Katherine Escalona M.

El 25 de febrero de este año el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la Región de Valparaíso notificó la adjudicación de la licitación del "Programa de Vialidad Urbana, Mejoramiento Camino Costero Reñaca-Concón Etapa 1" a la empresa Constructora Trébol Limitada, proyecto que fue impugnado por la empresa Waldo Sánchez al Tribunal de Contratación Pública, lo que genera un conflicto legal en la millonaria obra, cuya inversión es de $7.418.630.555.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder este Diario, en el escrito presentado al Tribunal, de un total de 14 páginas, se solicita "que se declare que la empresa Trébol Ltda. ha presentado una oferta incompleta y que infringe con ello el principio de estricta sujeción a las bases establecido en la Ley 19.886".

Además, "infringe a su vez el principio de igualdad de los oferentes, en tanto no considera todas las partidas requeridas en las bases administrativas, por lo que debió ser declarada inadmisible", ante lo cual se solicita "se deje sin efecto la resolución" y "se ordene retrotraer el proceso licitatorio a la etapa de evaluación de ofertas".

Argumentos

Los principales reparos en la presentación están centrados en que la empresa Trébol Ltda. no habría presentado, según la empresa reclamante, toda la información requerida en la licitación lo que -de acuerdo al escrito- es un principio esencial del proceso, ya que "las omisiones u errores en las ofertas resultan trascendentes para la validez de las mismas".

En este sentido, la presentación da a conocer que la empresa ganadora de la licitación "no consideró el gancho L 400 en la partida, por lo que está incompleta y alterada" y la oferta presentada por el privado "no da cumplimiento al pliego de condiciones".

El documento insiste que la licitación tendría que ser declarada fuera de base, "ya que no se trata de un error sin trascendencia y no esencial, es un error de fondo al cual concurre la máxima gravedad, ya que involucra un gasto adicional y no contemplado en la etapa de ejecución y una gravísima falta que atenta en contra de la igualdad de los oferentes".

A la acción en el Tribunal de Contratación Pública suma una presentación en Contraloría por la misma materia. Ayer también este Diario pudo constatar que la empresa Trébol Ltda. no habría firmado el contrato de la licitación en el plazo final para tales efectos.

Descarta anomalías

Consultado el Serviu sobre este caso, desde la entidad pública informaron que el demandante está en su derecho de realizar la presentación al Tribunal, pero descartaron cualquier tipo de anomalías en el proceso licitatorio. Precisaron que "el demandante está en todo su derecho de llegar a las instancias que requiera. Sin embargo, el proceso licitatorio fue ejecutado en el marco legal establecido en las bases. Una vez acabado el estudio en curso de la acción de impugnación referida, este Servicio contestará en tiempo y forma que dicha acción será, en definitiva, desestimada por los tribunales competentes".

La entidad pública manifestó que "los argumentos del reclamante son meramente formales y que, de existir, no afectaría la validez de la oferta ni en consecuencia de la adjudicación, por no recaer sobre un requisito esencial de dicha propuesta, conforme al principio de la no formalización". Además, se aclaró que esta tramitación legal no afectaría el desarrollo del proyecto, que aún no tiene fecha para comenzar.

Sobre la falta de firma del contrato de la licitación, el Serviu consignó que "se trata de información reservada. Estamos analizando el contenido de una presentación que realizó la empresa".

"No se trata de un error sin trascendencia y no esencial, es un error de fondo al cual concurre la máxima gravedad".

Extracto Impugnación

"Los argumentos del reclamante son meramente formales y que, de existir, no afectaría la validez de la oferta".

Serviu Valparaíso

La votación de ayer en el Consejo Regional (Core) para conformar las comisiones de fiscalización respecto al convenio Core-Minsal (Ministerio de Salud) y el sobreprecio de las cajas de alimentos que arrojó un informe de Contraloría, no estuvo exenta de polémica.

La comisión del convenio Core-Minsal por $ 118 mil millones, que no se ha ejecutado en su totalidad, fue visada por unanimidad, pero la de las cajas de mercadería tuvo una fuerte discusión. Después de la intervención de cinco consejeros, que intercambiaron opiniones principalmente por la finalidad de la comisión, los cores Manuel Pérez (Republicano) y Christian Macaya (Ind. RN) se abstuvieron por considerar que no era pertinencia de ellos.

Sin embargo, la mayoría de los consejeros regionales votaron que sí se debe investigar, que es parte de su rol fiscalizador, no en el sentido de juzgar a nadie, pero para aclarar todos los antecedentes que hoy causan ruido por el sobreprecio de las cajas de mercadería, compra que se concretó mediante trato directo.

Sobre la finalidad de ambas comisiones, el presidente del Consejo Regional (Core), Manuel Murillo (PPD), precisó que "en la comisión especial para ver el caso del sobreprecio de las cajas de mercadería se busca analizar en profundidad todo lo que ha sucedido, entendiendo que gran parte de los recursos fueron derivados desde el Core".

Macaya, que votó abstención, en sus argumentos recalcó que "sabíamos que las cajas iban a costar más caras, (…) sabíamos también que las cajas estaban escondidas en un gimnasio, yo denuncié lo de La Ligua, y todos nos encogimos de hombros y dijimos 'qué pena'. Así nosotros lo fuimos plasmando, pero resulta que cuando aparece un informe de Contraloría, sale en la prensa. (…) Ahora estamos superpreocupados".

La Comisión Fiscalizadora "Sobreprecios Cajas de Mercadería" la integran los consejeros Mario Sottolichio, Tania Valenzuela, Edith Quiroz, Emmanuel Olfos, Fernando Urrutia, Roy Crichton, Miguel Pérez y Manuel Murillo.

"Se busca analizar todo lo que ha sucedido, gran parte de los recursos fueron derivados desde el Core".

Manuel Murillo, Presidente del Consejo, Regional de Valparaíso

Ayer, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar acogió la solicitud de la defensa de los cuatro imputados en la causa por el homicidio del empresario Alejandro Correa, ocurrido el 18 de mayo del año pasado en Concón, y determinó suspender la audiencia de preparación del juicio oral y reagendarla para el próximo 19 de abril.

La determinación fue tomada por los argumentos que esgrimió la defensa de los imputados en el caso, que solicitó más tiempo para acceder a los antecedentes de la carpeta investigativa. Además, uno de los detenidos, Claudio Riveros, no se pudo presentar a la audiencia por contagio de covid.

Los formalizados en la causa son Víctor Gutiérrez, "El Parce", quien habría disparado a Correa por encargo; Renato López, sindicado como el autor intelectual del crimen; Claudio Riveros, conductor de un colectivo que llevó a Gutiérrez al domicilio de la víctima en Concón; y Melissa Palma, pareja de "El Parce", en calidad de cómplice.

Valentina Correa, hija de la víctima, dijo que "los tiempos de la justicia no siempre coinciden con los tiempos, procesos de duelo y reparación de las familias. Pese a ello, nosotros confiamos y respetamos el proceso penal. Esperamos que la audiencia no sea pospuesta nuevamente porque en cada hito del proceso nosotros, como familia, revivimos con mucho dolor lo que ha sucedido".

Destacó que "no hay que perder de vista que la muerte de mi papá está vinculada a la usurpación de terrenos que hoy continua más ocupado que al momento de su muerte, situación que nos duele y nos preocupa".

Los cuatro imputados por el caso se encuentran en prisión preventiva.

"No hay que perder de vista que la muerte de mi papá está vinculada a la usurpación de terrenos".

Valentina Correa, Hija de la víctima