Durante el último tiempo hemos visto a algunos líderes de opinión -hoy candidatos- realizando afirmaciones simplonas con los resultados del plebiscito en la mano. El 22% de Chile, según éstos, correspondería a personas afines al oficialismo, mientras que el 78% restante serían opositores. Dicha proporción es utilizada también para anticipar el resultado de las próximas elecciones y el contenido mismo de la nueva Constitución.

El problema de estas apreciaciones es el mismo que tiene un participante de tiro deportivo que asiste a concursar con una escopeta de feria: utilizan un instrumento que no es idóneo para la actividad que desempeñan.

La conducción política es un oficio condicionado por la percepción que se tiene de la magnitud de las fuerzas ideológicas. No es novedad, entonces, que algunos discursos muestren una peligrosa tendencia hacia la radicalización, fenómeno que converge con la polarización en redes sociales y una falsa apariencia de atrincheramiento ciudadano, como si en las calles de Chile las personas estuvieran buscando con quien agarrarse a palos. Sin embargo, la realidad no se deja someter automáticamente por algoritmos de aplicaciones móviles, lo que explica por qué grupos que idealizan la violencia cuentan con una cifra de votos inversamente proporcional al número de "me gusta" de sus publicaciones.

En este contexto, es relevante detenernos en el significado político que tendrá la elección de convencionales constituyentes del próximo 10 y 11 de abril. Al fin contaremos con un instrumento que permitirá dilucidar con mayor claridad el escenario ideológico luego de las dos crisis -social y sanitaria- que han golpeado fuertemente al país.

Probablemente veremos que el famoso 78% que sacan a relucir algunos es bastante engañoso. Por de pronto, diversos estudios pronostican que al menos un quinto de esa proporción se traducirá en votos para la derecha. Aunque, sin duda, es en la izquierda donde la cuestión se vuelve aún más pantanosa. Basta con analizar el discurso de las listas en disputa para percatarnos de la ensalada de posiciones que existe en dicho sector. "Apruebo dignidad" acusa a "La lista del apruebo" de neoliberales, a la vez que "La lista del pueblo" acusa a "Apruebo dignidad" de pactar con asesinos. Dignidad, apruebo y pueblo, tres conceptos que se relacionan con el estallido social, pero que son empleados por partidos políticos con agendas radicalmente opuestas y cuya convivencia en una misma coalición es insostenible. Una simple constatación de que no existe actualmente una sola oposición, sino variadas oposiciones.

En definitiva, del resultado de las elecciones de abril dependerá no solamente la distribución de cargos, sino también el ambiente político para los desafíos que siguen. El éxito de los grupos alojados al centro del espectro político podría reconducir a la moderación de los discursos y la elaboración de propuestas menos refundacionales, en favor de la progresividad inherente al realismo político.

Sin perjuicio de lo anterior, para que el acontecimiento de abril tenga real incidencia en el sentido ya referido es preciso que la legitimidad del proceso electoral no admita ningún reparo. Y si bien existe apoyo transversal a los últimos cambios de la logística electoral -como es el caso de la votación en dos días-, aún queda un desafío pendiente referido a la participación ciudadana.

La situación sanitaria es crítica, e incluso es más grave que la existente al momento en que el plebiscito de abril fue postergado para octubre. Es urgente, entonces, discutir seriamente sobre la pertinencia de suspender las elecciones. Una idea plausible sería reagendar los comicios para el 9 de mayo, día en que está prevista la eventual segunda vuelta de gobernadores regionales, y correr esta última elección para inicios de junio. A esa fecha el número de inoculados será notablemente superior al actual y quizás la pandemia esté más controlada.

Si en los próximos días se toman las decisiones correctas tendremos un proceso ejemplar con un nivel de participación superior al 40% del padrón electoral. Con esos resultados veremos la verdadera representación de fuerzas políticas y podremos hacer predicciones ajustadas a la diversidad ideológica del país. Probablemente más de alguno se llevará una sorpresa.

