una ley de rentas regionales o la propia Ley orgánica de gobierno y administración regional.

- ¿Qué competencias esenciales que no están en la nueva institucionalidad de los gobiernos regionales debería transferir el Presidente a las regiones?

- El gobierno ha transferido al 15 de febrero del 2019, unas 15 competencias de baja entidad. Después se interrumpió la transferencia de competencias de oficio, es decir, las que tiene por atribución exclusiva el gobierno central, en el cual no se observa voluntad política para continuar con el proceso. Conforme a la normativa, los gobiernos regionales tienen que esperar hasta el 2022 para solicitar nuevas competencias. En principio, solicitaremos que la elaboración de los planes reguladores intercomunales y la calificación de los proyectos que pasan por la evaluación medio ambiental sean de competencia del gobierno regional. En mi opinión también debería corresponder al gobernador regional proponer ternas al Presidente para nombrar a los seremis. Pero más allá de estas demandas programáticas, creemos necesario participar en el debate constitucional para abogar por el establecimiento de un catálogo de servicios descentralizables, que defina la frontera entre las competencias nacionales y regionales. Ello, contribuiría a crear certezas y evitar la discrecionalidad en el proceso descentralizador.

- ¿Están bien delimitadas las funciones del gobernador regional elegido y del delegado presidencial regional designado por el Mandatario, o cree que esa difusa frontera será una fuente de conflictos, en la medida que a ambos les corresponde coordinar y supervisar determinados servicios?

- No hay ningún proceso descentralizador en el planeta que esté o haya estado exento de conflictos. Lo fundamental es regularlos adecuadamente. Somos partidarios de establecer instancias de coordinación y cooperación con todos los niveles de la administración del Estado. Deberíamos instaurar los contratos nación-región-municipio que nos permitan asociarnos en objetivos comunes a desarrollar y concretar en el territorio. Ahora bien, si no hay acuerdos y se plantean conflictos de competencias, la mesa técnica de descentralización planteó que esas contiendas las debía resolver el Contralor General de la República, postura que creemos correcta.

DERECHOS SOCIALES Y DESARROLLO ECONÓMICO

- ¿Cuáles son sus fortalezas frente a sus competidores?

- Siempre es incómodo hablar de sí mismo. Mi esfuerzo en esta candidatura se dirige a persuadir y convocar a una amplia fuerza política y social representativa de la pluralidad necesaria para impulsar las transformaciones democráticas que el país está exigiendo, pero sin que éste quede paralizado por el conflicto y la ruptura. Me propongo representar a esa gran mayoría social que anhela una democracia con derechos sociales en un país con instituciones sólidas y desarrollo económico sustentable. Eso supone una acción política permanente y coherente por conciliar esos objetivos con decisión, sin descalificar ni desconfiar de todos los demás. No veo ese mismo esfuerzo en las otras candidaturas. Es un error o una mala intención atribuirme que pertenezco o represento a una elite, me eduqué gracias a la educación pública, como rector de una universidad estatal, elegido por su comunidad académica, marché con los estudiantes y luché por más beneficios, como la gratuidad. Actué con la consecuencia moral y cívica que me correspondía. Por eso mismo, nunca me referiré a las personas que representan las otras candidaturas.

- ¿Es partidario de un indulto a los detenidos por hechos de violencia tras el 18 de octubre, que según la Corte Suprema son 26 civiles y 11 funcionarios del Estado en prisión preventiva?

- En los casos que aún permanezcan personas sometidas a prisión preventiva considero muy extendido el tiempo transcurrido y ello debe terminar mediante normas legales para agilizar los procesos. Respecto de las sanciones penales estas deben aplicarse garantizando el debido proceso porque no estoy de acuerdo con reprimir ni sancionar la protesta social pacífica y ciudadana. En el caso de violencia contra las personas no creo que deba haber exención de la responsabilidad penal prestablecida por la ley.

- ¿Cómo se plantea frente a la demanda de orden público de distintos barrios y actividades, en especial en Valparaíso?

- La seguridad pública es una función básica de todo sistema social y es deber del Estado garantizarla a todos y todas. Hasta ahora la respuesta es insuficiente o, peor aún, muy desigual y discriminatoria. El orden público no es una tarea meramente policial, requiere de una aproximación interdisciplinaria, con más aporte de las ciencias sociales y mayor intervención comunitaria. Debe haber un esfuerzo conjunto del sistema político y no prestarse para dividendos políticos o electorales. Aunque no es una función asignada al gobierno regional, sino al delegado presidencial regional, mi compromiso será cooperar con esa autoridad, al margen del signo político que represente, para contribuir a esa tarea.

- ¿Qué espera del proceso constituyente que está por partir?

- Tengo mucha confianza en la madurez cívica y democrática de quienes integren la Convención Constitucional. Sin perjuicio de las legítimas diferencias intelectuales, políticas e ideológicas, que representan nuestra diversidad y pluralidad, no imagino a nadie anteponiendo intereses sectoriales o partidistas. También creo que dicha convención deberá estar muy atenta a la deliberación pública que acompañará su trabajo. Espero, desde luego, que quienes estuvieron por el rechazo el 25 de octubre pasado se dispongan a ser parte, constructivamente, de un nuevo sistema político que habilite a la democracia y al Estado para responder a las demandas sociales que se han manifestado con tanta urgencia y nitidez. 2

- Usted ha declarado que no adoptaría decisiones sin que haya antes participación de organizaciones sociales. ¿Cuáles serían, dado que según los últimos datos de participación ciudadana en la región el 59% no forma parte de ninguna, sólo el 15% de juntas de vecinos y apenas el 1% de movimientos o partidos?

- Me propongo contribuir a construir nuevos vínculos sociales entre la ciudadanía y la institucionalidad política. La participación y la transparencia son condiciones de una democracia deliberativa, especialmente ante la emergencia de nuevos sujetos sociales como las mujeres emprendedoras, las jefas de hogar, personas mayores, asociaciones de personas con capacidades diferentes, pueblos originarios y los movimientos ambientalistas, entre otros actores sociopolíticos que el sistema político no reconoce ni considera proactivamente. Esta nueva gobernanza debería fortalecer e incentivar la participación en las organizaciones sociales, así como poner a disposición de la ciudadanía la mayor información sobre los fundamentos y objetivos de las decisiones del gobierno regional.

"Otra forma de participación en la gobernanza regional será mediante un Sistema regional de ciencia y tecnología", agrega, ya que "la gestión estratégica para el desarrollo de la región requiere contar con un sistema de ciencia y tecnología que articule los distintos recursos e instituciones que producen conocimiento e innovación en la región, donde converjan los aportes de las universidades, la empresa privada y el sector público. Las capacidades de la región en esta área son comparativamente superiores. Ello queda demostrado cada año porque en varios instrumentos de financiamiento del sistema nacional de ciencia y tecnología nuestra región se adjudica sobre el 25% de los recursos. A esto se suma que cuenta con recursos del Fondo de Innovación para la competitividad, que debe también asociarse a la estrategia de desarrollo de la región". 2