Katherine Escalona M.

La situación en las dunas de Concón es compleja. En el área de las 20,1 hectáreas que no son parte del Santuario de la Naturaleza, y que en el 2017 quedaron gravadas en el Plan Regulador Comunal como área verde, la Corte Suprema dictaminó el año pasado que Reconsa debía someter su anteproyecto de urbanización a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por estar cercana a la zona protegida.

La determinación del máximo tribunal se debió al recurso de protección de Duna Viva -organización conformada por la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar y la Fundación Yarur Bascuñán-, los que por el escrito solicitaron el permiso de invalidación del anteproyecto que fue ingresado a la Dirección de Obras Municipales (DOM) antes del 2017.

El permiso de invalidación no se ha tramitado y por esto quien está en el ojo del huracán es el director de Obras Municipales, Julio Leigh. Éste tiene a su haber un sumario instruido por el alcalde Óscar Sumonte por "inactividad o negativa" al no dar curso al requerimiento de invalidación, a lo que suma una querella criminal presentada por Duna Viva al Juzgado de Garantía de Viña del Mar por el mismo motivo.

La acción penal ingresó al juzgado en diciembre del año pasado, y hoy Leigh junto a su abogada Jeanette Bruna preparan la estrategia judicial de la defensa basada en una serie de documentos que cuestiona la real protección de las dunas de Concón. El director afirmó que en el fallo de la Corte Suprema no existía la orden de invalidación, ni fueron cuestionados los permisos, situación que fue informada al alcalde con quien ahora tiene una relación "tensa y distante", según dijo.

De haber dado curso a la invalidación, según Leigh, la Municipalidad de Concón podría haber arriesgado una demanda por parte del privado, puesto que en el escrito de la Suprema no se cuestionaban los permisos, y comparó el caso con la invalidación del Hotel Punta Piqueros, donde hizo cargo el Departamento Jurídico y no la DOM. En todo este proceso, además, comenzó el trámite para acogerse a retiro.

- ¿En qué se fundamenta la defensa de la querella?

- Mi abogada defensora, más allá del hecho mismo de esta invalidación que me obligaba el alcalde, sostiene varias situaciones. Primero, el alcalde, sin admitir razones -porque era evidente que había tomado un compromiso con las agrupaciones de Pro Defensa del Patrimonio y la Fundación Yarur, porque hubo reuniones que él atendió al abogado (Gabriel Muñoz junto a su asesor jurídico-, me pide que vea un oficio interno para invalidar. Cuando fue la primera orden de invalidar le expliqué todo el motivo por el cual era. Sin ser experto vi que el fallo no tenía por donde buscarse algo que de alguna forma hiciera ver algún vicio en el permiso. El mismo fallo se refiere al permiso en su redacción validándolo, porque dice que ellos no podían seguir materializando la urbanización sin tener este estudio ambiental y con esa sola frase se entiende que en el permiso no hay nada. Esto se relaciona de una forma u otra con Punta Piqueros y es un tema medioambiental.

Materia medioambiental

- ¿Se refiere a Punta Piqueros porque ahí se solicitó la invalidación de permisos a jurídico?

- Justamente. Igual que en este caso, los adversarios al Hotel Punta Piqueros le presentan al alcalde la solicitud de invalidación. En ese caso él (jefe comunal) le ordena a su asesor jurídico el procedimiento; un procedimiento en el que nosotros como Dirección de Obras nos mantuvimos dándole los informes técnicos. Pero bueno, la Dirección Jurídica está llena de trabajo para establecer su nueva planta municipal (...), y por esto Patricio Anders no quiso tomar este proceso y él fue parte de convencer al alcalde de que debía ser yo el que debía procesar está invalidación.

- ¿Eso está dentro de la normativa?

- La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades al único que le da funciones y atribuciones privativas es al director de Obras municipales, y también al director de Control porque de alguna forma fiscalizan el buen actuar del alcalde. Entonces, si el recurso hubiese sido presentado al director de Obras sin duda que hubiese correspondido procesarlo a mí y hubiese sido tan fácil rechazarlo por las mismas razones que no solo una, sino tres veces, informé al alcalde. Incluso, hice una reunión al interior de la Dirección de Obras con todos los arquitectos a los cuales les di la misión de estudiar el recurso de la Corte que había recibido el alcalde, a ver si alguno encontraba algo válido para revisar respecto al permiso, pero ninguno de ellos estimó que había nada, porque el fallo se refiere a la materia medioambiental (...). El alcalde no entiende razones que son absolutamente técnicas y comprobables. Me utiliza como chivo expiatorio de una responsabilidad que es exclusivamente de él. Se le dijo tres veces. Supóngase usted que invalido, imagínese la tremenda demanda que puede recibir el municipio de parte de quienes vieron afectado su patrimonio, porque la ley que regula los actos de la administración pública claramente indica que no se pueden afectar los derechos de terceros y que por eso necesitan de una tramitación de seis meses.

