros temas donde nuestra Región tiene que liderar la discusión constitucional. Aquí tendremos que mirarnos, entender nuestros propios problemas y proponer soluciones concretas.

Primero, el agua, un recurso necesario para la vida misma. Actualmente la Constitución vigente se limita a indicar que todos quienes tengan derechos de aprovechamiento de aguas, ostentan un derecho de propiedad por sobre la concesión. En palabras simples, hoy la Constitución permite que haya propiedad privada por sobre cuotas de caudal.

La propiedad privada permite excluir a los que no son dueños. También mercantiliza al agua en forma excesiva, ya que los derechos de aguas se pueden vender y comprar, como si fueran un auto o una prenda de vestir. El problema es que no podemos comparar al agua con cualquier otro bien.

Nuestra Región vive una sequía de enorme magnitud, siendo Petorca uno de los sectores más afectados. La nueva Constitución no puede cambiar los fenómenos climáticos, pero sí puede cambiar dos cosas que ayudarían a mejorar la situación del consumo de agua.

Primero, consagrar el derecho fundamental al agua, que hoy no se reconoce. Implica el derecho a tener acceso a un agua de calidad, potable, salubre y asequible para el consumo personal. Con esto, se protegería una prioridad vital: el agua no puede faltar en los hogares. También se podrá definir si los derechos de agua seguirán estando protegidos bajo propiedad privada, o no.

Un segundo tema que nos afecta como Región es la vivienda. El derecho a la vivienda adecuada no se encuentra consagrado en la Constitución vigente. Se entiende como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Impone al Estado deberes de crear políticas públicas eficaces que permitan acceder a una vivienda, lo que no implica necesariamente entregar una vivienda en propiedad.

Nuestros convencionales tendrán algo que decir a este respecto, ya que de acuerdo a cifras del Catastro de Campamentos Nacional de 2019, Chile tiene 802 campamentos, con un total de 47.050 hogares. Viña del Mar es la comuna con más campamentos de todo el país, contabilizándose un total de 73, con 7.007 hogares y 16.791 personas. Le sigue Valparaíso, que se sitúa en el segundo lugar a nivel nacional, con 65 campamentos, 2.632 hogares y 5.795 personas.

Es hora de que afrontemos como Región este problema. De todos depende elegir a convencionales que defiendan la incorporación constitucional de este derecho, lo que permitirá luego crear leyes y mejorar políticas públicas en materia de vivienda.

Un tercer tema importante es la descentralización. Típicamente, una Constitución se refiere a la forma de Estado que se tendrá. Hoy Chile es un Estado unitario, caracterizado por tener, a grandes rasgos, un solo centro de impulsión política. Esto ciertamente se tendrá que discutir.

En caso que se mantenga una forma de Estado unitaria, se debe, necesariamente, avanzar en una mejor descentralización administrativa, que implica una suerte de autonomía decisional. Es hora de dar mayores capacidades a los gobiernos locales, ya que estos conocen de mejor manera los distintos problemas que aquejan a las personas.

Es imperativo que todos y todas nos interesemos e informemos sobre la posición que tomará nuestro candidato sobre estos tópicos. No da lo mismo tener agua bajo propiedad, que agua pública con seguridades para que todos puedan consumirla. Tampoco da lo mismo tener a un Estado que no reconozca a un derecho social tan importante como la vivienda. Lo mismo para la descentralización.

Nuestras y nuestros representantes deben estar a la altura y defender estos cambios constitucionales tan importantes para la Región.

Pedro Fierro