Este jueves se aprobó definitivamente en España la ley que regula la ayuda médica para morir como un "derecho" y además como una prestación sanitaria gratuita, convirtiendo así al país ibérico en el séptimo a nivel mundial donde la eutanasia será legal.

El cuerpo legal se aprobó con el apoyo de la izquierda y legisladores de otros partidos, y con la férrea oposición de la coalición de derecha. Según señala la norma, podrán pedir la eutanasia los mayores de edad que sufran "una enfermedad grave e incurable" o un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante" que afecte a la autonomía y que genere un "sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable".

Quienes soliciten este derecho deberán ser informados respecto de las alternativas y los cuidados paliativos disponibles; tendrán que ratificar al menos en cuatro oportunidades su voluntad de morir, para que su caso sea analizado varias veces; y además podrán desistir en cualquier momento. Por otra parte, los médicos y profesionales de salud podrán acogerse a la objeción de conciencia.

Asimismo, una "comisión de garantía y evaluación", compuesta por personal médico, de enfermería y abogados, supervisará cada caso y será responsable en última instancia de autorizarlo.

Además de España, el derecho a tener una muerta asistida es legal en Canadá, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica, Nueva Zelanda -donde entrará en vigor desde noviembre próximo- y Colombia, país donde se aprobó por decisión del Tribunal Constitucional, sin mediar una ley aprobada en el Parlamento.

CONTROVERSIA

El nuevo cuerpo legal, que fue aprobado con 202 votos de 350 diputados, 141 votos en contra y 2 abstenciones, entrará en vigencia tres meses después de ser publicado en el Boletín Oficial del Estado.

El largo debate que antecedió a su confirmación generó un fuerte debate ciudadano y el enfrentamiento entre las principales fuerzas políticas españolas. Por una parte, fue apoyada por la coalición oficialista, conformada por el Partido Socialista y Unidas Podemos, por pequeños partidos de izquierda, liberales, nacionalistas e independentistas. Por la otra, fue radicalmente rechazada por la oposición de conservadores (Partido Popular) y de extrema derecha (Vox).

Tras la aprobación, y la correspondiente celebración de sus impulsores, el partido Vox anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional y que la ley será derogada cuando cambien las mayorías parlamentarias.

El parlamentario conservador José Ignacio Echániz subrayó que "no existe demanda social objetiva", y aseguró que comités de bioética consideran que la ley abre la puerta a "eutanasias no solicitadas" y que España puede convertirse en un país de "turismo eutanásico", mencionando un "efecto llamada" que provocará que personas vulnerables sean "empujadas" a la eutanasia, anticipando graves consecuencias familiares, sociales y éticas, como la desconfianza entre padres e hijos, entre hermanos y entre médicos y pacientes.

En tanto, la ministra de Sanidad, la socialista Carolina Darias, aseguró que España avanza en el "reconocimiento de los derechos", así como en una sociedad "más justa y decente".

IGLESIA EN CONTRA

Frente al Congreso, familiares de enfermos fallecidos que lucharon en vida para legalizar la eutanasia celebraron lo que señalan como una ley histórica que permitirá evitar el sufrimiento. En el mismo punto, decenas de personas -algunas encapuchadas- protestaron contra la nueva ley, calificando al gobierno como "criminal".

La Conferencia Episcopal Española (CEE) lamentó la aprobación y llamó a favor de la objeción de conciencia y de la "cultura de la vida". El secretario general de los obispos católicos, Luis Argüello, consideró "mala noticia" la ley y lamentó que cada año mueran en España 60.000 personas con sufrimiento, según dijo, pudiéndose remediar con una política adecuada de cuidados paliativos.

En diciembre el Tribunal Constitucional de Austria dictaminó que "morir dignamente" forma parte del derecho a la libertad personal y que, por tanto, el artículo que castiga con hasta cinco años de cárcel la asistencia al suicidio es contrario a su Carta Magna. "Este derecho a la libre autodeterminación incluye tanto el derecho a organizar la propia vida como también el derecho a una muerte digna", dijo el presidente del Constitucional, Christoph Grabenwarter. De todos modos, la eutanasia activa -que incluye la participación directa de alguien para poner fin a la vida de otra persona, sigue siendo delito en el país.

Ratificando lo señalado preliminarmente el martes, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aseguró ayer no haber encontrado evidencias de que la vacuna de AstraZeneca tenga relación directa con los casos de tromboembolismo detectados tras la vacunación con este fármaco en diferentes países europeos y consideró seguro que se siga usando en las campañas de inmunización contra el covid-19.

La directora ejecutiva de la EMA, Emer Cooke, consideró que los expertos llegaron a una "clara conclusión científica" de que esta vacuna está "beneficiando y protegiendo" a los ciudadanos contra el covid-19 y "no está asociada con el crecimiento de casos" de trombosis.

La EMA incluirá una advertencia en la información del producto para que los médicos estén alerta al revisar el prospecto de la vacuna y vigilar cualquier caso que pueda estar relacionado.

Segura y eficaz

Añadió que sus expertos han concluido tras dos semanas de investigaciones que la vacuna de AstraZeneca es "segura y eficaz", pero subrayó que no ha podido descartar del todo la relación con casos raros de tromboembolismo, por lo que seguirá investigando.

"La vacuna puede estar asociada con casos muy raros de coágulos de sangre asociados con trombocitopenia, es decir, niveles bajos de plaquetas en la sangre con o sin sangrado", dijo el organismo.

Cooke añadió que "no hay riesgo general" del desarrollo de problemas de coagulación sanguínea en la población a la que se administre esta vacuna, y aseguró que, con esta investigación, la EMA ha cumplido su "responsabilidad de determinar que los beneficios aún superan los riesgos" del fármaco autorizado.

Expertos discrepan

La ratificación contrasta con lo que ayer dijeron expertos noruegos del Hospital de Universitario de Oslo, quienes afirmaron creer que la reacción inmunológica de la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca es la causante de las trombosis que sufrieron tres profesionales de la salud en ese país. "No veo otra explicación posible", dio Pål André Holme, jefe del equipo médico que lidera la investigación de los casos detectados en ese país, sin vinculación con la pesquisa de la EMA.

"(La vacuna AstraZeneca) no está asociada con el crecimiento de casos".

Emer Cooke, Directora ejecutiva de la EMA