Desprotección

- El anteproyecto en cuestión ingresó antes de ser declarada la zona como área verde, ¿anteriormente no se protegió?

- Hay que tener claro que este permiso de loteo y urbanización fue rechazado en la Dirección de Obras y ellos fueron de reclamo a mi rechazo a la Seremi Minvu (Ministerio de Vivienda y Urbanismo), y fue la Seremi Minvu la que a mí me obligó a dar este permiso de anteproyecto que fue presentado antes del cambio del nuevo PRC en el año 2017. Los anteproyectos tienen una vigencia de un año para que dentro de eso año se puedan mantener las mismas normas de urbanización y este anteproyecto está amparado por antiguas normas. Ellos ingresan antes del 2017 donde se permitía y Jeanette Bruna, mi abogada, tiene todos los antecedentes de que se pretendía un seccional desde el camino del alto hasta el camino costero y límite sur de la comuna hasta la rotonda, incluyendo el barrio de Los Romeros. El seccional lo terminé en 1998 como la primera urgente modificación que necesitaba presentar Concón para detener las normas urbanísticas que habíamos heredado de Viña del Mar como H7, sin límite de densidad y sin límite de altura, y se adjudicó un estudio base a la Universidad Andrés Bello, pero no prosperó el seccional.

- ¿Qué pasó?

- Yo en ese año lo llevó al Concejo -Concejo en el cual los intereses de las inmobiliarias Reconsa y Montemar S.A. estaban representadas por el concejal de derecha Daniel Contreras-, y fui maltratado en este Concejo porque no tenía cabida esta modificación que yo hice; y Sumonte nunca salió defendiendo la situación de denunciar que él recibía presiones para que esto no se aprobara. Es conocido que dentro de la sociedad anónima de estas empresas está el señor Edmundo Pérez Yoma, Carlos Figueroa Serrano y autoridades de la vieja política tanto de la Democracia Cristiana como de Renovación Nacional, y al cambio del primer periodo le ofrecen a Contreras militancia para ser candidato. Esto, con el objeto de que justo la noche que vencían las inscripciones de candidaturas lo sacan y aparece como candidato a alcalde Francisco Soza Donoso, hermano mayor de Juan Ignacio Soza Donoso (gerente de Reconsa) para derechamente representar los intereses de las inmobiliarias, que eran dueñas de dos tercios de todo el territorio a urbanizar de Concón. Ellos invirtieron mucho dinero en las campañas a fin de poder ganarle a Sumonte la alcaldía y no pudieron, siguió don Óscar liderando la comuna. Pero, pasa todo el segundo periodo durmiendo la modificación del Plan Regulador de Viña del Mar que yo había propuesto, porque Francisco Soza fue el candidato más votado, lideraba a los concejales y además presidía la Comisión de Obras y Urbanismo, que era justamente la que tenía que estudiar el seccional.

-¿Qué injerencia tiene Soza en esto?

- Yo no puedo saber qué grado de participación concretamente tiene como accionista en esa sociedad. Lo que sí puedo saber es cómo fueron las cosas, el cómo apareció y cómo después a un tercer periodo alcaldicio aprobaron, pero prescindiendo de todo un territorio dunar que quedo como H7. Después de esto nunca más se presentó Francisco Soza. Seguramente Jeanette Bruna va a pedir investigación por esto. Yo la voy a apoyar.

-¿En qué situación se encuentra actualmente?

- Presenté mi retiro porque en este Chile actual no hay certeza jurídica, no hay nada, aparece culpable quien no es. Yo ya pedí mi retiro, postulé para retirarme y si lo hago, sé que el alcalde me culpará por otras cosas. No quiero imaginar cómo va a barrer el piso con todas las responsabilidades que a él le cabe de 23 de años de conducción de la ciudad. No hay relación con el alcalde, las situaciones están tensas. Yo sigo trabajando de forma presencial, dentro del acoso cuando pido un permiso el alcalde también me lo objeta.

"El mismo fallo se refiere al permiso en su redacción validándolo porque dice que ellos no podían seguir materializando la urbanización sin tener este estudio".

"Fue la Seremi Minvu la que a mí me obligó a dar este permiso de anteproyecto que fue presentado antes del cambio del nuevo PRC en el año 2017".