Juez defiende sanción a embarazada que se negó a ser vocal de mesa
PUTAENDO. Por no pagar multa, asistente social con embarazo de alto riesgo fue sentenciada a cumplir reclusión nocturna.
Una polémica sanción dejó a Karina Aguilar, actualmente embarazada de 7 meses, con una orden de arresto y una condena de reclusión nocturna por no acudir como vocal de mesa en las elecciones primarias del pasado 29 de noviembre. Tras no asistir a su audiencia -que coincidió con un control médico por embarazo de alto riesgo- se le cursó una multa de 2 UTM. Tras apelar, el monto fue rebajado, pero debe enfrentar una pena de cárcel.
"Le solicité por escrito, adjuntando todos los antecedentes, que anulara la multa porque yo estaba eximida de ser vocal de mesa. El juez dictaminó que no, que solo podía rebajarla a 25 mil pesos, y eso no es justo, porque debería haberla anulado", comenta. "No he pagado porque considero que es asumir, ante un hombre con poder, que él tiene la razón y que yo estoy equivocada. Producto de ello, el juez me condenó a pagar con dos noches de reclusión nocturna", agrega.
"En este momento estoy buscando el apoyo de abogados para no llegar a esa situación, porque estamos en pandemia, estoy embarazada y siento que no corresponde. Estamos viendo la posibilidad de iniciar un recurso de amparo", añade Karina.
Los motivos del juez
Guido Witto es el juez de policía local de Putaendo tras la polémica decisión, incluso cuestionada por la asesora jurídica de la Municipalidad de Putaendo, que ofreció apoyo a la afectada ante una eventual ilegalidad en la resolución.
"Es lamentable porque todas estas aseveraciones son -y es fácil de acreditar- mentiras, o sencillamente equivocadas", dice sobre las acusaciones. Pese a que recientemente se aprobó y despachó al Senado un proyecto de ley para modificar la Ley 18.700 y permitir que el embarazo "durante todo el período de gestación, acreditado mediante certificado médico" sea aceptado como un motivo válido para eximirse de ser vocal de mesa, el juez asegura que el caso de Aguilar no se ajustaría a los requisitos actualmente estipulados.
Tras la inasistencia de la mujer a la audiencia, el abogado asegura haber considerado su apelación ante la multa. "No se daba el caso de que la eximiera de responsabilidad, pero sí habían antecedentes de que tenía un embarazo, entonces la rebajé de algo así como 110 mil pesos, que son 2 UTM, a 20 mil pesos (...) Pero ella deja pasar el plazo y me corresponde a mí, por ley, disponer una orden de arresto a cualquier persona, quién sea, que no pague la multa", dice.
Según indica el magistrado, la forma en que ha escalado el caso -debido a su alta difusión en los medios y las redes sociales- responde a "una campaña gratuita de infamia y de injurias". Asimismo, afirma que ya ha manifestado su molestia al alcalde y al administrador municipal de Putaendo por la intervención del Departamento Jurídico, y que espera poderse reunir con el concejo municipal para exponer su caso.
"Me corresponde a mí por ley disponer una orden de arresto a cualquier persona, quién sea, que no pague la multa".
Guido Witto, Juez de policía local