Los alcances sociales de un caso criminal
El cierre de la investigación del homicidio debe llevar a un juicio que deje a la vista las causas profundas del brutal ataque. "Este caso, fuera de la gravedad que significa el asesinato de un ser humano, encierra interrogantes sobre una realidad que tiene alcances en todo el país, como el ingreso ilegal de un delincuente y la explotación del problema de vivienda".
La Fiscalía ha cerrado la investigación por el brutal homicidio en que resultó víctima el ingeniero Alejandro Correa Correa, ultimado por un sicario en la puerta de su casa en Concón. Por el caso hay cuatro detenidos; el sicario, Víctor Gutiérrez Londoño, un colombiano que ingresó ilegalmente en el país; Renato López Fuentes, acusado de ser el autor intelectual del homicidio; Melissa Palma Valdés, pareja de Gutiérrez, y Claudio Riveros, en cuyo vehículo se trasladó el homicida hasta la residencia de la víctima.
Terminada esta etapa investigativa con los antecedentes reunidos, la Fiscalía, en juicio oral, formulará la acusación a los imputados que están en prisión preventiva. El próximo paso es la preparación de ese juicio en el Tribunal, instancia en la que se conocerán los antecedentes reunidos por la Fiscalía. Entre esos antecedentes se debe determinar la causa precisa que llevó al acusado López a ordenar al sicario Gutiérrez su brutal acción. Se ha señalado que tras esa acción está la ocupación ilegal de terrenos de la víctima en Quilpué. Ante ese ilícito Correa había hecho una denuncia por ocupación ilegal y el uso de maquinaria pesada para remover tierras y, presumiblemente, lotear el predio para eventuales ventas.
Este caso, más allá de lo irreparable que significa el asesinato de un ser humano, encierra una serie interrogantes sobre una realidad que tiene alcances en todo el país.
La primera de ellas refiere al ingreso ilegal de un delincuente al territorio nacional. No es el primer caso detectado y da cuenta la permeabilidad de nuestras fronteras. Esta luego el tema de las ocupaciones ilegales de terrenos lo que aparece para miles de personas como la solución ante un problema habitacional real que las autoridades de Vivienda no han podido resolver pese a políticas e inversiones realizadas a través de los años. Esta realidad ha dejado el campo libre a inescrupulosos que explotan la necesidad con ocupaciones "profesionalizadas" incluso con el empleo de maquinaria y planificación técnica.
Junto a estas acciones, que suponen ocupaciones de terrenos públicos y privados, hay un problema anexo que también habla del abuso de estos "corredores informales": se condena a las personas que ocupan esos espacios a grandes riesgos ya que generalmente se trata de terrenos que no son adecuados para la vivienda. Ello queda de manifiesto en casos de incendios, como los ocurridos en Valparaíso, o de inundaciones y derrumbes como los registrados en las últimas horas.
El caso del asesinato de Alejandro Correa exige condenas ejemplarizadoras, pero no puede tomarse como un hecho delictual aislado, pues hay un trasfondo de mayor alcance en lo social cuando se explota la carencia habitacional.