Participación, legitimidad y representación

En un sistema democrático las elecciones populares revisten importancia, pues son la expresión más fiel de la participación ciudadana, de la legitimidad de los ciudadanos electos y de la representación política. Además de esta relevancia de carácter general, el proceso eleccionario que tendrá lugar en Chile en abril próximo tiene varias otras connotaciones que lo hacen particularmente interesante. Por primera vez elegiremos democráticamente una autoridad, el gobernador regional, en cada una de las 16 regiones del país, y a 155 constituyentes que integrarán la Convención Constitucional que, de manera inédita, deberá considerar integración paritaria y representantes de nuestros pueblos originarios, y que tendrá por tarea definir un nuevo texto constitucional que nos cobijará y regirá como sociedad. A lo anterior se sumará la tradicional elección de autoridades de las 345 municipalidades de las 346 comunas del país, un alcalde en cada una y concejales, que dependiendo de la cantidad de electores de la comuna, pueden ser 6, 8 o 10, y que, en mi opinión, también presenta una gran singularidad esta vez, dada la creciente independencia de los candidatos respecto de los partidos y coaliciones políticas, lo que significa, en la práctica, que la mayoría de estas elecciones tendrá un interés más bien de nivel local.

Sin duda, existen muchos desafíos para la organización y celebración de estas elecciones, condicionadas en su realización por el contexto de la pandemia de covid-19 que nos afecta y especialmente por la nefasta realidad que nos encuentra al día de hoy con un 81% de las comunas en cuarentena total (fase 1) o de fin de semana (fase 2), lo que exige a los distintos órganos políticos y técnicos relacionados con el desarrollo de las elecciones, elaborar e implementar un conjunto de medidas tendientes a asegurar un proceso eleccionario que garantice tanto el derecho al sufragio como el derecho a la salud de los votantes, ambos especialmente relevantes en un Estado Constitucional de protección de derechos, como el que pregonamos.

Sin embargo, los desafíos no terminan allí, existen otros de la misma envergadura que el anterior y uno de ellos es la participación en el acto eleccionario. Para algunos analistas sería superior a la de las últimas elecciones del 2016, pues se incorporaría el voto de los jóvenes en cuanto a población impulsora y fraguante de la necesidad de una Nueva Constitución. Para otros, el aumento del número de votantes no sería tal, pues se restaría de la elección un buen número de la población de adultos mayores por el temor del contagio y por la desafección con la política en su sentido más clásico. Lo cierto es que un proceso como el que vive Chile debería contar con ciudadanos electos con una legitimidad expresada en las urnas que dé a la Convención Constitucional gobernabilidad suficiente para definir, adherir y respetar los acuerdos alcanzados en su seno.

En este sentido, la lucha por obtener los dos tercios por un lado y por alcanzar más de un tercio de la Convención Constitucional por el otro, está marcando la disputa electoral. En el ambiente de desagregación de la oferta electoral actual, resulta especialmente complejo para quien va tras los dos tercios, y no es posible, aunque resulte tentador, simplemente extrapolar las cifras del Apruebo como algunos hacen, pues todos los votantes no son fieles representantes de una voluntad real de cambio de las reglas del juego, muchos responden más bien al cálculo político de obtener el número suficiente de escaños para aprobar o bloquear las decisiones.

Creo que aún más difícil es aventurar resultados individuales, incluso de aquellos candidatos más reconocidos a nivel regional o nacional, dada la cantidad de ellos que rondan buscando votos en las más diversas redes y asociaciones comunitarias, gremiales y profesionales.

Como vemos, la participación, la legitimidad de los electos y de su representación política, presenta un alto grado de incertidumbre, quizá el más alto en nuestra historia. Hoy, más que nunca, necesitamos la participación y la colaboración de todas las fuerzas políticas, del gobierno y de la oposición, de las autoridades, candidatos y de la propia ciudadanía. Sin ello, los objetivos de este proceso eleccionario están condenados al fracaso.

Si es que la elección se realiza el próximo mes, debemos tener en cuenta que tal vez sea la única vez en nuestra historia que estaremos en una elección tan importante. Ojalá nuestra clase política y los ciudadanos estemos a la altura.

Maximiliano Duarte