¿Dos universidades públicas en la Región?
Por paulo gnecco, Médico de la uv
En la región, como bien sabemos, existen dos universidades públicas: la Universidad de Valparaíso y la Universidad de Playa Ancha. Como es de esperarse, ambas tienen misiones y visiones muy semejantes. Ambas tienen como tales casi la misma cantidad de años, puesto que adoptan sus actuales nombres en las reformas a la universidad pública nacional de los 80 (1981 UV, 1985 UPLA). Como también es sabido, sus unidades académicas son anteriores, siendo la más antigua la Escuela de Derecho UV, fundada en 1911. Quizás aprovechando que este 2021 se cumplió el aniversario 40 de la UV, resulta de mayor interés la reflexión sobre la necesidad de tener dos universidades públicas en la misma región. Valparaíso, que ha sido por tanto tiempo polo estudiantil y vanguardia en múltiples áreas del saber, ¿para qué divide esfuerzos en el sector educacional público? ¿La presencia de dos universidades públicas y no una, en lógica de parcial competencia (tienen áreas de desarrollo relativamente diferenciadas, pero con cierta sobreposición) no habla más de esfuerzos competitivos propios de una lógica de mercado en vez de sinergismo? La presencia de la UV y la UPLA, así como sucede en Iquique con la UNAP y la UTA, o como en Santiago con la USACH, la UTEM, el UMCE y la U de Chile, evidencian una educación superior pública donde cada actor funciona como una agencia independiente. Si el objetivo esencial de las universidades del estado es precisamente contribuir al desarrollo científico, técnico, político, cultural y económico de cada territorio en el que se insertan (y eso explica que estén en regiones donde la oferta privada tiende a cero, como Aysén, Atacama y Magallanes), deberían actuar como unidad administrativa mayor, como un sincicio en vez de operar bajo el esquema de ser empresas estatales diferentes.
Esto tendería a generar ciertas dificultades administrativas y, probablemente, reticencias especialmente de sus actuales funcionarios, pero al mismo tiempo permitiría a esa naciente institución adquirir más peso relativo aun en la constelación de la educación superior de Chile. De hecho, en términos aritméticos simples, esta institución, con más de 22.000 alumnos, sería la segunda universidad pública más grande del país, solo después de la U de Chile. Más allá de los números, la relativa dedicación a campos del saber distintos haría de la institución una con una oferta educacional completa y compleja, con ello mayor capacidad de desarrollar pregrado y posgrado y finalmente una situación de propiedad geográfica que facilitaría el impulso de investigación estratégica.
Soñar con esta universidad pública genuinamente de la región podría abrirse a resolver desafíos aún sin abordaje: en lo declarativo pasar a ser la Universidad de Valparaíso, Aconcagua y Rapa Nui se haría cargo de dar a la zona de Aconcagua una universidad pública nominativamente (en la práctica tanto la UV como la UPLA tienen sedes en dicho territorio desde hace varios años). Lo mismo pasaría con Rapa Nui, nuestra frontera occidental no solo como región, sino que como país, que por su situación de insularidad y aislamiento extremo ha pedido universidad pública propia (y qué sentido hace tener dependencias universitarias para el desarrollo de la investigación en ese especial territorio). En lo relativo a la justicia étnica, esta nueva universidad podría, tal como la UFRO en la Araucanía, ser también la institución con mecanismos de discriminación positiva para la admisión, becas de alimentación y alojamiento y, por cierto, educación de los descendientes de pueblos originarios que se distribuyen en los límites de nuestra geografía: picunches y rapanui.
Creo en el deber de la educación pública con la discusión pública y el devenir de la sociedad. Creo en el permanente flujo que debe haber entre las instituciones de educación pública y las comunidades y territorio que habitan, para generar no un conocimiento aséptico de contexto, sino aplicable y en función del mejor vivir de ellos (nosotros). Más allá de las limitaciones normativas que puedan haber para este camino, la invitación es a que pensemos en esta nueva década institucional que se inicia, cómo renovar de mejor manera el contrato social subyacente entre la región y su educación superior pública.