Agencias

Cientos de miles de personas salieron ayer a las calles de todo Myanmar (Birmania) en la mayor jornada de protestas contra la junta militar desde el golpe de Estado, tras un fin de semana trágico en el que dos personas murieron por disparos de la policía.

El bloqueo de internet, el corte de calles y las amenazas de los militares de que habrá más muertes, no frenaron a los birmanos, que salieron en masa a manifestarse desde la mañana en una convocatoria de huelga que paralizó el país.

Las protestas masivas inundaron las principales arterias de Rangún, la ciudad más poblada, Naipyidó -la capital- y Mandalay, escenario de la sangrienta represión del fin de semana, así como otras muchas localidades a lo largo y ancho de la nación.

Los asistentes reclaman el restablecimiento de la democracia y la liberación de los presos políticos, que ya son 684, entre los que se incluye a la líder electa, Aung San Suu Kyi, como hacen a diario desde hace más de dos semanas en respuesta al levantamiento militar del 1 de febrero.

Aunque en general las protestas se realizaron de manera pacífica, en Naipyidó se vivieron los mayores altercados, según videos publicados por los activistas en las redes sociales, que mostraban a la Policía persiguiendo a los manifestantes, mientras se produjo un número sin confirmar de detenciones.

Desafío a las amenazas

Ante la convocatoria de ayer, la junta militar volvió a dejar sin internet al país una noche más y restringió el uso de datos durante la mañana, además de cortar varias avenidas de Rangún y Naipyidó para impedir el acceso a los puntos especialmente concurridos durante las protestas.

La masiva convocatoria fue bautizada como "la revolución 22222" porque se realizó el día 22.2.2021, en referencia a las protestas contra la junta militar del 8 de agosto de 1988, conocida como la revolución 8888, que fue violentamente reprimida por las fuerzas de seguridad.

La repuesta masiva de ayer, que paralizó casi todo el país con numerosos comercios que permanecieron cerrados en solidaridad con el movimiento prodemocracia, llegó tras la represión policial que el sábado costó la vida por disparos policiales a dos manifestantes en Mandalay, la segunda ciudad de Myanmar.

Con las dos muertes del fin de semana son ya tres los fallecidos por la violenta respuesta de las fuerzas de seguridad, después de que hace una semana falleciera tras 10 días hospitalizada Mya Thwe Thwe Khine, una joven de 20 años que fue víctima de un disparo policial en la cabeza durante una protesta, y cuyo funeral se celebró en Naipyidó.

Sanciones a militares

En respuesta a estas muertes, la junta militar, lejos de echar pie atrás, justificó su actuar y culpó a los manifestantes.

"Están incitando a la gente, especialmente a adolescentes y jóvenes emocionales a un camino de confrontación en el que sufrirán la pérdida de la vida", enfatizó la junta militar a través de un mensaje por la televisión estatal.

La comunidad internacional mira con rechazo la violencia en Myanmar y el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell, anunció que "los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) decidieron sanciones focalizadas contra los intereses económicos y financieros de los militares, porque en ese país son empresarios y dueños de partes de la economía".

Borrell explicó que tras el acuerdo político se inició el trabajo técnico para finalizar las sanciones y que sean adoptadas. "Esto puede ir muy rápido", aseguró.

El nuevo primer ministro italiano, Mario Draghi, confirmó en su primer decreto aprobado por el Consejo de ministros, su intención de mantener la prohibición de movilidad entre regiones hasta el 27 de marzo y de limitar aún más los movimientos en las llamadas "zonas rojas".

En la primera decisión del Gobierno de Draghi, investido el jueves pasado con el apoyo de casi todas las fuerzas parlamentarias, prefirió seguir la línea del anterior Gobierno y mantener en toda Italia la prohibición de poder moverse a otra región.

En las zonas rojas, las que tienen mayores restricciones, aunque ahora no hay ninguna región en esa lista, se prohibirá salir de casa para visitar a familiares, lo que hasta ahora estaba permitido.

Mientras que por el momento siguen vigentes el resto de medidas restrictivas, como el toque de queda, o el cierre de algunas actividades como gimnasios, piscinas, estaciones de esquí, restaurantes, museos y teatros, pues el decreto actual estará vigente hasta el 5 de marzo.

En las zonas naranja y amarilla, con menores limitaciones, se permitirá como hasta ahora ir a casas de familiares y amigos una sola vez y un máximo de dos personas (sin contar los menores de 14 años) desde las 05.00 de la mañana hasta las 22.00 horas, cuando empieza el toque de queda en todo el país.

Por su parte, los presidentes regionales, representados por la ministra de Asuntos regionales, Mariastella Gelmini, exigieron en el Consejo de ministro "una nueva estrategia de adquisición de vacunas y que cierres e indemnizaciones vayan de la mano en el futuro", algo que tendrá que afrontar Draghi con urgencia.

Italia ya registra 2.818.863 contagios con 9.630 en la última jornada, mientras los fallecidos ascienden a 95.992 con 274 en el último día. Italia ha suministrado a 3.503.767 personas la primera dosis de vacuna contra covid, mientras que 1.330.468 ya recibieron la segunda dosis.

La Unión Europea (UE) aprobó nuevas sanciones contra Venezuela, añadiendo a 19 personas a su listado, tras las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre que la UE no reconoce como válidas, mientras el Presidente Nicolás Maduro acusó que merman la respuesta a la pandemia.

En total, la lista incluye a 55 personas, entre ellas a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y a Diosdado Cabello, número dos de Maduro. Los cancilleres de la UE agregaron, entre otros, a la presidenta y el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Indira Maira Alfonzo Izaguirre y Leonardo Enrique Morales Poleo, respectivamente.

También incluyeron a varios diputados de la Asamblea Nacional constituida el 5 de enero, que la UE no reconoce, así como a magistrados del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional de Venezuela.

"Son responsables, en particular, de menoscabar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y por serias violaciones de los derechos humanos y restricciones de libertades fundamentales", dijo la UE.

Las sanciones implican la prohibición de entrar al territorio comunitario y la congelación de los activos y bienes que tengan en la UE.

Maduro responde

Por su parte, Maduro dijo que las sanciones están impidiendo que Venezuela logre una mejor respuesta a la pandemia.

En una intervención virtual ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reclamó que su país afronta más de 450 medidas punitivas que buscan "ejercer una presión desmedida y persecución" en su contra, con el fin último de provocar un cambio de gobierno.

El Gobierno de Maduro cifra en 30.000 millones de dólares los activos a los que no puede acceder por las restricciones impuestas por Estados Unidos y la UE y que -según el Mandatario- servirían para cubrir necesidades básicas de la población.

"Los secuestradores de los activos y recursos del Estado venezolano han demostrado una gran crueldad, incluso en circunstancias de pandemia, se quejó Maduro.