Rodrigo Olave

A eso de las 21.30 horas del martes, Natalia Díaz (47), junto a su hijo Nicolás (28), llegaban a su domicilio ubicado en el condominio Alto Laguna de Curauma, precisamente en la avenida Parque Sur N° 1602, frente a la Biblioteca Abierta de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), cuando dos vehículos, ambos con cuatro individuos a bordo, los interceptaron para perpetrar un violento portonazo, llevándose el auto Mercedes Benz GLA 200 de las víctimas.

El teniente Alexis Martínez, de la Subcomisaría de Placilla de Peñuelas, señaló que "el personal policial concurrió a verificar el procedimiento de portonazo en el lugar señalado, donde se entrevistó a la afectada, quien manifestó que al llegar al portón del condominio donde reside, se cruzó un vehículo del cual descendieron cuatro sujetos premunidos con armas de fuego, intentando la víctima evadir el hecho, momento en el que se cruza un segundo vehículo, del que descienden cuatro sujetos más con armas de fuego, intimidando a la afectada y procediendo a agredirla a ella y a su acompañante con la empuñadura del arma, para luego los sujetos darse a la fuga con el móvil".

Desde Carabineros se informó que se activó un Plan Candado, el cual consiste en duplicar los controles de autos tanto en el sector donde se desarrolló el asalto como también en la Ruta 68, el Camino La Pólvora y en los accesos a Valparaíso.

"Los apuntaron"

Una vez sucedido el hecho, Ximena Robles, hermana de la víctima y tía del joven afectado, divulgó rápidamente a través de redes sociales la información con el objetivo de ubicar a los responsables, quienes hasta el momento no han sido localizados.

La mujer subrayó la violencia con la que actuaron los antisociales, quienes en todo momento mostraron intenciones de dañar a las víctimas si estas no cooperaban: "Venían dos autos, al parecer era un Hyundai Accent y una camioneta Rexton, y en cada vehículo venían cuatro personas. Los interceptaron como una cuadra antes de llegar al condominio, y cuando ella hizo el intento de seguir avanzando, a ella y a su hijo los apuntaron con armas de fuego. En ese momento a mi hermana la sacaron tirándola del pelo del auto y le pegaron con la culata de la pistola en el brazo, donde le quedó marcado el golpe, y a mi sobrino con el arma le pegaron también pero en la cabeza, por eso lo llevamos de inmediato al Hospital Van Buren y como resultado del golpe, quedó con siete puntos".

Seguridad del Sector

Tras lo sucedido, en la comunidad de Placilla surgieron una serie de dudas acerca de las medidas que está aplicando la fuerza policial para evitar casos de delincuencia, los cuales, según una encuesta que se hizo en la zona, durante 2020 los casos de robo a mano armada y en lugar no habitado aumentaron respecto a 2019.

Alejandra Jiménez, miembro de la mesa de seguridad de la dirigencia vecinal del sector, señaló que la preocupación de los residentes de Placilla radica en que el sistema de robo que se registró la noche del martes no tenía precedentes, subrayando que "es lamentable que se vea esta modalidad en Placilla. Lo peor es que se va a sumar a los asaltos a mano armada y los disparos que se escuchan en la noche, además de otros casos que ponen en riesgo la seguridad de la zona".

Asimismo, la dirigenta indicó que, como mesa de seguridad, han solicitado en varias ocasiones a las autoridades aumentar el número de funcionarios policiales en la sector, acusando que cuando se han presentado emergencias, estos se demoran en llegar e incluso no han podido asistir por estar en otros procedimientos.

"Hemos solicitado a Carabineros que nos tomen más en consideración, porque acá tenemos la gran falencia de que no hay mucho personal, solo hay 44 funcionarios en tres turnos para un territorio que crece cada vez más, junto con su población, y en vez de subirnos la dotación, la están bajando poco a poco", precisó.

"A mi hermana la sacaron tirándola del pelo del auto y le pegaron con la culata de la pistola en el brazo".

