Auna semana de la promulgación de la Ley de Migraciones y Extranjería, abundan las reacciones sobre el espíritu de la nueva normativa, sus enfoques, prioridades y vacíos, en un país donde viven 1,4 millones de migrantes -80 mil es la estimación para la Región de Valparaíso- y adonde la intención de ingresar no da señales de disminuir en el futuro.

Al suscribir el texto legal, en Iquique, el Presidente Sebastián Piñera sostuvo que su principal objetivo es "poner orden en nuestra casa a través de una política de migraciones ordenada, segura y regular, que permita la migración legal y combata la ilegal".

Agregó que ayudará a facilitar la protección de los derechos de los chilenos y de los migrantes legales, pero, puntualizó, "no queremos que ingresen a nuestro país el crimen organizado, el narcotráfico, el contrabando, el tráfico y trata de personas o aquellos que no respetan nuestras leyes".

La iniciativa, que se tramitó durante ocho años y también pasó por el Tribunal Constitucional a requerimiento de 41 diputados del Frente Amplio, Partido Socialista y Partido Comunista, establece los derechos y obligaciones de los migrantes que arriben a nuestro país, entre ellos que quienes tengan la intención de vivir en Chile pidan previamente visa en los consulados y tengan cédula de identidad desde el primer día, mientras quienes ingresaron por un paso habilitado antes del 18 de marzo de 2020 podrán acceder a un proceso de regularización digital que se va a informar.

Además, facilita las expulsiones administrativas por ingreso irregular al país -quienes lleguen como turistas no podrán cambiar su situación aquí- y crea el Servicio Nacional de Migraciones y sus direcciones regionales para homologar los trámites y tiempos de tramitación en todo el país, al centralizar el análisis, pero descentralizando la atención, orientación, inclusión y entrega de beneficios.

En cuanto al asilo político, el artículo 94 indica que se podrá conceder residencia "a los extranjeros que, en resguardo de su seguridad personal y en razón de las circunstancias políticas predominantes en su país de residencia, se vean forzados a recurrir ante alguna misión diplomática chilena o ingresen al territorio nacional solicitando asilo, aun en condición migratoria irregular". Si se concede asilo provisorio, éste tendrá una duración de noventa días renovables, mientras los ministerios del Interior y Relaciones Exteriores, previo informe del Servicio de Migraciones, califican los antecedentes y circunstancias para la resolución definitiva.

"la desesperación, la angustia y el miedo"

Al día siguiente de promulgada a ley, atendiendo a falsas informaciones que circularon en las redes sociales, cientos de extranjeros se aglomeraron a un costado de la Catedral de Santiago, con el objetivo de entregar solicitudes y regularizar su situación.

En una carta publicada en El Mercurio, el Arzobispo de Concepción, Fernando Chomali, escribió: "Los llevó la desesperación, la angustia, la falta de información y el miedo (…) Lo más doloroso de toda esta lamentable situación es que el proceso migratorio en Chile ha revelado de cuerpo entero una cadena de situaciones anómalas y la hipocresía que la sostiene. Espero que esta nueva ley repare en algo el dolor que ha acarreado, especialmente en estos últimos años, para miles de migrantes".

alrededor de 80 mil migrantes viven en la zona, de acuerdo a la estimación de la intendencia regional. de ellos, entre 20 mil y 30 mil personas se encontrarían en situación irregular.

Rosa Zamora Cabrera

rosa.zamora@mercuriovalpo.cl