Campañas políticas de funcionarios públicos
Los especialistas advierten que la legislación vigente presenta aún espacios a prácticas que pueden ser cuestionables. La separación tajante entre función pública y campaña electoral exige que la actividad política busque estándares más altos en su propia regulación, para recuperar parte de la legitimidad y respetos perdidos ante la ciudadanía.
Cualquier ciudadano tiene tanto derecho a ser candidato a un cargo de representación popular, como a ejercer sus labores de funcionario público. Una clave para resolver esta disyuntiva, que surge de forma más notoria durante el periodo electoral, es el respeto irrestricto a los límites establecidos por la legislación, cuya interpretación ha planteado en más de una oportunidad la Contraloría General de la República. El tema surgió esta semana por el reclamo que hizo Jorge Parra, postulante a concejal por Viña del Mar, quien acusó directamente a dos candidatos de Evópoli de seguir percibiendo remuneraciones como funcionarios públicos en periodo de campaña. La defensa esgrimida por los emplazados -Militza Strelow y Pedro Guerrero- es que se apegan a la ley: lograron de sus jefes los permisos de vacaciones, feriados o días compensatorios necesarios para participar de sus campañas sin vulnerar la legislación. Otros candidatos fueron menos afortunados y tuvieron que renunciar a sus funciones en las reparticiones públicas que los tenían contratados o consiguieron permisos sin goce de sueldo por el periodo electoral. Sin embargo, varias voces de especialistas advierten que la transparencia de la función pública exige un estándar mayor al momento de vincularse con la actividad política y el mismo director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, alerta que la legislación es deficiente y presenta aún espacios de poca claridad que abren la puerta a malas prácticas. Subir la vara, estima el abogado experto en temas de probidad, requiere establecer una separación más tajante entre la función pública y la actividad proselitista. Su propuesta es que desde el nivel de jefe de Departamento hacia arriba, cualquier funcionario que quiera ser candidato debería renunciar o suspender sus funciones, tal como ocurre con intendentes, gobernadores y otros personeros del aparato estatal, quienes tienen incompatibilidad para ejercer la doble función. El coordinador electoral de RN -exconcejal por Viña del Mar-, Carlos Gómez, va más allá y admite que en esta elección existen circunstancias especiales que hacen razonable y conveniente, por sobre lo dispuesto en la ley, que los miembros del aparato estatal con interés en ser candidatos pidieran, al menos, permiso sin goce de sueldo. De las visiones expuestas surge una reflexión directa: hay espacio para perfeccionar los cuerpos legales y la actual ley electoral, no solo para evitar que un funcionario aproveche su posición en beneficio de su propia campaña, sino que para resguardar adecuadamente el uso de recursos públicos. Pero hay otra reflexión posible y apunta a que la actividad política debe buscar los estándares más altos en su propia regulación para recuperar parte del respeto y la legitimación que requiere de los ciudadanos. Sin ello, el camino futuro será pedregoso y quienes lo transiten no podrán vestirse con los mantos de la renovación mientras no abandonen prácticas que llevan al desprestigio.