Ximena Robles, Hermana de la víctima

"Hemos solicitado a Carabineros que nos tomen más en consideración, porque acá (...) no hay mucho personal".

Alejandra Jiménez, Dirigenta vecinal de Placilla

Los concejales de Rinconada Pablo Donat (Ind.-PPD), Ana Pueyes (DC), Juan Urbina (UDI) y Miguel Vargas (UDI) interpusieron en el Tribunal Electoral regional (TER) una acusación por notable abandono de deberes e infracción grave al principio de probidad administrativa en contra del alcalde, Pedro Caballería (DC), requiriendo su destitución, pues le endosan responsabilidad en diversas irregularidades en su administración.

La primera acusación versa sobre la licitación de una obra de pavimentación que supera los 646 millones de pesos, la cual se adjudicó a la empresa Montenegro Construcciones e Ingeniería Ltda., que no estaría calificada para postular y que, además, entregó currículums de profesionales que no estaban relacionados con la empresa y no habían autorizado que sus antecedentes se usaran para tales fines, todo lo cual fue ratificado por la Contraloría Regional, que abrió un sumario que concluyó con la proposición de medidas disciplinarias.

La empresa, además, se adjudicó obras asociadas por $ 83 millones y $ 60 millones. Las tres obras en cuestión superan las 500 UTM cada una, por lo que deben ser sometidas al acuerdo del Concejo Municipal, pero el alcalde no lo hizo, lo cual también le objetó la Contraloría.

Asimismo, los ediles acusan que destituyó sin fundamentos a la directora de Administración y Finanzas y nombró a otra en un cargo similar, la que comenzó a sustraer documentos contables y cuyo paradero hoy se desconoce.

Consultado al respecto, el alcalde Caballería explicó respecto de la empresa cuestionada que "hay una comisión evaluadora, de la cual yo no soy parte. Obviamente, y ya se hicieron los descargos a la Contraloría, que ya sancionó a algunos funcionarios". Explicó que las observaciones de Contraloría "aparecieron cuando los trabajos ya estaban bastante avanzados".

Sobre los cuestionamientos de la Contraloría por no haber consultado con los concejales materias en que debió haberlo hecho, aseguró que el ente fiscalizador aceptó sus explicaciones "y también hace mención de que esos procedimientos no se pueden volver a repetir, razón por la cual todas las licitaciones hoy día pasan por acuerdos del Concejo Municipal".

Consultado sobre su visión acerca de que la funcionaria que él nombró haya sustraído esa documentación contable, no quiso dar su opinión, argumentando que "eso está todo en manos de la Fiscalía y ellos tendrán que pronunciarse en su momento".

Pese a que los ediles que lo acusaron son de distintos colores políticos e incluso una es de su propio partido, Caballería atribuyó la acción a que "estamos en tiempo de campaña electoral".

A las 19 horas de la tarde del martes, en un operativo realizado por personal de Carabineros junto a la Seremi de Salud de San Antonio, se procedió a la detención de una treintena de personas que se encontraban en la localidad de San Juan, siendo partícipes de un campeonato de pádel, algunos como jugadores y otros como público asistente al evento deportivo.

Al llegar a fiscalizar el lugar y ver el escenario que había, "la autoridad procedió a realizar sumarios sanitarios al organizador del evento por superar el aforo permitido en una comuna de fase 2, además de otros seis sumarios a asistentes del evento por no contar con los permisos correspondientes para estar en dicha comuna y por no usar mascarillas", señalaron desde la Seremi.

Por su parte, el mayor Manuel Herrera, comisario de la Primera Comisaría de San Antonio, sostuvo que "esta actividad, además de vulnerar las medidas sanitarias estipuladas por la autoridad, también vulnera el sentido común que todos debiésemos tener en este contexto de pandemia.

"Se aconseja informarse de las normas que nos están rigiendo este momento y, al mismo tiempo, seguir cuidándonos para evitar más contagios", agregó el funcionario, en relación a las medidas que actualmente están dispuestas en cada ciudad del país.

En cuanto a los detenidos, fueron dejados en libertad y los antecedentes se entregaron al Ministerio Público.